Leonardo Tiro Moranchel

Expediente 804/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
804/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Leonardo Tiro Moranchel

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el apoderado del quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Asunto concluido. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (en adelante sólo Acuerdo General), el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, quedó firme ante la determinación del tribunal colegiado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12 del citado Acuerdo General se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 20, fracción IV, del Acuerdo General, se determina que el sumario constitucional es destruible, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Sin cuaderno incidental. No ha lugar a emitir pronunciamiento sobre el cuaderno incidental, porque la demanda de amparo se desechó y por tal motivo no se abrió el incidente. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que se asista de los oficiales judiciales correspondientes y realice las anotaciones en la carátula del expediente; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que si la parte quejosa deseara conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet, donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada de manera electrónica por XXXX, como apoderado del quejoso XXXX, contra actos del Juez Primero Penal de Puebla (sic) -única autoridad responsable-. Esa personalidad la acredita el promovente con imágenes digitalizadas del testimonio relativo al instrumento notarial número XXXX, de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, ante la fe del notario público número treinta y cinco del distrito judicial de Puebla, las cuales obran como anexo de la demanda, y el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que son copia fiel e inalterada del original. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece la obligación de examinar la demanda de tutela constitucional, porque de encontrarse un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, deberá desecharse de plano. De la lectura integral de la demanda, se detectó que el quejoso reclama ". a) La omisión de dar trámite al recurso de queja en términos del diverso 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. XXXX. b) La privación del derecho del quejoso al acceso a un recurso efectivo. c) La violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable.". Asimismo, en el capítulo de hechos, la parte quejosa manifestó: "6.- Ante la falta de respuesta el abogado defensor del quejoso en data veintiocho de julio de dos mil veintitrés tramitó recurso de queja en términos del diverso 135 del Código Nacional, mismo que a la fecha no ha sido contestado." Bajo ese contexto, es evidente que, respecto de dicho acto, aun cuando la parte quejosa se duele en la omisión de dar trámite al recurso de queja que presentó el veintiocho de julio de este año, el cual pretende enmarcar dentro del artículo 135 del Código Nacional, se pudiera tratar de un aparente del retraso en el emisión del acuerdo correspondiente, lo cual, en su caso, podría enmarcarse dentro del artículo 17 constitucional; sin embargo, el quejoso no advierte que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, exista una abierta dilación en el la tramitación del recurso de marras. En efecto, en este momento la acción de amparo resulta improcedente para poder analizar una omisión reclamada, dado que el hecho de que hasta el momento no se haya emitido el acuerdo respectivo a la promoción que el quejoso dice presentó el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, no implica que exista una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del aquí quejoso. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), (en sentido contrario) del mismo ordenamiento, respecto del acto reclamado. Luego, se estima que el acto reclamado relativo a la omisión de pronunciarse respecto al recurso de queja promovido el veintiocho de julio de este año, no encuadra en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se emita el proveído respectivo, no afecta de manera directa los derechos sustantivos del aquí quejoso, porque lo anterior puede subsanarse una vez que la autoridad responsable emita el acuerdo correspondiente dentro de un plazo razonable. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio 804/2023-IV, pues visualizó la actualización de causales de improcedencia manifiestas e indudables, en particular las previstas en las fracciones 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b); y, 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, todos de la ley de la materia

  3. Principal

    SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA Y CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA EL JUICIO DE AMPARO 804/2023: Acuerdo: Puebla, Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada de manera electrónica por XXXX, como apoderado del quejoso XXXX, contra actos del Juez Primero Penal de Puebla (sic) -única autoridad responsable-. Esa personalidad la acredita el promovente con imágenes digitalizadas del testimonio relativo al instrumento notarial número XXXX, de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, ante la fe del notario público número treinta y cinco del distrito judicial de Puebla, las cuales obran como anexo de la demanda, y el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que son copia fiel e inalterada del original. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece la obligación de examinar la demanda de tutela constitucional, porque de encontrarse un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, deberá desecharse de plano. De la lectura integral de la demanda, se detectó que el quejoso reclama ". a) La omisión de dar trámite al recurso de queja en términos del diverso 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. XXXX. b) La privación del derecho del quejoso al acceso a un recurso efectivo. c) La violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable.". Asimismo, en el capítulo de hechos, la parte quejosa manifestó: "6.- Ante la falta de respuesta el abogado defensor del quejoso en data veintiocho de julio de dos mil veintitrés tramitó recurso de queja en términos del diverso 135 del Código Nacional, mismo que a la fecha no ha sido contestado." Bajo ese contexto, es evidente que, respecto de dicho acto, aun cuando la parte quejosa se duele en la omisión de dar trámite al recurso de queja que presentó el veintiocho de julio de este año, el cual pretende enmarcar dentro del artículo 135 del Código Nacional, se pudiera tratar de un aparente del retraso en el emisión del acuerdo correspondiente, lo cual, en su caso, podría enmarcarse dentro del artículo 17 constitucional; sin embargo, el quejoso no advierte que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, exista una abierta dilación en el la tramitación del recurso de marras. En efecto, en este momento la acción de amparo resulta improcedente para poder analizar una omisión reclamada, dado que el hecho de que hasta el momento no se haya emitido el acuerdo respectivo a la promoción que el quejoso dice presentó el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, no implica que exista una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del aquí quejoso. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), (en sentido contrario) del mismo ordenamiento, respecto del acto reclamado. Luego, se estima que el acto reclamado relativo a la omisión de pronunciarse respecto al recurso de queja promovido el veintiocho de julio de este año, no encuadra en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se emita el proveído respectivo, no afecta de manera directa los derechos sustantivos del aquí quejoso, porque lo anterior puede subsanarse una vez que la autoridad responsable emita el acuerdo correspondiente dentro de un plazo razonable. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio 804/2023-IV, pues visualizó la actualización de causales de improcedencia manifiestas e indudables, en particular las previstas en las fracciones 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b); y, 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, todos de la ley de la materia

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