Leonardo Orea Torres
Expediente 109/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Leonardo Orea Torres
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de siete de febrero de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes el auto que desechó la demanda promovida por ***háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que en el presente expediente no existe actuación alguna que realizar, promoción pendiente por acordar o documento original por devolver, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico, por lo que con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, con esta fecha se archiva el presente asunto como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen....M-VII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de febrero de dos mil veintitrés. LA PARTE QUEJOSA CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, a través del cual da cumplimiento a la prevención realizada en acuerdo de veinticinco de enero del año en curso, para lo cual señala la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados en el presente juicio. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por el quejoso de mérito, toda vez que esta juzgadora federal advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. . Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los dispositivos legales transcritos se advierte que, por regla general, para la promoción de la demanda de amparo, el término será de quince días, cuyo cómputo deberá realizarse de acuerdo con lo siguiente: a) Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución reclamada. b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido de que, de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años. En ese sentido, el quejoso Leonardo Orea Torres reclama su notificación y emplazamiento al juicio escrito familiar 1044/2018, así como todo lo actuado en dicho juicio, motivo por el cual, para esos actos, rige la regla genérica contenida en la primera parte del artículo 17 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la acción constitucional debe ejercerse dentro del plazo de quince días. Entonces, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la promoción de la demanda de amparo debe iniciar a computarse desde el día siguiente a aquél en que el quejoso se ostenta sabedor del mismo. En el caso, en el escrito de cuenta el quejoso manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el doce de octubre de dos mil veintidós tuvo conocimiento de los actos reclamados. Lo que conduce a sostener que el solicitante de amparo se ostenta sabedor de los actos reclamados, por lo menos, desde el doce de octubre de dos mil veintidós, por lo que considerando esa fecha para computar el término para la presentación de la demanda, éste comenzó a correr a partir del día siguiente, es decir, del trece de octubre de dos mil veintidós y feneció el siete de noviembre siguiente, sin contar los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve, treinta y treinta y uno de octubre, así como uno, dos, cinco y seis de noviembre, todos de dos mil veintidós, por ser inhábiles. Por tanto, es evidente que la demanda de amparo no fue promovida dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que fue presentada hasta el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, vía buzón judicial, es decir, después de fenecido su plazo, por lo que es incuestionable que fue presentada fuera de término. En efecto, dicho término transcurrió en exceso a la fecha de su presentación, lo que conduce a afirmar que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Lo anterior, aunado a que no se está ante alguna de las excepciones previstas en el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es de los que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Es aplicable, por ser compatible con las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, Junio de 1993, página 235, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Así, al actualizarse la causal de improcedencia anteriormente invocada, con fundamento en el artículo 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por ***. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes....M-VII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de enero de dos mil veintitrés. NO HA LUGAR A DEVOLVER BILLETE DE DEPÓSITO. Visto el escrito de cuenta a través del cual el quejoso ***, solicita la devolución del billete de depósito que dejó en garantía en el presente juicio y que ampara la cantidad de $***(*** pesos 00/100 m.n.). En su atención, dígase al promovente que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, toda vez que en auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se le efectivo el apercibimiento decretado en el diverso de quince de junio de dos mil dieciséis, al no haber comparecido ante este juzgado federal a recoger el billete de depósito ***, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en el término ahí establecido, y dicho título de valor fue remitido al Director General de Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, para su prescripción en favor del erario federal. Finalmente, devuélvase este expediente al archivo definitivo de este juzgado para su guarda y custodia....M-I
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