Leonardo Sauceda Carrasco

Expediente 1124/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1124/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
15/02/2021

Partes del expediente

  • Leonardo Sauceda Carrasco

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes, para realizar manifestaciones respecto al cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este asunto. Al respecto, este Juzgado de Distrito procede a determinar, si conforme a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido, en términos del artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. El treinta de diciembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, la cual concedió el amparo solicitado a la parte quejosa. En auto de veintiuno de enero de dos mil veinte, se declaró ejecutoriado dicho fallo y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento. Por lo que, el veintiocho de enero de dos mil veinte, se recibió oficio del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el que remitió el auto dictado el día anterior a la fecha indicada, dentro del conflicto laboral D-****/2012, en el que dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve y admitió las pruebas aportadas por las partes y proveyó lo conducente a su desahogo, como se ordenó en la ejecutoria. De ahí que, después de diverso requerimientos y una vez que se tuvieron por desahogado el material probatorio, el dos y ocho de diciembre de dos mil veinte, se recibieron los oficios del citado Tribunal, en los que remitió copia certificada del a resolución interlocutoria del incidente de nulidad planteado, dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte y las constancias de notificación a las partes de dicha determinación. Lo que este juzgado hizo saber de manera personal a las partes mediante acuerdo dictado el nueve de diciembre de dos mil veinte, sin que manifestaran inconformidad alguna. En tales condiciones, este juzgado ha logrado el cumplimiento a la sentencia protectora; por lo que, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin que se advierta que la responsable haya incurrido en exceso o defecto; por lo que se ordena el archivo del expediente, una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Por otra parte, se precisa que la fecha del cumplimiento por parte de la autoridad responsable es el dos de diciembre de dos mil veinte (fecha de notificación de la resolución dictada en cumplimiento); lo que se hizo del conocimiento de esta autoridad de amparo el ocho de diciembre de dos mil veinte; fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable da cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, con el objeto de registrar dicha información en los libros de gobierno y SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Finalmente, es un hecho notorio que actualmente hay suspensión de plazos y términos, como medida de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, lo que se sustenta en la determinación emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; el tal virtud, se ordena notificar personalmente el presente acuerdo a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista al resto de las partes, una vez que se reanuden las labores.

  2. Principal

    Agre´guese a los autos, el escrito de *** autorizado de la parte quejosa, por medio del cual en cumplimiento a la vista otorgada a la parte quejosa en proveído de veintiséis de noviembre del año en curso, realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimeinto de la sentencia dictada en el presente juicio y respecto del incidente de liquidacón de sentencia, las cuales seran tomadas en consideración en su momento procesal oportuno.

