Leonardo Santiago Naranjos

Expediente 2039/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2039/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Leonardo Santiago Naranjos

Actuaciones

  1. Principal

    Relación de constancias Por otra parte, la Secretaria procede a hacer relación de las constancias que integran los presentes autos, entre las cuales se encuentran: el escrito inicial de demanda promovida por ********************; el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, y la documental remitida en apoyo a su informe con justificación, así como la diversa remitida a través del oficio recibida en proveído dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. A lo que el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes, debiéndose tomar en consideración el citado informe justificado al resolver el juicio y respecto a las documentales de referencia relaciónese en el periodo correspondiente de la presente audiencia. Periodo probatorio Acto continuo, se abre el período probatorio, en el que la Secretaria da cuenta con las documentales relacionadas en el párrafo que antecede. A lo que el Juez acuerda: Ténganse por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la prueba documental en comento, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Periodo de alegatos. Acto seguido, se abre el periodo de alegatos, en el cual la Secretaria hace constar que las partes no formularon alegatos. A lo que el Juez acuerda: Sin alegatos de las partes que relacionar, ni promoción pendiente de acuerdo, se cierra este periodo, y se da por concluida la presente audiencia, ordenando el suscrito Juez se dicte la siguiente sentencia: VISTO para resolver el juicio de amparo 2039/2023-IV, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con asiento en esta ciudad, transcrito a foja tres; acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidas en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión a este juzgado; y por acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda de amparo; pidió su informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; y, citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competenca legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 35, 37, 55, fracción I y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama omisión de autoridad circunscrita a la jurisdicción de este juzgado, cuya demanda se presentó en esta localidad. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión del acto reclamado, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda, para determinar la verdadera intención de la parte promovente, así como prescindiendo de calificativas sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Con base en dichas premisas, el acto reclamado consiste en: ? La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral ********************. TERCERO. La autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se reclama, lo que se corrobora con la constancia que remitió como apoyo a su informe relativa al juicio laboral ********************, a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por funcionarios públicos revestidos de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia. En tales condiciones, se tiene por legalmente cierto el acto reclamado. CUARTO. En la especie, quien esto resuelve no advierte que se actualice causal de improcedencia del juicio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, así como tampoco hicieron valer alguna las partes en el juicio; por tanto, se procede al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, a la luz de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, el que no se transcribe porque no lo exigen los artículos 74 y 75 de la ley dela materia, al momento de dictar la sentencia respectiva, ya que con ello no se priva al quejoso del derecho de recurrir la presente resolución y alegar lo que estime conducente, para en su caso, demostrar su ilegalidad. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que es del rubro siguiente; "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Son fundados los conceptos de violación vertidos conforme a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, dado que éste tutela el derecho de que se administre justicia a toda persona en los términos que fijan las leyes. Una vez planteado lo anterior, se reitera que son fundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en su demanda de garantías, en los que básicamente alega que la autoridad responsable Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en Reynosa, Tamaulipas, se ha abstenido dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral ********************, ya que ha transcurrido en exceso el término que para tal efecto prevé la Ley Federal del Trabajo, lo que se traduce en violación al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." El artículo transcrito, tutela el derecho al acceso efectivo a la administración de justicia, que fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 159/2003-SS, como en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de la forma de: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Así, dedujo que del artículo en que se otorga la garantía para la protección de ese derecho fundamental se destaca lo siguiente: i. El precepto superior garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia; ii. Entre ellos se encuentra el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, sin que baste el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso debe ser efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva su pretensión; iii. La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a ella, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes; y, iv. Esos plazos y términos, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionen la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende, pues los requisitos o presupuestos procesales son prerrogativas en el ejercicio eficaz del derecho fundamental de defensa. Como se vio, dicho numeral consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que otorga a favor de los gobernados para que dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, accedan de manera expedita a los tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que en un proceso, donde se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En congruencia con lo anterior, se estima aplicable la jurisprudencia número 1a./J.42/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 124, del Tomo XXV, abril de dos mil siete, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." Luego, se precisa que se está en presencia de un procedimiento laboral que debe regirse y concluirse conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de tal modo que será con base en esa norma en que habrá de examinarse el acto que se reclama. Al respecto, la norma secundaria de trato dispone lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." Conforme a lo dispuesto por los preceptos anteriormente transcritos, se desprende que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Concluido lo anterior, el auxiliar declarará cerrada la instrucción. Dentro de los diez días siguientes