Leonardo Vargas Chuc
Expediente 68/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Leonardo Vargas Chuc
Actuaciones
- Principal
MESA IV.- CAUSA ESTADO SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicho auto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que una vez transcurrido el plazo de tres años contados a partir del dictado de esta determinación, dentro de los treinta días siguientes el presente asunto es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído en este juicio de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA IV.- Vista la cuenta que antecede agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con anexo, sin que sea el caso poner a la vista de las partes en virtud de lo que se acordará a continuación. ..., reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, la omisión de acordar su solicitud de copias del juicio 7/2009. HECHOS. Del informe justificado que obra en autos, así como de su anexo, que en copias certificadas remite el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios; las cuales tienen valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: 1.- Escrito de veinte de octubre de dos mil veinte, del quejoso LEONARDO VARGAS CHUC, con sello de recibido de veintisiete de noviembre siguiente, del Tribunal responsable, en el que entre otras cosas solicitó copias del expediente 7/2009. 2.- Acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Tribunal responsable en los autos del expediente 7/2009, de su índice. 3.- Constancia de notificación de veinte de enero de dos mil veintiuno, del proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Tribunal responsable en los autos del expediente 7/2009, de su índice. CONTEXTO LEGAL. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la quejosa en el goce de sus derechos humanos violados. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS. Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, la suscrita estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que hace improcedente el presente juicio de amparo indirecto, esto es, han cesado los efectos del citado acto reclamado que la parte quejosa atribuye a la autoridad responsable. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la omisión de acordar su solicitud de copias del juicio 7/2009. Ahora bien, del legajo de copias certificadas que remitió la autoridad responsable con su informe justificado, antes relatadas y valoradas, se aprecia que el cuatro de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable proveyó el escrito del aquí quejoso de veinte de octubre de dos mil veinte, del quejoso LEONARDO VARGAS CHUC, mediante el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente 7/2009, de su índice, en el cual se accede a la solicitud de copias, el cual fue notificado el veinte de enero del año en curso (fecha posterior a la presentación de la demanda), según constancia de notificación que remite el Tribunal responsable. De lo anteriormente reseñado, puede inferirse que el acto omisivo que se le reclama ha cesado en sus efectos, actualizándose en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que se actualiza la citada causal de improcedencia manifiesta e indudable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes del acto que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo tal, que produjo el resultado de una sentencia concesora, en la medida en que ya ha sido emitido el acto omisivo que la parte quejosa reclamó, pues ha sido restituida en el goce de sus derechos violados, en virtud de que la abstención imputada a la responsable, ha dejado de existir, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada la señalada en el artículo 17 Constitucional. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN. Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dejando sin efecto la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el cinco de marzo de dos mil veintiuno, a las diez horas con veinte minutos. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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MESA III.- Mérida, Yucatán, veinte de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el telegrama rendido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el Director de Catastro Rural Adscrito a la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica de dicha Institución, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Por otro lado, glósese el oficio de la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y al efecto menciona que el título de propiedad correspondiente a la parcela 33 Z2 P1/1 del ejido de Ticimul, Municipio de Umán, en el Estado de Yucatán, ya se encuentra materializado y se procederá a remitir a la Dirección del Catastro Municipal para la asignación del tablaje catastral, y posteriormente, lo enviará al Registro Público de la Propiedad del Estado para la inscripción y expedición de la boleta correspondiente, por lo que concluido lo anterior se procederá a poner el referido título de propiedad a disposición de la parte quejosa. En mérito de lo anterior, y en aras de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la indicada Ley de Amparo, requiérase a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a la notificación de este acuerdo, acredite haber entregado el título de propiedad correspondiente a la parcela 33 Z2 P1/1 del ejido de Ticimul, Municipio de Umán, en el Estado de Yucatán, a la Dirección del Catastro Municipal para la asignación del tablaje catastral, remitiendo las constancias que acrediten lo anterior; apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a la cantidad de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la referida Ley de Amparo, y asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, con residencia en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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