Leonardo Pineda Salazar
Expediente 944/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Leonardo Pineda Salazar
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de octubre de dos mil veintitrés. 1. Se glosa registro. Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al que adjunta el testimonio de la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, relativa al recurso de queja interpuesto por *******, en contra del auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, así como un juego de copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa; ejecutoria que en su único punto resolutivo, precisa: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por *****, contra el auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo indirecto 944/2023, por la Jueza Octava de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Notifíquese." Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Sin que haya lugar a glosar las copias certificadas del presente juicio de amparo lo anterior para un manejo del presente asunto. 2. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional 3. Archivo del expediente. En virtud de que el juicio de amparo en que se actúa ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. 4. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción IV, del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. 5. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. 6. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. 7. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). Notifíquese
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. 1. Se agrega oficio de admisión de recurso de queja. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del escrito de agravios presentado por la parte quejosa, así como un legajo de copias del juicio en que se actúa, e informa a este órgano jurisdiccional que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos, quedando registrado con el consecutivo 279/2023; de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. 1. Se agrega escrito de interposición de recurso de queja. Por recibido el escrito signado por **********, autorizado de la parte quejosa, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y, 101, de la Ley de Amparo, remítase el escrito de expresión de agravios, así como copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del medio de impugnación de referencia al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. 2. Ríndase informe con justificación. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe con justificación correspondiente, en el sentido de ser cierto el acto que se impugna, el cual se encuentra ajustado a derecho, por las razones que en el mismo se expresan. 3. Se ordena hacer disponible expediente electrónico. Por otro lado, comisiónese al Oficial Judicial A, para efectos de que haga disponible el expediente electrónico al órgano colegiado que corresponda. Asimismo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa; particularmente las relativas a la interposición del recurso precisado en párrafos anteriores, ello con la finalidad de que el Tribunal Colegiado que conozca del medio de impugnación correspondiente se encuentre en condiciones legales de resolver el mismo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Tribunal Colegiado Oficio
- Principal
En Naucalpan de Juárez, Estado de México a tres de agosto de dos mil veintitrés, César Daniel Carmona Rojas Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, CERTIFICA: a) En la presente demanda sí se solicitó la suspensión del acto reclamado pero no se trata de un asunto en el que se deba conceder la suspensión de oficio y de plano, en términos de los artículos 15 de la Ley de Amparo, 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. c) Que, al consultar el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal "http://ciber.cjf.gob.mx/RegProf/Entrada_Login.asp", se advirtió que sí se encuentra registrada la cédula profesional a nombre de Alejandro Vázquez Beltrán. d) El presente expediente se encuentra debidamente digitalizado en el sistema de expediente electrónico y que coincide en su totalidad con el expediente impreso como lo dispone el artículo 3 de la Ley de Amparo. Lo que se certifica para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta a la Jueza, con el escrito de demanda registrado en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, bajo folio 944 y con la certificación secretarial de cuenta. Conste. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a tres de agosto de dos mil veintitrés. CESAR DANIEL CARMONA ROJAS Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 944/2023 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por Leonardo ,,,,,,,,,, por propio derecho en contra de actos reclamados del Juez Sexagésimo Sexto Civil de la Ciudad de México (antes Juzgado Vigesimocuarto Civil de Cuantía Menor) y otras autoridades, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 944/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 3. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." 4. Causal de improcedencia advertida. En ese contexto, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: "III. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. LA ORDENADORA JUZGADO 66 CIVIL (ANTES 24 CIVIL DE CUANTÍA MENOR) DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y COMO EJECUTORAS JUZGADOS SÉPTIMO Y OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN ATIZAPÁN EN EL ESTADO DE MÉXICO, TODAS DE DOMICILIO CONOCIDO. IV. ACTOS RECLAMADOS: DE LA ORDENADORA JUZGADO 66 CIVIL (ANTES 24 CIVIL DE CUANTÍA MENOR) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN EL JUICIO 1024/2018, EL PASADO SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS Y SU EJECUCIÓN A CARGO DEL JUZGADO SÉPTIMO U OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN ATIZAPÁN EN EL ESTADO DE MÉXICO, QUE LES CORRESPONDERÁ INDISTINTAMENTE POR RAZÓN DE SU TURNO." Ahora, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesa en el orden que se citan establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y Dichas porciones normativas establecen que el juicio de amparo será improcedente, contra actos que no sean de imposible reparación. En ese sentido, es dable establecer que es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia P./J.24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, Página 11, con número de registro 205651, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En efecto, para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, se debe atender a que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. De no actualizarse ese supuesto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado, en su caso, deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 170 fracción I, 171 y 172 de la Ley de Amparo. En ese orden, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución o algún tratado internacional celebrado por el Estado Mexicano, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Por su parte, la Carta Magna y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que puedan surgir en el procedimiento jurisdiccional; por el contrario, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". De igual forma, la Ley de Amparo, reitera lo previsto en la Carta Magna en su artículo 170 fracción I, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107 fracción III, inciso a), de la Constitución y 170 fracción I, de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso b) y c), y que indica el artículo 107, fracciones IV, V y VI, de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto. En consecuencia, el auto de siete de julio de dos mil veintitrés, por el cual la Jueza Sexagésimo Sexta Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, en el juicio 1024/2018, autorizó la ampliación de embargo de bienes propiedad de los quejosos, no es susceptible de reclamarse en amparo indirecto, por no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, aunado a que los mismos son la parte demandada en dicho juicio ejecutivo mercantil. Por tanto, se estima que dicha actuación no constituye un acto de imposible reparación, susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, al no producir de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales de los hoy amparistas, razón por la cual resulta improcedente el presente juicio de amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia por contradicción de tesis, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 39, cuyo rubro y texto son: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, visible en la página 280, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." 5. Se desecha demanda de amparo. Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ,,,,,,,,,,,,,. 6. Autorizados, correo electrónico y domicilio. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Vázquez Beltrán, quien cuenta con su cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho. Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de autorización de correo electrónico que refieren, dígaseles que, no ha lugar a autorizar dicho medio de comunicación, ello en atención a que el mismo no se encuentra previsto dentro de los supuestos enunciados en el artículo 26 de la Ley Amparo. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal sin ulterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se comisiona a la persona actuaria adscrita para que por única ocasión notifique el contenido del presente proveído en el domicilio ubicado en calle ,,,,,,,,,, en el Estado de México. 7. Uso de medios electrónicos. Por otra parte, con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, autorizados, delegados y autoridades respónsales, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Son aplicables a lo anterior, los criterios sustentados en las tesis números I.3o.C.725 C y I.1o.A.23 K (10a.), cuyos rubros son los siguientes: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."1 y "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."2 . 8. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 9. Notificación a las partes. Se instruye a la persona Secretaria y al Oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore, el contenido y envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en la persona Actuaria de la adscripción. a. En juicios de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir un oficio de notificación, la persona actuaria deberá informarle que, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que, si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada. b. Incluso cuando las autoridades no tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible que en amparos urgentes tramitados electrónicamente, las notificaciones a las autoridades responsables (previstas a su vez en el precepto 26, fracción II, de dicho ordenamiento) se hagan a través de cualquier medio oficial, incluyendo un "oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica", el cual puede enviarse por correo electrónico institucional. 10. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental3 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma
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