LEONARDO TIRO MORANCHEL y Otros.

Expediente 251/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
251/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • LEONARDO TIRO MORANCHEL y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que trascurrió el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado el mencionado proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.

  2. Principal

    Se advierte que la parte quejosa fue omisa en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad o en la zona conurbada, como le fue requerido en auto de catorce de marzo pasado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, mediante lista que se publique en un lugar visible de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad o zona conurbada.

  3. Principal

    Oficio 8083 signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic. 21/03/2023 11:364722 Informa que mediante proveído de diecisiete de marzo pasado, determinó aceptar parcialmente la competencia planteada, avocándose al conocimiento del acto reclamado consistente en la "ORDEN DE APREHENSIÓN Y DE DETENCIÓN GIRADA EN MI CONTRA; y de las ejecutoras EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA POR LAS ORDENADORAS en el proceso ********************, radicándolo como juicio de amparo ***. Asimismo, declinó competencia respecto del acto reclamado consistente en "EL SIGILO, LA FALTA DE CITATORIO PARA DECLARAR EN LAS ORDENES DE APREHENSIÓN Y/O CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO RESPECTO A QUE SE ESTE LLEVANDO UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O CARPETAS DE INVESTIGACIÓN A MIS ESPALDAS SIN SER CITADOS A DECLARAR EN TÉRMINOS DE LEY, CON EL FIN DE PRIVARNOS SORPRESIVAMENTE DE NUESTRA LIBERTAD". En consecuencia, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del referido acto reclamado, acúsese recibo. Ahora, tráigase a la vista como un hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el juicio de amparo 121/2023, del índice de éste órgano jurisdiccional, del que se advierte que el promovente de amparo exhibió el instrumento notarial ********************así como el ********************con los que acredita la representación de la moral quejosa ********************. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: El sigilo, La falta de citatorio para declarar en las ordenes de aprehensión y/o carpetas de investigación, y Las violaciones a los derechos humanos de audiencia y debido proceso respecto a que se lleve una averiguación previa y/o carpetas de investigación a sus espaldas sin ser citados a declarar en términos de ley, con el fin de privarlos sorpresivamente de su libertad. Respecto a los referidos actos reclamados, este juzgado federal estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º, de la Ley de Amparo, aplicados a contrario sensu, preceptos que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Como puede advertirse, los señalados artículos contemplan la causa de improcedencia que descansa en el principio de agravio personal y directo que rige en el juicio constitucional, puesto que el promovente del juicio de amparo debe ser aquella persona que sufre la violación de sus derechos fundamentales provocados por el acto determinado de autoridad, esto es, el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad, sin que obste que diversa personalidad suscriba la demanda por ser quien tiene legitimación para hacerlo al revestirle el carácter de apoderado, representante y/o defensor. Entonces, para acreditar la procedencia del juicio de amparo es menester que la parte agraviada demuestre que es titular del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y que es afectado en sí por el acto reclamado, entendido éste como la titularidad que el promovente del amparo tiene respecto de los derechos afectados por el acto reclamado, lo que conlleva además a la demostración del agravio personal y directo. Asimismo, de la lectura de los antecedentes del acto reclamado el impetrante de amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que comparece al amparo en representación de ********************, y también de la moral "********************". Lo expuesto lleva a considerar que los actos reclamados no constituyen una afectación directa a la moral "********************", conforme lo establecen los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo, pues se alega una vulneración al derecho de acceso a la justicia, del cual en todo caso, quien resiente esa vulneración directa es únicamente el quejoso ********************. Independiente a lo ya pronunciado, cabe señalar que el representante legal de la persona moral, en términos del artículo 8 de la Ley de Amparo, necesariamente debe señalar el nombre de la persona física en lo individual por ser, como ya se dijo, aquél que resiente un agravio personal y directo conforme al diverso numeral 4 del mismo ordenamiento, lo que obedece a que el sistema jurídico previsto por la Constitución y las leyes secundarias de la materia establecen que la responsabilidad es estrictamente personal, puesto que para configurar la violación a las normas sustantivas punitivas se requiere partir de la acción humana, de la responsabilidad y de algunos supuestos psicológicos que sólo pueden admitirse en las personas físicas en lo individual, lo que se aprecia, incluso, en el sistema sancionador donde las penas y medidas de seguridad descansan en el grado de culpabilidad de la persona física, y solamente como consecuencias accesorias para las personas morales se prevé la suspensión de la agrupación o su disolución, como es el caso de lo establecido en el artículo 11 del Código Penal Federal. Por lo que, como se adelantó, este órgano de control constitucional de oficio estima que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, del mismo ordenamiento legal, aplicados a contrario sensu, y con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar la demanda de cuenta, respecto a********************, en representación de la moral ********************. También resulta improcedente la demanda de amparo que promueve ********************, por conducto de su representante legal********************, contra actos del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, y otras autoridades. Previo a la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se evidencia, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar que los actos reclamados por la parte quejosa en la presente instancia consistente en: El sigilo, La falta de citatorio para declarar en las ordenes de aprehensión y/o carpetas de investigación, y Las violaciones a los derechos humanos de audiencia y debido proceso respecto a que se lleve una averiguación previa y/o carpetas de investigación a sus espaldas sin ser citados a declarar en términos de ley, con el fin de privarlos sorpresivamente de su libertad. En ese sentido, respecto de tales actos reclamados, este Juzgado de Distrito estima que en el presente juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado este último a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que este juzgador considera que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Al respecto, es preciso traer a colación el contenido de los artículos 5, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Las citadas disposiciones con el diverso artículo 107, fracción I, Constitucional, conforman el llamado interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, dicho precepto en lo que interesa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, en concordancia con el artículo 107, fracción I, Constitucional, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando alguna autoridad emita un acto que no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, lo que implica que en todo caso, el proceder del órgano de gobierno, para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de generar perjuicio al gobernado, esto es, que exista un derecho que pueda resultar violado con el acto reclamado, lo que de no actualizarse en el caso concreto, tendría como consecuencia la improcedencia del amparo al no generarse el perjuicio como requisito indispensable para la procedencia de dicho derecho constitucional. En efecto, conviene precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es así como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, es necesario que haya un perjuicio a la parte quejosa o agraviada. Pues bien, en el caso particular se advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente respecto de los actos reclamados consistentes en la falta de citatorio para declarar en las ordenes de aprehensión y/o carpetas de investigación, en atención a que dichos actos por sí solos no lesionan los derechos fundamentales del quejoso. Se afirma lo anterior tomando en consideración que el acuerdo que ordena de conformidad con el artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación mencionada, pese a constituir el vínculo para que se lleve a cabo la eventual formulación de la imputación, no ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos de los quejosos como es el derecho a la libertad o algún otro, pues la facultad que ejerce el Juez de control al citarlo para llevar a cabo la audiencia inicial no involucra el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que aquél debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial; pues en todo caso el eventual perjuicio se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la orden de aprehensión correspondiente, en caso de que así lo solicitare el Ministerio Público. De igual forma, el presente juicio de amparo resulta improcedente, respecto de los actos indicados en los incisos 1) y 3) los cuales se traducen en la integración de diversas carpetas de investigación en contra del ahora quejoso, según se deduce de su causa de pedir en la demanda que se provee, este Juzgado de Distrito estima que en el presente juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado este último a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que este juzgador considera que los referidos actos reclamados no constituyen un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En efecto, conviene precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es así como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, es necesario que haya un perjuicio a la parte quejosa o agraviada. Pues bien, el presente juicio de amparo resulta improcedente, respecto de los actos indicados en los incisos 1) y 3) los cuales se traducen en la integración de diversas carpetas de investigación en contra del ahora quejoso, lo cual no lesiona sus derechos fundamentales, ya que el acto de autoridad que pudiera lesionar sus derechos sería la resolución en donde se ordene su captura por el juez de control respectivo. Por tanto, la integración de una carpeta de investigación no causa daño o perjuicio al quejoso por ser de orden público, según lo establece el artículo 21 Constitucional, que en lo atinente dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, y en su caso integrar la correspondiente carpeta de investigación o averiguación previa, siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos al gobernado. En ese sentido para el caso de que se tramitara una carpeta de investigación instruida en contra del aquí quejoso, previo a su consignación se integra con una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un hecho que la ley señala como delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional, pues se insiste, la petición de captura está supeditada a la determinación que en su caso se hiciera al Juez que conozca del asunto. En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar la demanda de cuenta, en virtud de que al advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción I del numeral 5°, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, dado que trascurre el término concedido al promovente de amparo el catorce de marzo pasado, para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto, a efecto de dar cumplimiento a lo anterior, se ordena notificar esta determinación de matera electrónica a través del usuario que proporcionó el indicado apoderado. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva, y notificarlas vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Finalmente, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

  4. Principal

    Se advierte que la parte quejosa en su escrito con registro 8521 de diecisiete de agosto de dos mil veinte anexó acta de nacimiento con control ********************; entonces, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo Primero, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, y Vigésimo, fracción III, Capítulo Quinto, dese vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger el documento descrito, apercibida que en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruidos con el expediente.

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