Leonardo Torrez Gómez

Expediente 1183/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1183/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Leonardo Torrez Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra el auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el mismo HA CAUSADO EJECUTORIA. A.ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B.VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C.INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Finalmente, no se advierten documentos exhibidos por las partes que sean susceptibles de devolución, por ende, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.

  2. Principal

    Visto; los oficios signados por los Integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, y Actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales rinden informe justificado, y el primero de los mencionados remiten constancia en apoyo al mismo. Al efecto se acuerda: En apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos los oficios de cuenta, y anexo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los mismos. Ahora bien, del contenido de los citados informes, y de las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora se advierte lo siguiente: Causal de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, y Actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de señalar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación demanda y excepciones dentro del expediente J/O/469/2020, de su índice. La falta de emplazamiento a la parte demandada. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, a la cual se concede valor probatorio pleno de conformidad el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°; se desprende que los actos reclamados a que se refiere la parte quejosa, han cesado en sus efectos, toda vez que en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, regularizó el procedimiento dentro del juicio de origen, y señaló las nueve horas del ocho de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente J/O/469/2020, de su índice; asimismo el Actuario de su adscripción, procedió a emplazar a la parte demandada. En ese tenor, es innegable que los actos reclamados que prevalecían a la data en que se instó el juicio de amparo (la omisión de señalar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente J/O/469/2020, de su índice, y la falta de emplazamiento a la parte demandada), dejaron de producir sus efectos, por los motivos anteriormente precisados. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y texto señalan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80, de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a las partes con el informe de cuenta, en la medida de que ésta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Finalmente, por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. -Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Leonardo Torrez Gómez y Flavio Hernández Esteban, contra el acto de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, que se hace consistir en: La omisión de señalar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación demanda y excepciones dentro del expediente J/O/469/2020, de su índice. La falta de emplazamiento a la parte demandada. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1183/2022-VIII y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 104 y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; así como 1, 33, fracción IV, 37, y 107, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. TRAMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. AUDIENCIA. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. V. INFORMES Y CONSTANCIAS. Pídase a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá, en la sentencia respectiva multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del numeral 260, fracción I, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. VI. PREVENCIONES. Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir el oficio que se le gire, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. En el caso de que la denominación de la autoridad a la que se dirige el oficio haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir la comunicación, ya que la responsable al rendir el respectivo informe deberá hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedora a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. VII. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Dése a la representación social de esta adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. VIII. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. IX. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. X. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase como domicilio para recibir oír y notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda, en esta ciudad. Se tiene como autorizados en los términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, María Magdalena Gómez Díaz y Marco Antonio Maza Sánchez, por tratarse de un asunto en materia laboral en donde los quejosos son parte trabajadora, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Omar Karim Alonso Astorga, Jorge Iván Espadas Córdova, Cynthia Guadalupe Suarez Hernández, Manuel de Jesús Guillen Sánchez y Alan Alexis Martínez Pascacio. XI. TERCERO INTERESADO. Por la naturaleza del acto reclamado no existe tercero interesado. XII. PRUEBAS. Por lo que hace a la prueba documental consistente en las constancias, que remita la autoridad responsable, se reserva proveer hasta en tanto se cuente con el informe justificado que rinda la autoridad responsable. XIII. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AUTORIDAD EN SU CARÁCTER DE RESPONSABLE O TERCERO INTERESADA. Se hace del conocimiento de la autoridad que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. XIV TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.

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