Leonardo Rafael Parral Espinosa
Expediente 1912/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1912/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Leonardo Rafael Parral Espinosa
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la justicia de la unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante María Guadalupe Salazar Martínez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de diciembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio registrado con folio 30652, remitido por el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en atención a su contenido, se ordena agregar únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en ocho de diciembre actual se dictó la sentencia correspondiente, en la cual, dada la omisión del mismo, se presumió como cierto el acto reclamado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante María Guadalupe Salazar Martínez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con dos minutos del día ocho de diciembre de dos mil dieciséis, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, estando en audiencia pública el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Jorge Carenzo Rivas, asistido del Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien legalmente actúa, procede a dar inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1912/2016, promovido por Leonardo Rafael Parral Espinosa, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que obran en autos, entre las que se destacan por su importancia el escrito inicial de demanda y auto admisorio, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En este acto, el Secretario da cuenta al Juez, con el escrito registrado con el folio 030470. Al respecto, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes, lo cual será tomado en consideración al momento de resolver en definitiva; ahora, respecto del ocurso de cuenta, se ordena glosar el mismo a los autos para que obre como corresponda, teniéndose por hechas sus manifestaciones en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, la documental que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana que ofreció en el escrito de cuenta. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Acto seguido, se procede abrir el periodo de alegatos, en el que se tienen por desahogados los formulados por el quejoso, por lo que se procede a cerrar este periodo, consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 1912/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el siete de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día a este Juzgado, Leonardo Rafael Parral Espinosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Contralor Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por el acto que a continuación se transcribe: "4.- ACTO RECLAMADO: La falta de contestación a mi solicitud de fecha 05 de Septiembre del año 2016." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como garantía violada la contenida en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. TERCERO. Por cuestión de turno la demanda de amparo le tocó conocer a este Juzgado Primero de Distrito, la que se admitió y quedó registrada con el número 1912/2016; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del acta que antecede, en la que se ordenó dictar la sentencia definitiva que se emite al tenor de los siguientes; C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48,49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por los numerales 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia administrativa en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Del análisis integral de la demanda de garantías, en acatamiento a lo indicado en la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo y en la Jurisprudencia 19, visible en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En esencia, se aprecia que el acto de molestia en esta instancia constitucional se hace consistir: * La falta de respuesta al escrito presentado ante la responsable en fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, a través del cual el quejoso solicita se le informe si existe un procedimiento en su contra y en su caso, expedición de copia certificada de la queja que exista. La autoridad responsable Contralor Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificado, tal y como se acredita con el acuse de recibo que obra a foja 12; por tal razón, y, ante la falta del informe solicitado, se presume cierto el acto que se le atribuye, conforme a lo dispuesto por el artículo 117, tercer párrafo de la Ley de Amparo. TERCERO. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar si en el caso, se surte alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61 de la ley de Amparo, las cuales por ser de orden público, sea que las partes las aleguen o no, deben estudiarse oficiosamente, en términos del último párrafo del numeral 61 mencionado. En virtud de que ninguna de las partes hace valer alguna causal de improcedencia, y como este juzgado tampoco advierte que se actualice una de ellas, lo procedente es entrar al estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. CUARTO. El quejoso expresó como conceptos de violación los contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos, como si se insertaran al pie de la letra. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 477, visible en la página 414 y siguiente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la legalidad de la misma". QUINTO. El argumento expresado por la parte quejosa, a guisa de concepto de violación, es esencialmente fundado, por las consideraciones que a continuación se indican. Como premisa mayor se destaca que el acto generador de molestia que se reclama en esta instancia constitucional, se hace consistir en la falta de respuesta al escrito presentado ante la responsable en fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, a través del cual el quejoso solicita se le informe si existe un procedimiento en su contra y en su caso la expedición de copia certificada de la queja que exista, según consta en el acuse correspondiente (foja 12). En ese sentido es oportuno establecer lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Federal, en el cual se señala: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacifica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". En dicho numeral se establece como garantía individual el llamado derecho de petición, el que consiste en que todo gobernado pueda dirigirse a las autoridades con la certeza de que recibirá una respuesta a la solicitud que se le formula, es decir, es un derecho a recibir una respuesta por parte de la autoridad a quien se le expresa una petición. Ahora, de un estudio integro de la demanda de amparo promovida por el titular de la acción constitucional y en atención a la causa de pedir, se tiene que la autoridad responsable viola en su perjuicio el contenido del numeral 8° constitucional, pues este numeral establece que los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, por lo que al no haberle propiciado una contestación a su petición violó en su perjuicio dicho precepto. Por otra parte, y toda vez que la autoridad responsable Contralor Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, fue omiso en rendir su informe justificado no obstante de estar debidamente notificado para