Leonardo Tiro Moranchél
Expediente 880/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- LEONARDO TIRO MORANCHÉL y Otros.
- Leonardo Tiro Moranchél
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega:Oficio FEDH/UEIDTOTCID-V/499/2023 signado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación del Delitos de Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General del Estado de Puebla.Informa que en dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, determinó el no ejercicio de la acción penal al no encontrar reunidos los extremos que exige el tipo penal de tortura, en la carpeta de investigación ********************.
- Principal
Se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de doce de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años- al haberse desechado el presente juicio y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.
- Principal
Se advierte que no obra la notificación del auto de doce de agosto pasado, a los autorizados de la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario la realice inmediatamente. AUTO 12-08-2022 Escrito de demanda signado por ***. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 880/2022. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Para una mejor comprensión de este asunto se advierte que el directo quejoso señala como actos reclamados: La orden de traslado ejecutada el dos de mayo de dos mil veintidós, del Centro de Reinserción Social de Puebla al Centro de Reinserción Social Federal Número 18 C.P.S con sede en Coahuila. La incomunicación de la cual fue objeto por parte de las autoridades penitenciarias. Precisado lo anterior se procede a atender lo relacionado al acto reclamado enunciado en el inciso a), que antecede, respecto al cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque procede recurso a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, lo que se explica enseguida. Cabe decir que para los efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquél que está establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. De manera tal que para que opere el principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. En el caso, el quejoso reclama la orden de traslado ejecutada el dos de mayo de dos mil veintidos, por lo que antes de promover juicio de amparo indirecto, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La Ley Nacional de Ejecución Penal en los artículos 116, 117, fracción II, 122, 123, 124 y 127, consagra el derecho de los internos a plantear controversia ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, en el momento de la notificación, dentro de los diez días siguientes a la notificación del traslado o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de su libertad no hubiese sido notificada previamente, tratándose de aspectos relacionados con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Dicha controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. En donde el juez de ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto; con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En caso de tratarse de los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Incluso, en la citada legislación nacional que es la que rige el acto ahora reclamado, se prevé en su capítulo VI específicamente en el artículo 131, la posibilidad de recurrir el auto o resolución que resuelva o dé por concluida la controversia judicial, mediante la interposición del recurso de apelación, el cual tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla; sin perjuicio que contra esa determinación pueda acudirse a la vía constitucional. No resulta obstáculo a lo anterior, la circunstancia relativa a que el quejoso señaló como responsable a Rosa Gisela Barranco Baños, Juez de Ejecución se Sanciones Penales del Distrito Judicial de Puebla; sin embargo, del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso señaló: "En virtud de lo anterior, es menester hacer hincapié que para poder llevar a cabo los traslados involuntarios como fue el caso, y poder cumplir con las formalidades del procedimiento, considero que debieron haber llevado a cabo la audiencia para notificarnos del traslado y que el Juez de Control o de ejecución emitieran una resolución al respecto, cosa que jamás se llevó a cabo."; de lo que se advierte que en realidad la juez no tuvo conocimiento del traslado del que alude el quejoso fue sujeto el dos de mayo del año en curso; por ello, debe decirse que el aquí promovente acude a esta instancia constitucional a reclamar el traslado ejecutado el dos de mayo de dos mil veintidós, del Centro de Reinserción Social de Puebla al Centro de Reinserción Social Federal Número 18 C.P.S con sede en Coahuila. Entonces, es evidente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para impugnar el traslado involuntario que puede ser ordenado excepcionalmente por la autoridad penitenciaria, tratándose de casos de delincuencia organizada, medidas especiales de seguridad, que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro de reclusión; las personas privadas de su libertad, tienen a su alcance la acción judicial relativa a la controversia judicial o en su caso el recurso de apelación, por lo que, el aquí quejoso, antes de promover el presente juicio de amparo, debió promover el recurso ordinario de defensa correspondiente, respecto del traslado ordenado por parte de las autoridades (judicial y administrativas). Por lo anterior, se actualiza en la especie, la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. En efecto, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: actos consumados de modo reparable, y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Por tanto, si el aquí quejoso se duele de la incomunicación de la que fue objeto por parte de las autoridades penitenciarias, es evidente, que los actos reclamados en esta instancia constitucional son consumados de modo irreparable, pues en el caso de que se conceda a la parte quejosa la protección de la justicia Federal, sería imposible la reparabilidad física y material de dichos actos antes de cometida la violación que se reclama. Aunado a lo anterior, la demanda de amparo que se estudia, se encuentra firmada por el mismo, por lo cual, se estima que el quejoso no se encuentra incomunicado en el Centro Penitenciario en el cual se encuentra recluido actualmente. En razón de lo expuesto, este órgano de control constitucional de oficio estima que en el presente asunto, se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en la fracciones XVI y XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta. No pasa inadvertido para el suscrito, que la parte promovente en su demanda de amparo, manifestó: "(.) el día dos de Mayo de dos mil veintidós aproximadamente a las cinco horas con cincuenta y cinco, cuando estando en el interior de mi estancia, llegaron alrededor de un grupo de diez elementos de seguridad y custodia, y con uso excesivo de la fuerza me sacaron de mi estancia golpeándome con la mano abierta en la cara en reiteradas ocasiones, con los puños en el estómago, jalándome del cabello, empujándome y mediante palabras altisonantes." (sic). Con base en lo anterior, a criterio del suscrito Juez de Distrito, podría constituir una denuncia por la posible comisión de actos de tortura en contra del aquí quejoso ***, y dado que es obligación del Estado Mexicano proteger los Derechos Humanos de las personas, de acuerdo con el texto actual establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, se deberá proceder a la investigación correspondiente. De los ordinales transcritos y por lo que al tema se refiere, emerge el derecho fundamental del ser humano consistente en la protección de su integridad física, psíquica o moral, al considerar que nadie debe sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes ni tortura. En síntesis, la autoridad debe garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura, dentro del ámbito de su jurisdicción, el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente, procediendo debidamente y de inmediato a realizar una investigación acorde con los deseos de la presunta víctima de tortura, en cualquier momento en que lo alegue. Por tanto, dese vista a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, para que, de inmediato, inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, este juzgado le proporcionará los datos que obran en este expediente. Por otra parte, de la demanda que se atiende se advierte que el quejoso *** está interno en el Centro Federal de Reinserción Social CE.FE.RE.SO. NÚMERO 18 "CPS COAHUILA"; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 116, párrafo segundo, 27, fracción I, de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a aquélla, en términos de su numeral 2°, así como Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por única ocasión gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, para que en auxilio de la justicia federal ordene a quien corresponda notifique este proveído al directo quejoso en el referido centro penitenciario, entregándoles para tal efecto copia autorizada del mismo; hecho lo anterior, de inmediato devuelva el citado despacho por la misma vía. Por ello, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se le solicita se sirva habilitar días y horas inhábiles al funcionario judicial de su adscripción, para que lleve a cabo la diligencia encomendada cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el inmueble que señalan en el escrito de demanda. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Graciela Figueroa García, Verónica Aguilar Serrano y Armando García Ariza, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. En cuanto a su solicitud, en el sentido de que se les permita el uso de medios electrónicos para acceder a la información del presente expediente; de conformidad con el artículo 93, fracción VII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, así como la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza su uso, en virtud de que no existe disposición legal que lo prohíba, autorizando para tal efecto a la persona que refiere en su ocurso de cuenta, quien deberá identificarse a satisfacción de este Juzgado. Lo anterior, previa cita que agende la parte promovente en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", sistema "Agenda OJ" dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que mediante proceso automatizado se le otorgue a aquélla o cualesquiera de sus autorizados que lo soliciten, un Código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional para el fin indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido, que queda bajo la absoluta responsabilidad de los peticionarios o autorizados, la distribución o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso, tecnológico o en las redes sociales, así como su utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Finalmente, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.
- Principal
Se advierte que no obra la notificación del auto de doce de agosto pasado, a los autorizados de la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario la realice inmediatamente.
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