Leonardo Sabas Colín Martínez

Expediente 415/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
415/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia el Distrito Judicial de Toluca, Estado de México
  • Leonardo Sabas Colín Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de abril de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso y el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional no recurrieron la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 21, inciso a), 18, fracción I, inciso a), y 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, se sobreseyó en el juicio de amparo. En consecuencia, una vez que se haya cumplido el plazo de conservación, y que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado. Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su depuración, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. 3. El duplicado del incidente de suspensión es destruible. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. En el entendido que no se presentaron documentos originales, ni se exhibió garantía alguna; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se informa a las partes, que el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran tres años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Atento a lo anterior, el presente acuerdo deberá estar glosado tanto en el expediente principal de este juicio de amparo, como en los cuadernos incidentales. Mediante oficio devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, las copias certificadas del expediente 1129/2005, que adjuntó como complemento a su informe justificado. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los autos, se evidencia que la sentencia emitida el treinta de noviembre de dos mil veinte, no ha sido notificada a la parte quejosa, Agente del Ministerio Público de la adscripción, ni a las autoridades responsables; lo que se produjo atento al estado de emergencia derivada de la pandemia producida por el virus COVID-19, pues ello provocó diversas suspensiones y reanudación de labores, conforme a lo diversos acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, y algunas circulares de la comisión especial creada para tal efecto. Por tales motivos, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que de ser el caso, notifique la referida sentencia en sus términos. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  3. Principal

    En cumplimiento al AVISO de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se notifica al quejoso el acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte que a la letra dice; Toluca, Estado de México; veintitrés de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de dos del mes y año en curso, se acordó la razón de imposibilidad del Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, de emplazar a juicio a los terceros interesados******, todos de apellidos ******, y dado que el domicilio al que se ordenó llamarlos a esta instancia derivó del señalado en las constancias que remitió la responsable como complemento a su informe justificado; por consiguiente, se ordenó requerir a la parte quejosa para que en el término de tres días proporcionara el domicilio actual y correcto de aquéllos, sin que a la fecha obre en autos el desahogo de dicho requerimiento. Ahora bien, del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, así como de las constancias que del juicio de origen adjuntó al mismo, se desprende que el propio quejoso ******* fue quien denunció el juicio sucesorio intestamentario 1129/2005, a bienes de ****** -sumario del que deriva el acto reclamado en esta instancia constitucional-. Aunado a lo anterior, del citado informe justificado también se evidencia que seguido en sus fases procesales dicho juicio intestamentario, mediante interlocutoria de treinta y uno de enero de dos mil seis, se declararon como únicos y universales herederos al referido justificable Leonardo Sabas Colín Martínez junto con los terceros interesados *******, todos de apellidos *****. En consecuencia, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a la parte quejosa para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el domicilio actual y correcto de los citados terceros interesados; apercibida que en caso de ser omisa, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cincuenta a mil unidades de medida y actualización, sin perjuicio de que el llamamiento de tales terceros se ordenará por edictos a su costa. Sirve de apoyo a tal determinación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 538 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, de la Octava Época que es del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados." Atento a lo expuesto, para dar margen a que se lleve a cabo la encomienda en cita y no violar las reglas del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las nueve horas con diez minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo Notifíquese y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de dos del mes y año en curso, se acordó la razón de imposibilidad del Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, de emplazar a juicio a los terceros interesados **************, todos de apellidos ****, y dado que el domicilio al que se ordenó llamarlos a esta instancia derivó del señalado en las constancias que remitió la responsable como complemento a su informe justificado; por consiguiente, se ordenó requerir a la parte quejosa para que en el término de tres días proporcionara el domicilio actual y correcto de aquéllos, sin que a la fecha obre en autos el desahogo de dicho requerimiento. Ahora bien, del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, así como de las constancias que del juicio de origen adjuntó al mismo, se desprende que el propio quejoso ***** fue quien denunció el juicio sucesorio intestamentario 1129/2005, a bienes de Sabas Colín Martínez -sumario del que deriva el acto reclamado en esta instancia constitucional-. Aunado a lo anterior, del citado informe justificado también se evidencia que seguido en sus fases procesales dicho juicio intestamentario, mediante interlocutoria de treinta y uno de enero de dos mil seis, se declararon como únicos y universales herederos al referido justificable **** junto con los terceros interesados *****, todos de apellidos ****. En consecuencia, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a la parte quejosa para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el domicilio actual y correcto de los citados terceros interesados; apercibida que en caso de ser omisa, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cincuenta a mil unidades de medida y actualización, sin perjuicio de que el llamamiento de tales terceros se ordenará por edictos a su costa. Sirve de apoyo a tal determinación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 538 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, de la Octava Época que es del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados." Atento a lo expuesto, para dar margen a que se lleve a cabo la encomienda en cita y no violar las reglas del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las nueve horas con diez minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo Notifíquese y personalmente al quejoso.

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