Leonardo Velazquez Ortiz

Expediente 321/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
321/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Leonardo Velazquez Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que feneció el término de tres días otorgado a las autoridades, Yolanda Carolina Salcedo Pérez, Directora General de Recursos Humanos, así como a Laura Ángeles Gómez, Coordinadora General de Administración, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que realizaran lo siguiente: Haber solicitado el otorgamiento de la suficiencia presupuestal a favor del quejoso, por la cantidad de $***, ante el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, de las constancias que integran el juicio en que se actúa se observa que la autoridad directamente responsable, así como su superior jerárquico, no han dado cumplimiento a dicho requerimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 193 párrafo primero, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, únicamente se les impone a las personas físicas que ostentan los cargos de Directora General de Recursos Humanos (Yolanda Carolina Salcedo Pérez), así como de Coordinadora General de Administración (Laura Ángeles Gómez), ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, UNA MULTA DE CIEN veces la unidad de medida actualizada vigente en la Ciudad de México. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento de tales autoridades, que cuentan con el plazo razonable de tres días, para que demuestren haber cumplido con la ejecutoria en los términos precisados. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia número P./J.54/2014 (10 a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Tomo I, Noviembre 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Asimismo, resulta aplicable lo dispuesto en la jurisprudencia número 1a./J. 108/2022 (11a.), emitida por el Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo III, página 2495, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO. Hechos: En un juicio de amparo una autoridad de la Ciudad de México fue requerida en reiteradas ocasiones como superior jerárquica, tanto de la responsable como de la vinculada al cumplimiento; la cual se concretó a informar reiteradamente al Juzgado de Distrito que les envió un oficio a sus subalternos para insistirles en que cumplieran con la ejecutoria de amparo. Criterio jurídico: No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, la persona juzgadora de amparo debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que es acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Justificación: Del régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, destaca lo previsto en el segundo párrafo del artículo 194 de la indicada ley, relativo a que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. En consecuencia, su actuar debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos. Por lo que transcurrido dicho término, se abrirá el incidente de inejecución de sentencia, que establecen los artículos 193, primer párrafo, en relación con el diverso 196, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, se agrega para que obre como corresponda la copia de conocimiento del oficio signado por el Subdirector de la Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, toda vez que de la simple apreciación del oficio de cuenta se advierte que la firma del signante aparece en copia fotostática simple, por consiguiente, se estima que el mismo no reviste valor alguno, ya que la firma autógrafa constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Es aplicable, la tesis VI.2o.115 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Novena Época, página 790, cuyo rubro precisa: "FIRMA FACSIMILAR. EL DOCUMENTO EN QUE SE CONTIENE CARECE DE VALIDEZ." Finalmente, se tienen por recibidos los oficios de cuenta, signados por la Subdirectora de Amparos Administrativos en suplencia de la Coordinadora General de Administración; y, por el delegado de la Directora General de Recursos Humanos, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales, informan las gestiones que se encuentran realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de mérito para que obren como correspondan; tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a catorce de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito signado de manera electrónica por Gustavo Adolfo Sánchez Blancas, autorizado de la parte quejosa Profesionales en Edificación Ligera, sociedad anónima de capital variable, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de seis de marzo del año en curso, por el cual se dejó de tener como autoridad responsable a la señalada por la parte quejosa como Comité de Normatividad, Comité de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 100 y 101, de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de mérito; dese vista a las partes, para que en el término de TRES DÍAS contado a partir del día siguiente de la notificación, señalen qué constancias deben remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, para la substanciación del recurso de queja, anexando por archivo separado el original del escrito de expresión de agravios, a fin de que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Ahora bien, tal como lo establece el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; que a la letra refiere: "En los casos de la interposición de recursos, los órganos jurisdiccionales del PJF pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF"; hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Tribunal Colegiado que por turno le corresponda conocer del recurso que se remite, se encuentre en aptitud de consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, en el entendido que en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, requiera las constancias físicas que integran el presente asunto, una vez que lo haga del conocimiento le serán remitidos de inmediato los autos originales. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa

  3. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presente autos, se advierte que mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós, el Secretario de Acuerdos adscrito a la Ponencia Catorce de la Quinta Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en cumplimiento al requerimiento ordenado en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, remitió copia certificadas de las constancias de los documentos relativos al informe de servicio y comprobante de servicios de la vida laboral de donde laboró el quejoso. Precisado lo anterior y toda vez que la sentencia de amparo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictada por ese Juzgado, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los efectos siguientes: Ahora bien, toda vez que mediante proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por la Directora de Prestaciones y Bienestar Social, por el cual solicitó diversa documentación con el objeto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, situación que en especie ya aconteció; en consecuencia, se REQUIERE a Paola Gissel Laborde Bernal, en su calidad de Directora de Prestaciones y Bienestar Social, y Héctor Villanueva Martínez, como Subdirector Jurídico Normativo, ambos de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, para que, en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, esto es: Emitir un nuevo dictamen de pensión por jubilación debidamente fundado y motivado, en el cual, siguiendo los lineamientos expuestos en los artículos 18, 119, 20, 56, 57 y 58 del Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, precisen en cuál de los supuestos previstos en el artículo 54 referido, se ubicada el actor y señalen todos y cada uno de los conceptos que fueron considerados para calcular la pensión por jubilación que le fue otorgada. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2º, REQUIÉRASE a Iván de Jesús Olmos Cansino, en su calidad de Director General de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades directamente responsables, los conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Apercibidas las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo otorgado sin causa justificada, SE IMPONDRÁ UNA MULTA por cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y SERÁ APERTURADO EL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA RESPECTIVO. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano