Leonardo Velázquez Merino

Expediente 50/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
50/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
17/01/2019

Partes del expediente

  • Leonardo Velázquez Merino
  • Secretaría de Infraestructura, Movilidad Y Transporte del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 59 a 62), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...." Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documento(s). No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubican en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    ? Se cumple requerimiento: Agréguese a los autos el oficio signado por la Directora Contenciosa de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, mediante el cual remite la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado; en consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento formulado y se dejan sin efectos los apercibimientos decretados. ? Sobreseimiento fuera de audiencia. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables los siguientes actos: 1. La omisión de tramitar la solicitud de cesión de derechos de respecto de la concesión 6019 para prestar el Servicio Público de Transporte. 2. La omisión de remitir a la Secretaría de Finanzas y Administración, la autorización de trámite para efectuar el pago de derechos correspondiente; y, 3. La omisión de recibir la documentación para continuar con el trámite correspondiente, así como sus efectos y consecuencias.  Cesación de efectos respecto de los actos reclamados. Respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que disponen lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto y la fracción citados prevén que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; sin embargo, esta causal no puede tener un alcance irrestricto cuando se trate de un juicio de amparo directo relacionado con otro, por impugnarse en ambos una misma sentencia y, en uno de ellos, se otorga la protección constitucional; es decir, es inadmisible una interpretación extensiva que lleve a sobreseer cuando en un juicio se deje insubsistente la sentencia reclamada, sin distinguir la causa de invalidez -por vicios de fondo, procesales o de forma-, pues debe partirse de la premisa de que la insubsistencia formal de la resolución o el acto impugnado no deja sin materia a un medio de control constitucional, ya que ello no implica necesariamente la supresión de todas las condiciones estimadas como violatorias de derechos humanos. Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el ejercicio de escrutinio constitucional hecho sobre el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis aislada 1a. CCXLII/2013 (10a.)(*), que establecía idéntica causal de improcedencia. De ahí que, como en su momento se concluyó respecto de la ley abrogada, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, no viola los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, si se interpreta de conformidad con su ámbito protector, esto es, debe estimarse que no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado cuando formalmente se deja insubsistente la sentencia reclamada al concederse el amparo en el juicio relacionado y la parte quejosa plantea violaciones cuyo estudio es técnicamente posible, pues con base en el principio de concentración contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, constitucional, y el derecho humano de tutela judicial efectiva, que exige proveer un medio idóneo y eficaz para lograr el estudio de violación de derechos humanos, debe maximizarse el derecho a la administración de justicia pronta y completa. Por tanto, debe ser la viabilidad técnica de estudio de la materia del amparo directo relacionado, el criterio rector que ha de determinar cuándo se actualiza la causal de improcedencia referida." Ahora, en el caso que nos ocupa, se recuerda que la parte quejosa reclamó la omisión de tramitar la solicitud de cesión de derechos respecto de la concesión 6019 para prestar el Servicio Público de Transporte, así como sus efectos y consecuencias que se traduciría en la no expedición del título de concesión relativo. Ahora, la Directora Jurídica Contenciosa de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado de Puebla, a través del oficio de cuenta remitió las siguientes documentales: a) Comparecencia del cinco de septiembre de dos mil dieciocho; b) Título de concesión 6019, a nombre del quejoso ***; c) Tarjetón de concesión entregado al quejoso el trece del mes y año en curso; y, d) Tarjeta de circulación vehicular entregada al quejoso en la fecha antes indicada. Dichas pruebas documentales gozan de pleno valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De las probanzas antes reseñadas se advierte que las omisiones reclamadas a las autoridades responsables han cesado en sus efectos, pues si bien al momento de la presentación de la demandada (siete de noviembre de dos mil dieciocho), no se había satisfecho la pretensión del quejoso, lo cierto es que el trece de diciembre de este año, le fue entregado el título de concesión y el tarjetón correspondiente con lo que se acredita que le asiste la calidad de titular de la concesión 6019. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 82 de la Ley de Transportes del Estado de Puebla, prevé que una vez satisfechos los requisitos exigidos por dicho ordenamiento así como de las leyes fiscales aplicables, el vehículo se inscribirá el vehículo en el Registro de Concesiones y Permisos del Servicio de Transporte Público y del Servicio Mercantil, asimismo, se procederá a la entrega del juego de placas, tarjeta de circulación, tarjetón de concesión y demás documentos correspondientes, lo que en el caso ya sucedió. El referido artículo establece lo siguiente: "ARTICULO 82.- Satisfechos los requisitos exigidos a que se refiere esta Ley y las leyes fiscales aplicables, se inscribirá el vehículo en el Registro de Concesiones y Permisos del Servicio de Transporte Público y del Servicio Mercantil de la Secretaría, y se procederá a la entrega del juego de placas, de la tarjeta de circulación, de las calcomanías, del tarjetón de concesión o del tarjetón de permiso según sea el caso, y de los demás documentos correspondientes." En consecuencia, los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. De ahí que al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos reclamados sintetizados en párrafos anteriores. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas del veintiséis de diciembre del dos mil dieciocho; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 17 DE DICIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): ACUERDO DE 17 DE DICIEMBRE DE 2018 "San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Se cumple requerimiento: Agréguese a los autos el oficio signado por la Directora Contenciosa de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, mediante el cual remite la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado; en consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento formulado y se dejan sin efectos los apercibimientos decretados. ? Sobreseimiento fuera de audiencia. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables los siguientes actos: 1. La omisión de tramitar la solicitud de cesión de derechos de respecto de la concesión 6019 para prestar el Servicio Público de Transporte. 2. La omisión de remitir a la Secretaría de Finanzas y Administración, la autorización de trámite para efectuar el pago de derechos correspondiente; y, 3. La omisión de recibir la documentación para continuar con el trámite correspondiente, así como sus efectos y consecuencias.  Cesación de efectos respecto de los actos reclamados. Respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que disponen lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto y la fracción citados prevén que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; sin embargo, esta causal no puede tener un alcance irrestricto cuando se trate de un juicio de amparo directo relacionado con otro, por impugnarse en ambos una misma sentencia y, en uno de ellos, se otorga la protección constitucional; es decir, es inadmisible una interpretación extensiva que lleve a sobreseer cuando en un juicio se deje insubsistente la sentencia reclamada, sin distinguir la causa de invalidez -por vicios de fondo, procesales o de forma-, pues debe partirse de la premisa de que la insubsistencia formal de la resolución o el acto impugnado no deja sin materia a un medio de control constitucional, ya que ello no implica necesariamente la supresión de todas las condiciones estimadas como violatorias de derechos humanos. Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el ejercicio de escrutinio constitucional hecho sobre el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis aislada 1a. CCXLII/2013 (10a.)(*), que establecía idéntica causal de improcedencia. De ahí que, como en su momento se concluyó respecto de la ley abrogada, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, no viola los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, si se interpreta de conformidad con su ámbito protector, esto es, debe estimarse que no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado cuando formalmente se deja insubsistente la sentencia reclamada al concederse el amparo en el juicio relacionado y la parte quejosa plantea violaciones cuyo estudio es técnicamente posible, pues con base en el principio de concentración contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, constitucional, y el derecho humano de tutela judicial efectiva, que exige proveer un medio idóneo y eficaz para lograr el estudio de violación de derechos humanos, debe maximizarse el derecho a la administración de justicia pronta y completa. Por tanto, debe ser la viabilidad técnica de estudio de la materia del amparo directo relacionado, el criterio rector que ha de determinar cuándo se actualiza la causal de improcedencia referida." Ahora, en el caso que nos ocupa, se recuerda que la parte quejosa reclamó la omisión de tramitar la solicitud de cesión de derechos respecto de la concesión 6019 para prestar el Servicio Público de Transporte, así como sus efectos y consecuencias que se traduciría en la no expedición del título de concesión relativo. Ahora, la Directora Jurídica Contenciosa de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado de Puebla, a través del oficio de cuenta remitió las siguientes documentales: a) Comparecencia del cinco de septiembre de dos mil dieciocho; b) Título de concesión 6019, a nombre del quejoso ***; c) Tarjetón de concesión entregado al quejoso el trece del mes y año en curso; y, d) Tarjeta de circulación vehicular entregada al quejoso en la fecha antes indicada. Dichas pruebas documentales gozan de pleno valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De las probanzas antes reseñadas se advierte que las omisiones reclamadas a las autoridades responsables han cesado en sus efectos, pues si bien al momento de la presentación de la demandada (siete de noviembre de dos mil dieciocho), no se había satisfecho la pretensión del quejoso, lo cierto es que el trece de diciembre de este año, le fue entregado el título de concesión y el tarjetón correspondiente con lo que se acredita que le asiste la calidad de titular de la concesión 6019. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 82 de la Ley de Transportes del Estado de Puebla, prevé que una vez satisfechos los requisitos exigidos por dicho ordenamiento así como de las leyes fiscales aplicables, el vehículo se inscribirá el vehículo en el Registro de Concesiones y Permisos del Servicio de Transporte Público y del Servicio Mercantil, asimismo, se procederá a la entrega del juego de placas, tarjeta de circulación, tarjetón de concesión y demás documentos correspondientes, lo que en el caso ya sucedió. El referido artículo establece lo siguiente: "ARTICULO 82.- Satisfechos los requisitos exigidos a que se refiere esta Ley y las leyes fiscales aplicables, se inscribirá el vehículo en el Registro de Concesiones y Permisos del Servicio de Transporte Público y del Servicio Mercantil de la Secretaría, y se procederá a la entrega del juego de placas, de la tarjeta de circulación, de las calcomanías, del tarjetón de concesión o del tarjetón de permiso según sea el caso, y de los demás documentos correspondientes." En consecuencia, los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. De ahí que al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos reclamados sintetizados en párrafos anteriores. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas del veintiséis de diciembre del dos mil dieciocho; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. ...".

