Leonardo Sánchez Almaraz

Expediente 447/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
447/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Leonardo Sánchez Almaraz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que transcurrió el término legal, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Primer Tribunal Colegiado, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo y quedó sin materia el amparo adhesivo; se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, con testimonio de la ejecutoria, remítanse a la autoridad responsable los autos de origen, archívese el expediente y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Juicio de Amparo Directo

    PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por xxx, contra el acto y autoridad señalados en el resultando primero de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se declara sin materia el amparo adhesivo promovido por xxx.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, hágase saber a las partes que este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, a partir del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, estará integrado para resolver el presente asunto, por los magistrados Eduardo Antonio Loredo Moreleón (presidente) y Pedro Guillermo Siller González Pico, además del licenciado Jorge Iván Rangel Mota Velasco, Secretario de Tribunal, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de magistrado de Circuito, mediante acuerdo tomado en sesión de catorce de marzo de dos mil veintidós, informado por oficio CCJ/ST/0598/2022, de la misma fecha, signado por la secretaria técnica de dicha comisión.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en 61, fracción XXIII, en relación con el 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "QUINTO. Actualización de una causa de improcedencia que impone el sobreseimiento en el juicio. En la especie, resulta innecesario transcribir o agregar copias certificadas del acto reclamado y los conceptos de violación que su contra se enderezan, puesto que no serán materia de estudio, toda vez que este Órgano de Control Constitucional considera que debe sobreseerse en el juicio, pues no se cumplió con el principio de definitividad, lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, cuyo estudio es previo al del fondo, por ser una cuestión de orden público, de conformidad con el numeral 62 de la propia ley de la materia. En efecto, el principio de definitividad entraña la premisa de que el juicio de amparo no puede promoverse, si previamente no se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa que la ley ordinaria que rige el acto reclamado prevea como vía para obtener su modificación, revocación o nulificación; es decir, dicho principio desemboca en la improcedencia del juicio de derechos. Lo anterior encuentra su justificación en el carácter excepcional y extraordinario del juicio constitucional, que exige que el quejoso acuda, en primer término, a las instancias de jurisdicción ordinaria que puedan producir la insubsistencia del acto u omisión que le produce afectación, cuando existan, salvo los casos de excepción previstos en el marco legal y jurisprudencial que resulte aplicable. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recoge el principio de definitividad en el artículo 107, fracción III, incisos a) y b); en tanto que la Ley de Amparo en el numeral 61, fracciones XVIII y XX, según se trate de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, o de actos de autoridades distintas a los anteriores. En el caso, por tratarse de una resolución jurisdiccional, importa reproducir el referido artículo 61, en su fracción XXIII, del ordenamiento legal antes indicado, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En simetría con lo anterior, el ordinal 170, fracción I, de la Ley de Amparo, textualmente expresa: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]." (Énfasis añadido). En el caso concreto, tal como se precisó en párrafos anteriores, se actualiza la referida causal de improcedencia, ya que el acto reclamado fue dictado por un tribunal judicial en relación con un proceso jurisdiccional del orden civil, respecto del cual, la ley que rige dicho procedimiento prevé el recurso de apelación, el cual no fue agotado por el quejoso principal ********************. Así es, en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, normatividad que regula el procedimiento en el juicio sumario de origen, los artículos 371, 374 y 499, establecen: "Artículo 371.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Supremo Tribunal confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados." Artículo 374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicio, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso, o la sentencia definitiva no fuere apelable; III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y IV.- Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juez o se levante por éste. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicios cuya cuantía no exceda de dos mil quinientos pesos. "Artículo 499.- Salvo los casos expresamente exceptuados en la ley, en los juicios sumarios las apelaciones sólo procederán en el efecto devolutivo, ya se trate de sentencia definitiva o de cualquiera otra resolución." Dispositivos legales que evidencian, en principio, que el recurso de apelación tiene por objeto confirmar, modificar o revocar o nulificar, la determinación impugnada; y segundo, que dicho medio de defensa procede contra las sentencias de primera instancia dictadas en los juicios sumarios, salvo aquellos cuya cuantía no exceda de dos mil quinientos pesos. En ese contexto, de autos se advierte que en la demanda de amparo se reclama a la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, la sentencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, que dictó en el expediente ********************relativo juicio sumario civil, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- La vía sumaria intentada por el Licenciado ********************para ejercitar la acción por el PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, ha sido la procedente. SEGUNDO.- Ha procedido la acción de PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES intentada por el Licenciado ********************en contra de ********************, en consecuencia: TERCERO.- Se condena a ******************** al pago de honorarios profesionales a favor del actor, por la prestación de servicios profesionales hecho en su favor por ********************dentro de los juicios identificados con los números ********************, ********************, ********************y ********************, los cuales habrán de ser cobrados por el trámite de cada uno de los juicios en los que ********************fue designado como abogado patrono por parte de ********************, regulados que sean conforme a derecho en ejecución de sentencia, tomando como lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Arancel vigente en el estado. CUARTO.- Se condena al demandado al pago de gastos y constas regulados que sean conforme a derecho. QUINTO.- Notifíquese y cúmplase." Por tanto es factible sostener que en contra de la sentencia aquí reclamada, en la que se condenó al demandado al pago de las prestaciones que le fueron reclamadas por el actor dentro de un juicio sumario civil, procede el recurso de apelación previsto en el artículo 371 del código adjetivo civil de esta entidad federativa, a través del cual el tribunal de segunda instancia puede confirmarla, revocarla o modificarla, según lo expresa el propio numeral. Sin que en el caso particular, obre constancia de que se hubiera agotado el citado medio de defensa ordinario previamente a la promoción del presente juicio constitucional; por el contrario, quien lo promueve como quejoso principal viene señalando expresamente como acto de autoridad que reclama, el fallo definitivo de la juez de primera instancia. En tales condiciones, es que cobra vigor la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, pues en la especie no se surte alguna de las excepciones al principio de definitividad que rige el juicio de derechos. Lo anterior, porque el acto reclamado consiste en una sentencia que deriva de un juicio civil, de modo que no se ubica en alguno de los descritos en los incisos a), b) y d) de la fracción XVIII, del numeral 61 de la ley de la materia, tampoco se trata de personas extrañas al procedimiento, y además, los preceptos 371, 374 y 499 de la legislación procesal civil local, no dejan a interpretación alguna la procedencia del recurso que se comenta en el caso concreto, precisamente al derivar el acto reclamado de un juicio sumario civil, cuya decisión es apelable ante el tribunal de alzada, esto es, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Y es que el recurso de apelación previsto en los mencionados preceptos legales, como se vio, procede contra las sentencias definitivas de primera instancia dictadas en los juicios sumarios, salvo aquellos cuya cuantía no exceda de dos mil quinientos pesos; regla de procedencia que al estar perfectamente delimitada -ya que no requiere interpretación adicional- obligaba a la parte quejosa a interponer dicho medio ordinario de defensa, antes de acudir al juicio de amparo. Decisión. En relatadas condiciones, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de derechos, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 170, fracción I, ambos del propio cuerpo normativo. No es óbice para resolver en dicho sentido, que por auto de Presidencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se haya admitido el presente juicio uniinstancial, pues se trata de un acuerdo que no causa estado ni vincula al Pleno de este Tribunal Colegiado; el que, por tanto, puede válidamente reexaminar la procedencia del amparo y sobreseerlo, si resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que se comparte, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que al respecto señala: "AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO. La determinación contenida en el auto admisorio de presidencia corresponde a un examen preliminar del asunto emitido por el presidente del tribunal en ejercicio de las atribuciones que para dictar acuerdos de trámite le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de ahí que al constituir resoluciones de mero trámite tendientes a la prosecución de los procedimientos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, necesaria para el pronunciamiento de la resolución definitiva correspondiente, no causen estado, por lo que el Tribunal Colegiado en Pleno está facultado para analizar en definitiva la competencia del órgano terminal de amparo, así como la procedencia del amparo o del recurso previamente admitido por acuerdo de presidencia y, de resultar aquéllos improcedentes, resolver lo que corresponda conforme a derecho, con plenitud de jurisdicción y con vista a todo el asunto". En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las facilidades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente sumario mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, deberán proporcionar el nombre de usuario debidamente registrado en el "Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación", a través del cual se podrá llevar a cabo la consulta, el seguimiento y recibir las notificaciones que deriven del presente asunto. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se elabore el correspondiente proyecto de resolución. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.

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