Leoncio Castillo Avilés
Expediente 2322/2013 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2322/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 14/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Leoncio Castillo Avilés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de marzo de dos mil diecisiete. Toda vez que del estado que guardan los presentes autos se desprende que resulta innecesario seguir conservando las documentales allegadas por la parte quejosa al juicio en que se actúa, mismas que obran en un tomo de pruebas por separado, por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, devuélvansele previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Al respecto, se le informa que de conformidad con lo dispuesto por el punto décimo primero, tercer párrafo del Acuerdo General conjunto número 1/2009, si transcurrido el plazo de noventa días, no se presenta ante este órgano judicial, a recoger dichas constancias, éstas podrán ser destruidas junto con el expediente. Finalmente, agréguese también, la copia del oficio SEADS/108/2017, por medio del cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que el Pleno del citado órgano, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, determinó la adscripción de la suscrita, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; por tanto, atento a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase saber lo anterior a las partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese... a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe.
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERO INTERESADA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... se colige que la autoridad responsable, con independencia del sentido de la nueva resolución emitida, pues se le concedió plenitud de jurisdicción, acató en sus términos la sentencia de amparo; por lo que procede declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que se restituyó al solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulnerados, en términos del artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214 del mismo cuerpo normativo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Gírese oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto por una parte se sobreseyó el asunto, y por otra se concedió la protección federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el auto y resolución interlocutoria donde se concedió la medida cautelar, para lo cual, como se indicó deberá permanecer por separado en el archivo de este órgano, y agregarle copia autógrafa del presente auto. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto y el original del incidente de suspensión, a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda como corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercero interesa...
- Principal
Inconforme con el fallo constitucional, la parte tercero interesada interpuso recurso de revisión, al que mediante proveído de veintiocho de mayo de dos mil catorce, se le dio trámite (foja 199). Mediante oficio número 26339 de dieciséis de junio de dos mil quince, se remitieron los autos a la Superioridad, para la substanciación del recurso en mención (foja 373). Por diverso oficio 7745, la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, remitió el testimonio de la resolución dictada en el toca relativo al recurso de revisión número 276/2015 de su índice, así como los autos del juicio de amparo en que se actúa, del que se desprende que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. - - - SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a LEONCIO CASTILLO AVILÉS, en contra de los actos y las autoridades puntualizados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en la sentencia recurrida". Mediante acuerdo de ocho de septiembre pasado, se recibió el referido testimonio y se requirió a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo justificara haber dado cumplimiento al fallo protector (fojas 403 y 404). Por oficio 1720 la responsable anexó copia certificada de la resolución de veintidós de septiembre de dos mil quince, con la que informó y acreditó el cumplimiento dado a la ejecutoria (fojas 409 a 420); por acuerdo de treinta de septiembre último, quedaron los autos a la vista de la parte quejosa así como de la tercero interesada, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con ello (foja 422), quienes fueron debidamente notificadas, sin que hubieren hecho manifestación alguna. Ahora, el amparo concedido a Leoncio Castillo Avilés, fue para el efecto de que la autoridad responsable: a) Dejara insubsistente la orden de aprehensión de doce de julio de dos mil trece, dictada en la causa penal 169/2013 de su índice, y en su lugar; b) Con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva determinación, la cual podría ser en el mismo sentido o en uno diverso si así lo decide, pero si decidiera lo primero debería fundar y motivar de manera suficiente y adecuada su resolución, siguiendo los lineamientos precisados en la presente ejecutoria, en cuanto a los vicios formales de fundamentación y motivación que se destacaron en este fallo en torno al cuerpo del delito y la probable responsabilidad, esto es: c) Debería precisar de manera detallada cuál o cuáles son las pruebas que acreditan el cuerpo del delito de abuso de confianza, en cada uno de sus elementos, los indicios que advierta de tales probanzas, el precepto legal por el cual se les deba conceder valor probatorio, a cada uno de los medios probatorios y los razonamientos lógico -jurídicos en que se apoye, para determinar que se actualiza el ilícito que se le reprocha al quejoso. Por otra parte, d) En el estudio de la probable responsabilidad penal, debería reseñar el caudal probatorio que estime acreditan la participación o intervención del quejoso en la comisión del delito que se le imputa, además de indicar el dispositivo legal que asigne valor probatorio a dichas pruebas, el grado de participación que desplegó y el razonamiento jurídico que lo lleve a concluir la probable responsabilidad del impetrante. De las constancias que obran agregadas en autos, se desprende que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, dejó insubsistente la orden de aprehensión que se combatió en el presente asunto, en los autos de la causa penal 169/2013-II de su índice, y en su lugar pronunció una nueva resolución, donde en acatamiento a lo ordenado en el fallo amparador, con plenitud de jurisdicción, precisó de manera detallada las pruebas que acreditaron el cuerpo del delito de abuso de confianza, en cada uno de sus elementos, los indicios que advirtió de tales probanzas, el precepto legal por el cual les concedió valor probatorio, a cada uno de los medios probatorios y los razonamientos lógico -jurídicos en que se apoye, para determinar que se actualizó el ilícito que se le reprocha al quejoso. Por otra parte, en el estudio de la probable responsabilidad penal, reseño el caudal probatorio que estimó acredito la participación o intervención del quejoso en la comisión del delito que se le imputa, además de que indicó el dispositivo legal que asigna valor probatorio a dichas pruebas, el grado de participación que desplegó, considerando que fue el autor material de los hechos, y el razonamiento jurídico que lo lleve a concluir la probable responsabilidad del impetrante. En esas condiciones, se colige que la autoridad responsable, con independencia del sentido de la nueva resolución emitida, pues se le concedió plenitud de jurisdicción, acató en sus términos la sentencia de amparo; por lo que procede declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que se restituyó al solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulnerados, en términos del artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214 del mismo cuerpo normativo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Gírese oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto por una parte se sobreseyó el asunto, y por otra se concedió la protección federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el auto y resolución interlocutoria donde se concedió la medida cautelar, para lo cual, como se indicó deberá permanecer por separado en el archivo de este órgano, y agregarle copia autógrafa del presente auto. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto y el original del incidente de suspensión, a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda como corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercero interesa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Odín Edgardo Bonastre Díaz, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta de septiembre de dos mil quince. Visto; agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, el oficio 1720 signado por la Juez Interina del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, a través del cual informa y justifica el cumplimiento dado a la sentencia amparadora dictada en el presente juicio constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo de la Nueva Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de tres días, contados a partir de que les sea notificado el presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Se hace de su conocimiento que si están de acuerdo con el referido cumplimiento, deberán manifestarlo por escrito y ratificarlo en el acto de la presentación ante el personal actuante de este Juzgado Federal. Lo anterior, en el entendido que aun cuando las partes no desahoguen dicho requerimiento, esta autoridad federal se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio con base en las constancias que obran en autos. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa y personalmente a la parte tercero interesada. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Odín Edgardo Bonastre Díaz, Secretario quien autoriza y da fe.
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