  3. Principal

    I. Creación del expediente. Con la demanda de amparo a que se refiere la razón de cuenta que antecede, que promueve ****, por propio derecho, contra actos atribuidos al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) Delegación Puebla, por considerarlos violatorios de las derechos consagrados en los artículos 8 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese bajo el número ****/2020. II. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la citada demanda, se advierte que la quejosa reclama, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Señalo la Negativa de SUSPENDER todo trámite de regularización y/o escrituración respecto del predio de mi propiedad, que se está realizando a favor de **** en el INSUS." Establecido lo anterior, se considera que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el primer párrafo del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 1, último párrafo y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, la demanda de amparo origen de este asunto, contra los actos que en esta vía se reclaman y que quedaron señalados, es notoriamente improcedente. Los citados numerales de la ley de la materia, a la letra dicen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De lo dispuesto en la fracción XXIII del último de los preceptos en cita -61- se desprende que la demanda de amparo se torna improcedente cuando esa improcedencia surja de una disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo. De lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Amparo, a partir del tres de abril de dos mil trece, se desprende que en su último párrafo implementó la procedencia del juicio de amparo contra omisiones por parte de los poderes públicos e incluso de actos de particulares, pues de manera expresa el legislador señaló: "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." A su vez, el artículo 5°, fracción II, de la misma ley, se refirió a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo, la que, entre otras cuestiones omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; definiendo además en qué caso se podría considerar a un particular con tal carácter, en específico estableció que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De ello se obtiene que no cualquier acto desplegado por una autoridad, es susceptible de análisis a través del juicio de amparo, sino que para que ello sea posible, es indispensable que reúna ciertas características, pues debe estar proyectado en que sea unilateral e imperativo y que, desde luego, cree, modifique o extingan una situación jurídica que afecte a un particular. Es así, pues a fin de advertir si en el caso se puede atribuir el carácter de autoridad responsable al Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Puebla (INSUS), antes conocido como Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT),. Bien, la citada jurisprudencia establece la posibilidad de que cuando la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (actualmente Instituto Nacional del Suelo Sustentable) figure como autoridad responsable en los juicios de amparo, se haga un examen para determinar si con el acto reclamado se afecta la esfera jurídica de los particulares mediante el ejercicio del poder. De lo anterior, se puede concluir que la Comisión para la Regularización para la Tenencia de la Tierra (CORETT), hoy Instituto Nacional de Suelo Sustentable, es autoridad responsable para efectos del amparo, entre otros casos, cuando resuelve una controversia, o se escriture entre dos particulares que aspiran a la regularización de determinado predio y reconoce a favor de uno de ellos el mejor derecho para obtener su titulación. En este caso en particular, se tiene que el quejoso señaló como acto reclamado la negativa de suspender todo trámite de regularización y/o escrituración respecto del predio identificado como lote cinco, manzana ocho, con una superficie de ciento cincuenta metros cuadrados, ubicado en el ex ejido de Guadalupe Hidalgo, municipio de Puebla, actualmente identificado con el número oficial quinientos nueve, calle Teziutlán, de la colonia Playas del Sur, de la ciudad de Puebla. Lo anterior, a través del oficio 1.8.21.1/1183/2020 de doce de octubre de dos mil veinte, en el que la autoridad responsable determinó que no era procedente regularizar y escriturar a favor del quejoso, así como suspender todo trámite de regularización y/o escrituración diverso, esto, por existir una solicitud de trabajo técnico a nombre de Teresa Duarte Ramos. Es decir, no reconoció en favor de personal alguna, el derecho a la regulación y, por ende, a la consiguiente titulación del predio que pretende defender el quejoso, sino únicamente, evidenció la existencia de un diverso trámite solicitado por Teresa Duarte Ramos, es decir, dicha actuación no incide en la esfera jurídica del quejoso. Lo que evidencia que el especificado acto que reclama el quejoso, carece de las características de un acto equiparable al de una autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, incluso, puede ser sometido a una controversia seguida ante dicha autoridad, a fin de que resuelva quien tiene mejor derecho para poseer. Por las relatadas consideraciones esta juzgadora considera que la responsable no actuó en su calidad de autoridad, pues no ejerce facultades de imperio, al no decidir o resolver sobre su procedencia; esto es, los actos que atribuye el quejoso al Instituto Nacional del Suelo Sustentable Delegación Puebla (INSUS), antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), carece de una relación de un particular en un plano de supra o subordinación en relación con una autoridad en representación del Estado; por tanto, en este caso, se insiste, el acto controvertido no puede considerarse como dictado por una autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues inexiste el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra a subordinación, por consiguiente está desprovisto de las características que exige el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, en concordancia con los diverso 1, último párrafo, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su notoria improcedencia la demanda origen de este juicio. III. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en la demanda y por autorizados para tales efectos a los profesionistas que menciona, por así haberlo solicitado. Por otro lado, se tiene como contacto especial y expedito la dirección de correo electrónico que refiere; en el entendido que dicha comunicación no tendrá el carácter de procesal; lo anterior, de conformidad con el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19. IV. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. V. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al Secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. XIV. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinario de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (****), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberá de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. VI. Protección de datos personales. En último lugar, conforme a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; indíquese a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad.

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