Leonardo Tiro Moranchel
Expediente 558/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 558/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 01/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Leonardo Tiro Moranchel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de septiembre de dos mil veintitrés. I. Auto adquiere firmeza. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicho proveído ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo de la autoridad 1. Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, en virtud de que carece de legitimación para impugnar la sentencia recurrida. En efecto, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la legitimación procesal de las partes que pretenden actuar dentro de un juicio de amparo, es de orden público y, por ello, debe estudiarse inclusive de oficio. Lo anterior, tiene sustento en la tesis LIV/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 20, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO". En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, no es de relevancia documental, y es destruible y susceptible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción II, del acuerdo general señalado. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. III. Integración del expediente físico. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, séptimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues impulsa el procedimiento del presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su defensor público; y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
-AVISO- Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo se notifica por medio de lista al DEFENSOR PUBLICO DEL QUEJOSO, el proveído de 01 DE SEPTIEMBRE de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, primero de septiembre de dos mil veintitrés. I. Auto adquiere firmeza. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicho proveído ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo de la autoridad 1. Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, en virtud de que carece de legitimación para impugnar la sentencia recurrida. En efecto, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la legitimación procesal de las partes que pretenden actuar dentro de un juicio de amparo, es de orden público y, por ello, debe estudiarse inclusive de oficio. Lo anterior, tiene sustento en la tesis LIV/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 20, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO". En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, no es de relevancia documental, y es destruible y susceptible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción II, del acuerdo general señalado. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. III. Integración del expediente físico. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, séptimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues impulsa el procedimiento del presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su defensor público; y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: 2. Juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado de Nayarit.Con el que se da vista a las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. RESERVA NOTIFICACIÓN. Toda vez que de autos se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Cuatro Noreste en Tepic, Nayarit, resérvese la notificación personal del presente proveído, hasta en tanto, obre en autos el informe justificado restante. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, séptimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues impulsan el procedimiento del presente asunto. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintitrés.********************OFICIO.********************A sus autos, el oficio III-490/2023, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada el diez de julio de mil veintitrés en el recurso de queja 121/2023, relativo al medio de impugnación interpuesto en el juicio de amparo por la parte quejosa ********************, en contra del auto de dos de junio de dos mil veintitrés.********************Ahora, de dicha ejecutoria, en su punto resolutivo señala:********************"ÚNICO.- Se declara fundado el recurso de queja"****************************************Acúsese el recibo correspondiente; efectúense las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************Al respecto, se provee.********************ADMISIÓN.********************Con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto del 1. Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla (quien conoce del proceso ********************) y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 17, 20, apartado B, fracción IX, constitucionales.********************VISTA MINISTERIAL. ********************Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo.********************AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ********************Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS********************INFORME JUSTIFICADO.********************Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; en la inteligencia, que la copia de la demanda de amparo se remite al requerir el informe previo.********************En dicho informe justificado deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y remitirá, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo.********************En la inteligencia de que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de la celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. ********************Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional jdo3mp6cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276.********************En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento.********************APERCIBIMIENTO. ********************Se apercibe a la autoridad responsable, que ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dichos actos no sean en sí mismos violatorios de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo.********************De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que al rendir su informe no podrán variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlos, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa.********************Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rindan el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias, para la solución del juicio constitucional u omitan referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto.********************Igualmente, se apercibe a las autoridades responsables, que en el caso de que se niegue a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal.********************AUTORIZACIÓN DE PERSONA EMPLEADA.********************Se autoriza a la persona actuaria o diversa empleada adscrita, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de la autoridad responsable.********************OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS OFICIOS.********************Se precisa a la autoridad responsable que está obligada a recibir el oficio que la persona actuaria o diversa empleada adscrita a este órgano jurisdiccional, le hace entrega, en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, con apercibimiento que de no hacerlo del diverso numeral 245, se le impondrá una multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos, moneda nacional).********************CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. ********************Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251 , en relación con el 238 de la citada ley. ********************Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. ********************INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. ********************Sin que haya lugar a la apertura de dicha medida cautelar, ya que la parte quejosa no la solicitó; y, este operador jurídico no advierta la apertura del mismo de manera oficiosa.****************************************NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PROMOVENTE RECLUIDO.********************Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique personalmente al promovente por conducto de su Defensor Público, esta determinación, ya que en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas a dicho peticionario de amparo.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a/J. 104/2022 (11a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:********************"NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO].********************Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos.********************Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado.********************Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable.********************PARTE TERCERA INTERESADA.********************I. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la ley de la materia, se tiene como autoridad tercera interesada al agente del Ministerio Público de la adscripción del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla.********************Por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena emplazarlas al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándoles copia autorizada de la demanda de amparo.********************II. En diverso aspecto, el juez responsable deberá hacer del conocimiento a este órgano de Control Constitucional en el plazo de tres días, quién o quiénes son las diversas personas terceras interesadas, dentro del proceso ******************** de su estadística, así como el nombre y domicilio y actual de dicha parte.********************Apercibida dicha autoridad que de no hacerlo en el término indicado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo********************DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. ********************Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp , de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia.********************Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS".********************SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES.********************Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento.********************AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA.********************Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once.********************INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. ********************Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan.********************TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.********************En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada.********************Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. ********************EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA".********************De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que:********************( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal.********************( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente.********************INTEGRACIÓN EXPEDIENTE FÍSICO.********************En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que el presente acuerdo si se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del sumario constitucional en que se actúa.********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa privada su libertad personal, por conducto de su Defensor Público; por oficio, a la autoridad revisora, las autoridades responsables, la diversa tercera interesada, así como a la representación social de la adscripción.
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