Leonardo Quintero Lavigne
Expediente 1210/2017 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1210/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/01/2018
Partes del expediente
- Leonardo Quintero Lavigne
Actuaciones
- Principal
Tengase por recibido el oficio y anexos de la superioridad, en atención a lo anterior, se desecha la demanda de amparo por los motivos expuestos en el auto de merito
- Principal
POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE: Ténganse por recibidos el oficio y anexos que remite la Secretaria de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el conflicto competencial 29/2017, en la que se resolvió que este órgano jurisdiccional es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Leonardo Quintero Lavigne. Acúsese recibo, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Agréguese cuaderno de antecedentes. En consecuencia, atento a lo considerado en la resolución del tribunal de alzada, se revoca el auto de veintiocho de noviembre del año pasado (en el cual este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada), y en cumplimiento a las disposiciones de la ejecutoria se provee de la siguiente manera. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Leonardo Quintero Lavigne por su propio derecho, contra los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y otras autoridades, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "Octava Época Registro: 221353 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 198 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia consigna lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Además, el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. [.]". De la interpretación armónica de los artículos antes transcritos, se tiene, en lo que aquí interesa, que el amparo indirecto es improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución o de la ley de la materia; y que, en los juicios de amparo, las sentencias que se pronuncien, sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado. Ahora, de la demanda de amparo se tiene que la parte quejosa, en síntesis, reclama: Del Gobernador, Secretario General de Gobierno, del Congreso del Estado y del Director de Publicaciones y del Periódico Oficial, todos del Estado de Jalisco (en su calidad de ordenadoras): ? La promulgación, sanción, publicación y puesta en vigor de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, en específico la inconstitucionalidad de su artículo 23, al no considerar el levantamiento de acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género. Del Director General del Registro Público de la Propiedad y Comercio, del Oficial del Registro Civil Uno de Tequila, del Director General del Registro Nacional de Población e Identificación personal, Delegación Jalisco, y del Director del Servicio de Administración Tributaria, Delegación Jalisco, todos del Estado de Jalisco (en su calidad de ejecutoras): ? La violación a su derecho de libre desarrollo de la personalidad, y la no discriminación y protección de datos personales, con motivo de la negativa de resguardo de su acta de nacimiento primigenia emitida, en su momento, por el Registro Civil del Estado de Jalisco y, además, la negativa de las demás autoridades de respetar su identidad de género. Al efecto, resulta necesario precisar, que el acto reclamado por la parte quejosa no estriba propiamente en la inconstitucionalidad del artículo 23 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, sino que, por el contrario, deriva de una omisión legislativa. Para evidenciar lo anterior, precisa destacar que en el punto segundo del capítulo de antecedentes, el quejoso indicó: "[.] SEGUNDO.- En base a lo anterior acudí ante la Oficina de Registro Civil número 4 cuatro del municipio de Guadalajara, Jalisco, presentando escrito oficio No. 586/2016, por ser la que cuenta con el registro de mi acta de nacimiento primigenia, para que en cumplimiento a lo que establece el Artículo 135 Ter. De la Ley del Registro Civil del Distrito Federal, se realice la anotación correspondiente en el sentido del trámite administrativo de cambio de género que he realizado y que dicha Acta quedara reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial [.]." (sic). Lo anterior evidencia que, en el caso, la causa de pedir que motiva al quejoso a reclamar la inconstitucionalidad del artículo 23 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, no deriva de circunstancia alguna en que, dicho precepto, tenga porciones normativas contrarias a la Carta Magna o a los Tratados Internacionales que el Estado Mexicano a firmado y ratificado. Por el contrario, la causa de agravio deriva en la omisión de las autoridades que señaló como ordenadoras, de establecer en la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, específicamente en su artículo 23, el supuesto que el quejoso señala como de levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género. Circunstancia que se corrobora al considerar que, tal como indica el quejoso en el punto segundo de antecedentes, antes trascrito, su petición radica en que se cumpla lo establecido por el "artículo 135 Ter de la Ley del Registro Civil del Distrito Federal". Lo cual, conviene aclarar, en la actual Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, no existe la ley que indica el quejoso, pues, en su caso, la porción normativa a que alude se encuentra prevista en el artículo 135 Ter, párrafo tercero, del Código Civil de la Ciudad de México, que dispone: "Artículo 135 TER. Para realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, las personas interesadas deberán presentar: I. Solicitud debidamente requisitada; II. Copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto de que se haga la reserva correspondiente; III. Original y copia fotostática de su identificación oficial, y IV. Comprobante de domicilio. El levantamiento se realizará en el Juzgado Central, se procederá de inmediato a hacer la anotación y la reserva correspondiente; si se hiciere en un Juzgado distinto, se dará aviso mediante escrito al Juzgado en que se encuentre el acta de nacimiento primigenia para los mismos efectos anteriormente señalados. El acta de nacimiento primigenia quedará reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial. [.]". Lo resaltado es propio de este juzgador. Bajo ese orden de ideas, se corrobora que la causa de agravio del aquí quejoso, gravita en torno a una omisión legislativa que atribuye a las autoridades que señala como ordenadoras, al haber sido omisas en incluir en el artículo cuya inconstitucionalidad pretende, el trámite previsto para el caso del levantamiento de una nueva acta de nacimiento por identidad de género. Lo cual, se puede constatar, con el propio texto del numeral cuya inconstitucionalidad se reclama; mismo que es del contenido siguiente: "Artículo 23. Estará a cargo de los oficiales del Registro Civil, hacer constar los hechos y actos del estado civil y extender las actas relativas a: I. Nacimiento, reconocimiento de hijo y adopción; II. Matrimonio y divorcio; III. Defunción, declaración de ausencia y presunción de muerte; IV. Tutela y tutela voluntaria; V. Emancipación; y VI. Pérdida o limitación de la capacidad legal para administrar bienes y el levantamiento de esta restricción; VII. Inscripciones generales y sentencias." En mérito de lo anterior, se tiene que lo reclamado por la parte quejosa constituye, en esencia, la omisión legislativa en que incurrieron las autoridades que señala como responsables, al no incluirse en el artículo 23 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, el trámite que, a su decir, debe realizarse una vez obtenida una nueva acta de nacimiento por identidad de género, así como las consecuencias que de ello derivan, en la ejecución que atribuye a las diversas autoridades que señala como ejecutoras. Precisado lo anterior, resulta relevante considerar que en el juicio de amparo, prevalece el principio de relatividad de las sentencias, tal como prevé el párrafo primero, de la fracción II, del artículo 107 de la Carta Magna, antes transcrito. Motivo por el cual, para el caso de concederse la protección constitucional al quejoso, su efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión que le atribuye, dando así efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernantes y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación, el hecho de que el artículo 103, fracción I, del Pacto Federal, establezca que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, ya que dicho precepto no contempla la posibilidad de que puedan reclamarse omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Carta Magna, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales. Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional, que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se contempla la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y cuya figura no implicaría que cada amparo que se hubiere promovido se tenga que dar a la concesión del mismo, efectos erga omnes, pues, contrario a ello, sólo se otorga la protección a cada quejoso en particular, y si bien, se puede llegar a declarar la inconstitucionalidad de la ley, con efectos generales, ello corresponde a un procedimiento diverso en el cual se tienen que cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, que se establezca jurisprudencia por reiteración. Sin embargo, la nueva ley no contempla la posibilidad de que, a través de una sentencia de amparo se puedan dar efectos generales. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, antes trascrito, se desecha la demanda de amparo que nos ocupa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente.
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