ello; por tal razón, se presume cierto el acto que se le atribuye, conforme a lo dispuesto por el artículo 117, tercer párrafo de la Ley de Amparo. En ese contexto, se estima esencialmente fundado y suficiente lo argüido por la parte impetrante de garantías para conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada; pues, efectivamente, el acto de carácter de negativo generador de molestia vulnera garantías constitucionales de la parte quejosa, por cuanto que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho de petición al establecer la obligatoriedad de que a toda petición de los gobernados planteada de manera correcta y respetuosa ante los funcionarios y empleados públicos, debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se dirige, la que además deberá comunicar al interesado en breve término su respuesta conforme a las disposiciones de la ley aplicable que rige el acto. En efecto, de las constancias que obran en autos se advierte que la autoridad responsable no rindió su informe justificado, por tanto, se presume cierto el acto que se le atribuye; por lo tanto, es claro que dicha conducta omisa por parte de la responsable, vulnera la garantía consagrada en el precepto 8° constitucional, en agravio del impetrante. En las anotadas circunstancias, se arriba a la conclusión de que en el caso a estudio se vulnera la garantía constitucional de la parte amparista, tomando en consideración que el impetrante exhibió el acuse de recibo del escrito presentado ante la responsable en fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, que contiene el sello de recibido por la autoridad responsable, mismo que se formuló de manera pacífica y respetuosa, en esa virtud, la autoridad responsable, estaba obligada a cumplir con la garantía contenida en el magno precepto 8° constitucional, que determina que si la petición es formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa, forzosamente deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario conforme a las disposiciones de la ley aplicable que rige el acto, como en todo caso le resulta obligatorio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número P./J.68/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XII, agosto de 2000, en la página 38, la que por rubro y texto dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo". Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número XVII.2o.C.T.14 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del decimoséptimo Circuito, en la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XX, agosto de 2004, en la página 1589, la que por rubro y texto dice: "DERECHO DE PETICIÓN. AUN CUANDO EN LA DEMANDA NO SE HAYA SEÑALADO EXPRESAMENTE VIOLACIÓN A DICHA GARANTÍA, ATENTO EL PRINCIPIO DE "INTERPRETACIÓN CONFORME", EL JUEZ AL RESOLVER DEBE APLICAR ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. Aun cuando el quejoso en su demanda haya omitido señalar de manera expresa la garantía individual prevista en el artículo 8o. constitucional, en acatamiento al principio de "interpretación conforme", el juzgador de amparo, al resolver la litis planteada debe aplicar el mencionado precepto constitucional, que establece el derecho que tiene todo gobernado a que se le dé respuesta cuando formula una petición a la autoridad, pues ésta tiene una obligación derivada de esa garantía que se traduce en un actuar (dar respuesta), que es la esencia de este derecho fundamental. Por tanto, la simple omisión de la autoridad responsable de contestar la petición que el impetrante de garantías le formula, en sí misma resulta inconstitucional; más aún cuando en el juicio de amparo rige el principio de que en caso de duda debe resolverse lo más favorable a los derechos fundamentales del gobernado, por constituir éstos una característica esencial del Estado constitucional". Cobra aplicación al caso el criterio jurisprudencial 78, visible en la página 88, del Tomo III, Materia Administrativa, Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE, EN CASO DE REQUISITOS REGLAMENTARIOS. Aunque es cierto que el derecho de petición no releva a los particulares del cumplimiento de las exigencias que la legislación establezca en cada caso, también es verdad que, sea que el solicitante satisfaga o no los requisitos reglamentarios, en todo caso debe la autoridad dictar acuerdo, dentro de breve plazo, respecto de la petición, y comunicarlo, también dentro de breve término, al solicitante. En el supuesto de que el quejoso no haya cumplido las condiciones reglamentarias correspondientes, no obstante que las mismas se le hayan exigido por la autoridad, esto será motivo para pronunciar una resolución denegatoria, pero no para abstenerse de emitir acuerdo acerca de la solicitud.". Del mismo modo, sustenta lo anterior la jurisprudencia 81, consultable en la página 91, Tomo III, Materia Administrativa, Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la última compilación oficial, que textualmente dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. NOTIFICACIÓN DE TRÁMITES. El artículo 8o. constitucional se refiere no sólo al derecho que los particulares tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también al de los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber, en breve término, a los interesados, todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones". Por lo tanto, si la responsable no cumplió con la observancia al derecho de petición, infringe en perjuicio de la parte quejosa, Leonardo Rafael Parral Espinosa, la garantía que tutela el precepto constitucional citado y en vía de consecuencia, procede concederle el amparo y protección solicitado, para el efecto de que la responsable dé cabal cumplimiento a las exigencias que garantiza el magno numeral 8° constitucional y que toda autoridad debe observar, como lo son el dictado del acuerdo relativo a la petición y la comunicación de la respuesta en breve término al interesado conforme a las disposiciones de la ley aplicable que rige el acto. Lo anterior en el entendido de que la concesión del amparo en los términos apuntados, no prejuzga sobre la procedencia o no, de la solicitud formulada, por lo que sus efectos son única y exclusivamente para que la autoridad responsable en pleno uso de sus atribuciones y facultades, resuelva de inmediato lo que considere pertinente en relación al escrito elevado a su consideración y lo notifique al impetrante de amparo. Resulta de aplicación al caso, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, con el número 3ª. XXXIV/92, Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." SEXTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Leonardo Rafael Parral Espinosa, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, que se precisó en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expuestos en considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando sexto de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Jorge Carenzo Rivas, ante el Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien actúa y da fe.-
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en la que se determina: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege... lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en proveído de ocho de noviembre del año en curso
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