  4. Principal

    Agréguense a los autos los oficios signados por el Director de Administración de Concesiones y Permisos y la Jefa de Departamento de Concesiones y Permisos, ambos de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados de las autoridades oficiantes. Por otra parte, se les tiene designando delegados y señalando domicilio, de conformidad con lo dispuesto en los diversos 9 y 26, fracción II, de la ley de la materia. Con el contenido de los informes de cuenta dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Aclare su informe justificado. Ahora bien, de los informes rendidos por las autoridades en comento, se advierte que niegan el acto reclamado ".en virtud de que el suscrito no ha sido omiso en continuar con el trámite de la solicitud que menciona, toda vez que no se ha recibido la misma.". Sin embargo, la parte quejosa anexó copia certificada del Formato Único de Transmisión de Derechos, de cuyo contenido se advierte el sello de recepción del Departamento de Concesiones y Permisos de la mencionada Secretaría, de fecha cinco de septiembre de esta anualidad lo que, contrario a lo que afirman las autoridades responsables, se pone de manifiesto la existencia del trámite de cesión de derechos relativa a la concesión 6019. En tales condiciones, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de recepción del oficio donde se transcribe el presente acuerdo, aclaren sus informes justificados y manifiesten si el quejoso solicitó ante dicha dependencia la autorización de cesión de derechos de la concesión 6019 y, de ser así, deberán remitir la totalidad de las constancias que hayan generado el acto reclamado; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con la fracción I, del artículo 59, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Diferimiento audiencia constitucional. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, aún no transcurre el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, concedido a las partes para desahogar la vista con el informe justificado recibido mediante acuerdo de cinco de los actuales. En tal sentido, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." En consecuencia, se fijan para su celebración las DIEZ HORAS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano