Leonardo Vasquez Tellez
Expediente 661/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Leonardo Vasquez Tellez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo hubieran hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; asimismo, una vez que se cumplan tres años de haberse dictado el acuerdo de archivo, deberá destruirse con posterioridad al DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO. En relación a los cuadernos incidentales, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a), del precitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá a la DEPURACION del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en comento, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficios a las autoridades responsables.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Téngase por rendido el informe justificado del Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en representación la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y de la Dirección General de Administración de esa Secretaría, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. Asimismo, no se tiene a la autoridad Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, rindiendo su informe justificado, toda vez que no fue señalada como autoridad responsable en el presente juicio de amparo, dado que los quejosos señalaron como autoridad responsable a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Por otro lado, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de las responsables las constancias que anexan a su ocurso de cuenta. De igual modo, como lo solicitan las responsables téngase como domicilio y delegados, a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por los numerales 9, párrafo primero, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, respecto a la solicitud de acceso al expediente electrónico, toda vez que proporciona los usuarios: ksalgado1969, fergpalet2020, hpacheco1995 y wenosma; en consecuencia, se instruye al Oficial Judicial A, para que realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de los usuarios referidos a fin de que las autoridades responsables estén en aptitud de acceder al expediente electrónico. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la demanda de amparo, donde se advierte que el acto que se reclama por esta vía es: "LOS DESCUENTOS ILEGALES APLICADOS A NUESTROS SALARIOS EL 30 DE MAYO DE ESTE AÑO Y LOS POSTERIORES DESCUENTOS POR CONCEPTO DE PAGOS A FINANCIERAS CON LAS QUE NOSOTROS NO HEMOS CELEBRADO NINGÚN CONTRATO Y POR LO TANTO, DESCONOCEMOS DICHOS DESCUENTOS." Ahora, las autoridades responsables Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y de la Dirección General de Administración de esa Secretaría, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los descuentos reclamados, lo que se corrobora con las constancias que fueron remitidas a este juzgado en copia certificada, documentales que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2º de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que contempla lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En principio, es necesario precisar que de la interpretación en conjunto de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución. Sirve de apoyo, la tesis aislada P. XXVII/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, febrero de mil novecientos noventa y siete, Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 199459: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Aunado a lo anterior, cabe precisar que, el Máximo Tribunal del País ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil ochenta y nueve, septiembre de dos mil once, Tomo XXXIV, del Semanario Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 161133: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." En ese contexto, el juicio de amparo, es improcedente contra actos de particulares, o contra actos que aun siendo emitidos por una autoridad, no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Expuesta la anterior premisa legal, en el caso, la parte quejosa Leonardo Vásquez Téllez, reclama de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, los descuentos y/o retenciones identificados con los conceptos "147 CONSUPAGO S.A. DE C.V" y "246 PUBLISEG SAPI DE C.V. SOFON", realizados a su pago de nómina correspondiente a la quincena número diez, relativo al mes de mayo de dos mil veintidós. Ahora, la autoridad Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en representación la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y de la Dirección General de Administración de esa Secretaría, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado señalaron que los descuentos reclamados en esta instancia constitucional, se encuentran amparados por mandatos irrevocables de autorización de pago a favor de terceros, a través de los cuales, la parte quejosa solicitó que le fueran realizados descuentos y retenciones a su salario para hacer los pagos a las personas morales denominadas PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., y CONSUPAGO, por lo que dichos descuentos y retenciones han sido autorizados en cumplimiento de un contrato celebrado entre Leonardo Vásquez Téllez y las personas morales referidas. En ese sentido, de una lectura integral a los documentos que refieren las autoridades responsables, se advierten dos mandatos irrevocables de autorización para pago a tercero, con las siguientes peculiaridades: 1) El primero de ellos de fecha veintisiete de mayo de dos mil veinte, firmado por el quejoso Leonardo Vásquez Téllez, en su carácter de mandante en donde, de conformidad con el artículo 98 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, y en atención a la relación de trabajo que tiene con el Gobierno del Estado de Veracruz, solicitó la realización de descuentos y retenciones correspondientes a su salario, así como los pagos detallados de la siguiente manera: a) del salario percibido por los servicios prestados a la Secretaría de Seguridad Pública, un descuento de manera quincenal, en forma consecutiva e ininterrumpida por un total de cuarenta y ocho descuentos por la cantidad de dos mil ocho cientos cuarenta y nueve pesos, hasta que sea cubierto el saldo insoluto del crédito derivado de Crédito simple, que en su favor otorgó la empresa PUBLISEG, SAPI DE CV SOFOM ENR, el cual asciende a la cantidad de ciento treinta y seis mil setecientos cincuenta y dos pesos; 2) El segundo de ellos con número de registro: 13413-140-028602/01-06639-1217, por medio del cual se otorga mandato irrevocable al Gobierno del Estado de Veracruz y/o SEFIPLAN, para que a través del departamento de Recursos Humanos o la que dicha dependencia designe, a fin de que haga entrega a la empresa CONSUPAGO SA DE CV SOFOM ER, con cargo a nómina, la cantidad de veintinueve mil cuatrocientos veinte pesos 64/100 m.n., a través de cuarenta y ocho pagos quincenales en pago del efectivo que recibió en ese momento por el financiamiento que le otorgó dicha empresa, en la que se conforma y autoriza para que se efectúen las retenciones respectivas para ser entregadas directamente a dicha persona moral. En ese tenor, es claro que, en la especie, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Humanos adscritos a dicha Secretaría, con sede en esta ciudad, no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo, y por ello, los descuentos reclamados no son combatibles a través del juicio constitucional, sino que se está en presencia de reclamos que tienen que ver con la relación que existe entre el aquí quejoso como trabajador, en su carácter de Policía de Comandancia de la Dirección de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y las señaladas como responsables en su carácter de ente que se encarga del pago de su nómina. De modo que, la dependencia que fue señalada como responsable, sólo actúa en función del pago de nómina, y por ello se encuentra en un plano de igualdad con la parte quejosa, sin la posibilidad de actuar con imperio, al tratarse de una relación de coordinación y entrar en el ámbito del derecho laboral. Además, de las documéntales que remitió la autoridad responsable junto con su informe justificado, se advierte que el ahora quejoso realizó trato comercial con las entidades financieras denominadas PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., y CONSUPAGO SA DE CV SOFOM E.R., acordando que las amortizaciones generadas con motivo de esos créditos, se harían a través de descuentos de manera quincenal en su nómina, como se observa del recibo que obra agregado en autos y que corresponde al pago de la quincena diez relativa al mes de mayo, efectuada al aquí quejoso. Por ello, debe decirse que la Secretaría de Finanzas y Planeación no actuó en forma unilateral y por vía de consecuencia y no ejecutó actos de imperio, pues no impuso su decisión al margen de la voluntad de la parte quejosa, lo que excluye la unilateralidad del acto, característica primordial del acto de autoridad materia del juicio de amparo. Tampoco se advierte que el actuar de la autoridad señalada como responsable sea coercitiva, en la medida que no se utiliza la infraestructura del Estado para someter la voluntad del trabajador quejoso a través de medios represivos o inhibitorios, para que se cumpla la decisión. Máxime que de los medios de prueba que anexó a su escrito de demanda se advierte que el quejoso adjuntó la documental consistente en copia de escrito de nueve de junio de la presente anualidad, dirigido al Director General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sello de recibido de diez de junio de dos mil veintidós, firmado por el quejoso, a través del cual solicitó que no le fueran aplicados los descuentos vía nómina por diversas financieras y de donde se lee que el quejoso adujo que las financieras a que se ha hecho referencia incumplieron con los convenios realizados, debido a que: ".en la cláusula cuarta la Secretaría manifiesta que las cantidades que retenga del salario de los trabajadores no son de su propiedad por lo que en caso que CONSUPAGO no reciba las cantidades retenidas por la Secretaría en los términos establecidos en el convenio, dará derecho a aquellas a ejercer las acciones legales que le correspondan, y es en ese contexto en que los suscritos deslindamos de cualquier responsabilidad, asumiendo todas las consecuencias legales que se deriven de no realizar los descuentos a favor de esta financiera y cualquier otra." Bajo tales supuestos, los descuentos realizados, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por más que repercutan en el salario del solicitante de la protección constitucional, pues carecen del atributo de unilateralidad y coercitividad; de ahí que, al no estar ante actos de autoridad para efectos del amparo, es que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada. Sin que la causa de improcedencia analizada inmiscuya aspectos de fondo de la problemática constitucional planteada, pues no se aborda la legalidad de la instrucción dada por la parte quejosa para la realización de los descuentos cuestionados; aspecto que además no es controvertido por el peticionario del amparo, en esta instancia constitucional. En efecto, al tratarse de actos realizados por sujetos situados en un plano de coordinación dado que deriva de un acuerdo de voluntades, es una circunstancia que no puede remediarse a través del juicio de amparo, pues aun cuando el descuento pueda calificarse de unilateral, arbitrario o ilegal, no constituye un acto de autoridad, al estar ausente el elemento fundamental que caracteriza a éstos y que sitúa al afectado en un plano de subordinación. Sin que dicho razonamiento implique dejar en estado de indefensión al quejoso, porque tiene a su alcance los tribunales del orden común en la vía correspondiente, labora, civil o mercantil, dependiendo de la naturaleza del contrato de origen, a fin de poder solucionar la cuestión relativa al descuento en su pago de nómina. Es decir, está en condiciones de acudir a los tribunales del orden común para dirimir el conflicto relativo al descuento, en donde podrá solicitar a las empresas con quienes contrajo los créditos o las deudas, reestructurar o renegociar los pagos, lo cual podrá hacerlo a través de un convenio o reclamar la nulidad del contrato de crédito que estipula un porcentaje o descuento al salario; y una vez resuelto por el Tribunal común del Estado, en su caso, atacarlo a través del juicio de amparo respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón la tesis aislada I.8o.C.74 C (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital: 2020618, Décima Época, publicada en el Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, página 1807, del Semanario Judicial de la Federación que establece: "ACTO DE AUTORIDAD. NO TIENE ESTE CARÁCTER LA NEGATIVA DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA A REESTRUCTURAR O RENEGOCIAR UN CRÉDITO. La negativa de uno de los contratantes (acreedor), en el caso una institución bancaria, a aceptar la propuesta del deudor de reestructurar o renegociar la deuda, por más que pueda dicha negativa calificarse de unilateral, arbitraria o ilegal, no constituye un acto de autoridad, al estar ausente el elemento fundamental que caracteriza a éstos y que sitúa al afectado en un plano de subordinación. En efecto, la violación de derechos entre sujetos situados en un plano de coordinación, como sucede tratándose de las partes en un contrato, no puede ser remediada a través del juicio de amparo, que ha sido instituido para proteger a los particulares de los actos de las autoridades, y excepcionalmente para proteger contra los actos de los particulares que por mandato legal actúen como si fuesen autoridades; una violación de esa clase, ya sea al contrato o a las normas que lo regulen, debe, en su caso, ser enmendada por los tribunales del orden común, en la vía que las leyes contemplen para solucionar el conflicto; de ahí que el juicio constitucional resulte improcedente." Además, si se tiene en cuenta que los multicitados descuentos no revisten el carácter de una determinación adoptada por sí y ante sí, por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, que llevara a cabo unilateralmente, sin la participación de la voluntad del afectado, sino, como se anticipó, es derivado de una obligación que ésta misma asumió frente a terceros, a nombre y por los cuales aquéllas efectuaron las referidas disminuciones salariales, cuestión que pone de manifiesto que los descuentos reclamados no se traducen en una decisión autoritaria, sino que son resultado de la autorización que concedió a las empresas financieras PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., y CONSUPAGO SA DE CV SOFOM ER, por lo que se insiste, los descuentos reclamados no son actos de autoridad, sino que se trata de gestiones o diligencias realizadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, únicamente en su calidad de patrón. De ahí que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con la fracción II, del diverso artículo 5º, de la Ley de Amparo, esta última fracción aplicada contrario sensu y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". No está por demás señalar que este órgano jurisdiccional adoptó el mismo criterio en un diverso juicio de amparo 478/2021, en el que se analizó un supuesto similar al del presente juicio de amparo, el cual fue recurrido por la parte quejosa, tocando conocer del recurso de revisión al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, quien lo radicó con el número de amparo en revisión 6/2022, y por resolución de nueve de junio de dos mil veintidós, confirmó el sobreseimiento fuera de audiencia. De igual forma, no es óbice a la anterior determinación, que la parte quejosa en su demanda de amparo haya invocado las jurisprudencias 2a./J. 102/2012 (10a.) y 2a./J. 42/2014 (10a.), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubros siguientes: "SALARIO. EL DERECHO A RECLAMAR SU PAGO ÍNTEGRO SE GENERA DE MOMENTO A MOMENTO MIENTRAS SUBSISTA LA DISMINUCIÓN ALEGADA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SAN LUIS POTOSÍ Y BAJA CALIFORNIA). "SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE EXCEDENTE." Las que invoca con la finalidad de robustecer la procedencia del juicio de amparo respecto del acto que reclama. Sin embargo, el primer criterio antes señalado no resulta aplicable al presente juicio, toda vez que la jurisprudencia invocada dispone la posibilidad que tiene el trabajador de reclamar el pago de su salario íntegro, en cuestiones relativas a cuando la autoridad que le cubre su sueldo, disminuye o anula una o más de las prestaciones que percibe con motivo de los servicios que presta; sin embargo, en esos casos, quienes se sientan afectados por actos de tal naturaleza, tienen a su alcance los tribunales del orden común en la vía correspondiente, laboral o administrativa, dependiendo de la naturaleza del contrato de origen, a fin de poder solucionar la cuestión relativa a los disminuciones en sus prestaciones o la desaparición de algún concepto de sus prestaciones y la consecuente omisión del pago de la misma. Es decir, los afectados están en condiciones de acudir a los tribunales del orden común para dirimir el conflicto relativo a las disminuciones en sus sueldos con que se les afecta, lo que no sucede en el caso de que se trata, porque la autoridad que se señala como responsable no disminuye o desaparece prestación alguna, sino que realiza descuentos respecto de obligaciones que fueron contraídas por los solicitantes de amparo con empresas particulares, en donde se autorizó a la responsable a realizar los descuentos correspondientes para realizar el pago de los beneficios que fueron obtenidos, por lo que, en todo caso los solicitantes de amparo tienen expedito su derecho para ejercitar la vía legal que corresponda a fin de solicitar a las empresas con quienes contrajeron el crédito o la deuda, reestructurar o renegociar los pagos, lo cual podrá hacerlo a través de un convenio o reclamar la nulidad del contrato de crédito que estipula un porcentaje o descuento al salario, lo que deberá ser resuelto por el Tribunal común del Estado. En relación al segundo criterio emitido por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, el suscrito considera que tampoco tiene aplicación al presente juicio, ya que en dicha jurisprudencia se determinó que las autoridades jurisdiccionales pueden ordenar el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter, civil o mercantil contraídas por el trabajador respecto del treinta por ciento de dicho excedente; sin embargo, en el juicio en que se actúa no se reclama la existencia de embargo alguno, ni que se hubiese determinado por alguna autoridad jurisdiccional, sino que el reclamo del promovente se hace consistir en los descuentos realizados al quejoso con motivo de los créditos contraídos con las financieras CONSUPAGO S.A. DE C.V. SOFOM E.R. y PUBLISEG S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. y no por embargos ordenados y ejecutados por autoridades jurisdiccionales, de ahí que, contrario a lo señalado por el quejoso, dicho criterio no puede ser aplicado al juicio en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.32/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. El artículo 221 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Así, cuando el quejoso transcribe en su demanda de amparo una tesis de jurisprudencia, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste debe verificar su existencia y determinar si es aplicable, supuesto en el cual, ha de resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o de algún precedente que no le resulte obligatorio, precisar si se acoge al criterio referido o externar las razones por las cuales se separa de él, independientemente de que el quejoso hubiere razonado su aplicabilidad al caso concreto; de modo que no puede declararse inoperante un concepto de violación ante la falta de justificación de los motivos por los cuales el quejoso considera que la tesis de jurisprudencia, aislada o precedente es aplicable." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. De igual manera, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que no se haya ordenado el emplazamiento de a quien le pudo haber asistido el carácter de terceras interesadas Financiera CONSUPAGO S.A. DE C.V., y Financiera PUBLISEG SAPI DE C.V. SOFON ENR, ya que si bien es cierto que en el juicio de amparo deben ser oídas las todas las partes y, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, los terceros interesados tienen derecho a ser oídos en el juicio de amparo con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, es notorio que, en el particular, al sobreseerse el juicio en que se actúa, consecuentemente, se causa un beneficio al tercero interesado; por tanto, resulta superfluo llamarlo a juicio, pues tal acontecimiento únicamente dilataría la impartición de justicia. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1ª/J.36/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor literal: "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. CASOS EN QUE LA OMISIÓN DE EMPLAZARLO COMO TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL JUICIO QUE DA LUGAR A ORDENAR SU REPOSICIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 114/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 550, determinó que la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo indirecto con el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado afecte en los hechos a la reparación del daño, aunque no se refiera directamente a ella, con lo cual transfirió a los órganos aplicadores de la misma, la obligación de determinar en cada caso concreto si el acto reclamado actualiza el supuesto que legitima a la víctima u ofendido del delito para intervenir en el juicio de garantías con el carácter de mérito. De ahí que si el tribunal revisor al analizar el caso concreto sujeto a su estudio, advierte que la víctima u ofendido del delito que tiene el carácter de tercero perjudicado -al satisfacer la condicionante prevista en la jurisprudencia de referencia- no concurrió al juicio de garantías por no habérsele reconocido legalmente dicho carácter ni haber sido emplazado a él, procede que, por regla general, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, revoque la resolución recurrida y ordene reponer el procedimiento a efecto de subsanar esa irregularidad, dada la posibilidad de que pudiera emitirse un fallo que le resultara perjudicial sin haberle dado previamente la oportunidad de ser escuchado en el juicio. No obstante, esta regla no puede considerarse absoluta e irrestricta, pues en los casos en los que se advierta notoriamente que la sentencia que dicte el órgano revisor le será favorable, no procede reponer el procedimiento al no beneficiarle y, por el contrario, pudiendo incluso irrogarle perjuicio, al menos en lo relativo al tiempo que transcurre hasta en tanto se dicte una nueva resolución." (lo subrayado es propio.) Notifíquese vía electrónica al quejoso, por oficios a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Incidental
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a las diez horas con veinticinco minutos del treinta de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental en el presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 661/2022-V-B, (...) Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se concede la suspensión definitiva que solicita Leonardo Vásquez Téllez, contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en el considerando primero de esta resolución, atento a las consideraciones vertidas en el segundo considerando. SEGUNDO. Hágase entrega de la copia certificada de esta resolución, tal como se ordena en el último considerando de la misma. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido en auto de veinticinco de mayo del año en curso, para que la parte quejosa manifieste si en su deseo señalar como autoridad responsable en el presente juicio de amparo al Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, quien actualmente conoce del juicio ordinario civil 1147/2019/III (juicio ordinario civil 668/2020/I del índice del Juzgado Décimo Primera de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad), de donde deriva el acto reclamado, por lo que dicho plazo transcurre del seis al veinticuatro de junio del año en curso, al haber sido notificada personalmente el dos de los cursantes. En mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido del licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
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