al en que el auxiliar declare cerrada la instrucción, éste debe formular por escrito el proyecto de resolución del que entregará copia a cada uno de los miembros de la Junta; luego, dentro de los cinco días siguientes, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad; una vez transcurrido dicho plazo, se presentan los supuestos siguientes: a) En caso de que se hubiera solicitado la práctica de las mencionadas diligencias por alguno de los miembros de la Junta, ésta, con citación a las partes, señalará día y hora para su desahogo, ello dentro de un plazo de ocho días. b) Transcurrido el término de cinco días concedido a los integrantes de la Junta o, el correspondiente al desahogo de las diligencias solicitadas, el Presidente de la Junta citará a los miembros de aquélla para la discusión y votación del proyecto de laudo, evento que debe realizarse dentro de los diez días siguientes al en que hubieran concluido, por una parte, el término de cinco días o, por otra, el desahogo de las diligencias respectivas; y, c) Si el proyecto de resolución fuere aprobado sin adiciones o modificaciones se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato, de lo contrario, se ordenará al secretario que redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, lo que se hará constar en el acta correspondiente. De lo anterior se desprende que, una vez realzada la certificación de que no quedan pruebas pendientes por desahogar, el plazo general para la emisión del laudo es de veintiocho días hábiles, si no hubiere solicitud por alguno de los miembros de la Junta para la práctica de las diligencias que se estimen necesarias; pues, de lo contrario, tal plazo dependerá del tiempo que conlleve el desahogo de las diligencias ordenadas; por tanto, en este evento el lapso para la emisión del laudo dependerá que aquellas diligencias se ejecuten. En las apuntadas condiciones, aplicando los principios de los que se ha dado noticia precedentemente al caso concreto y específico, surge como una cuestión incontrovertible que la omisión de la Junta responsable para decidir la controversia sometida a su potestad, resulta violatoria de la garantía de justicia pronta y expedita contemplada por el artículo 17 de la Carta Magna, en relación al solicitante del amparo. Se arriba a la conclusión que antecede, porque de la constancia que la responsable adjuntó a su informe justificado, se advierte que el seis de diciembre de dos mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción en el juicio laboral de origen. Sin que a la fecha de la presentación de la demanda (ocho de septiembre de dos mil veintitrés), se haya emitido el laudo en el juicio laboral de origen; de lo que se concluye que la omisión reclamada a la autoridad responsable, y que fue reconocida por ésta al momento de rendir el informe justificado, tiene como consecuencia la inobservancia del precepto Constitucional y diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo transcritos en párrafos precedentes, en tanto que, de autos se advierte que a la fecha en que se pronuncia esta resolución, no se ha formulado el proyecto de laudo y, en consecuencia, tampoco se ha emitido el laudo respectivo, en el juicio laboral ********************, no obstante haber transcurrido más de tres años de haberse declarado cerrada la instrucción, con lo cual se priva a la parte quejosa del derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, los cuales, se reitera, han transcurrido con exceso en el asunto de origen para el dictado del laudo. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia IV.3o.T.J/57, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, página mil doscientos ochenta y tres, que dispone: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 Constitucional." En tales condiciones, en reparación de la violación al derecho fundamental antes señalado, SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL a ********************, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas: Emita el proyecto de resolución en forma de laudo y el laudo correspondiente dentro del expediente laboral ********************. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 77, 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, respecto de la omisión de dictar laudo en el juicio laboral ********************, atribuido a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con asiento en la localidad, por los motivos y para los efectos precisados en el quinto considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Liliana Margarita Villarreal Medrano, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 894/2023, signado por el Presidente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada del proveído emitido el once de octubre del año en curso, dentro del juicio laboral 724/5/2017; asimismo, comunica que fijó las diez horas del veinticinco de octubre del año en curso, para la audiencia de discusión y votación del proyecto del laudo, y que una vez aprobado, remitirá copia certificada del mismo. Al respecto, agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo que acompaña, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional, en términos del numeral 75 de la Ley de Amparo; en el entendido que se está a la espera a que dicha responsable remita el laudo emitido dentro del juicio laboral de origen, a fin de estar en posibilidad de resolver el presente asunto. En tal virtud, para dar margen a que las partes se impongan del contenido el oficio de cuenta y anexo, y estén en aptitud de ofrecer las pruebas que, en su caso, estimen convenientes o de realizar las manifestaciones de su intención, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. ...

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, seis de octubre de dos mil veintitrés.****************************************Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, rindiendo su informe justificado; asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas documentales las constancias que anexó a su informe; con lo anterior, dese vista a las partes, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional.****************************************Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, requiérasele a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada del laudo dictado dentro del juicio laboral 724/5/2017, el cual resulta necesario para estar en posibilidad de resolver el presente asunto. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término legal concedido, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese....

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 12461/2023, signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en ciudad Victoria, por medio del cual en atención a lo solicitado por este juzgado mediante proveído de diecisiete de agosto del presente año, informa que las constancias solicitadas ya fueron remitidas a este juzgado mediante el diverso oficio 11418/2023; por tanto, se ordena agregar a los autos sin mayor proveído, toda vez que mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el mismo, acordándose lo conducente respecto a su contenido.

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