Leonardo Omar Espinoza Barragán

Expediente 120/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
120/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
04/03/2019

Partes del expediente

  • Leonardo Omar Espinoza Barragán

Actuaciones

  1. Principal

    Visto los oficios que remiten el Procurador Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública, el Jefe del Área de Amparos de la Secretaría de Transporte y el Director General de Jurídico de la Secretaría de Seguridad, todas del Estado de Jalisco, por las que realizan manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo respectiva; agréguense a los autos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, resulta pertinente hacer síntesis de las siguientes actuaciones practicadas en el presente juicio de amparo indirecto: I) Mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho causó estado la sentencia interlocutoria originada en el incidente innominado tramitado con la finalidad de cuantificar en cantidad líquida las prestaciones a las que tenía derecho la parte quejosa con motivo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo concedida a fin de que las autoridades responsables a través de la dependencia correspondiente pagaran a la parte garantista la indemnización y demás prestaciones a que tenía derecho por el puesto que desempeñaba al momento en que se dio la terminación jurídica respectiva. II) Vía la exhibición de los oficios respectivos, la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco solicitó una prórroga a fin de cumplir la ejecutoria de amparo; lo cual, fue acordado de conformidad por autos de trece de diciembre siguiente y tres de enero de dos mil diecinueve. III) No obstante lo anterior, la aludida Secretaría de Transporte presentó una comunicación oficial por la que informó una supuesta imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo; toda vez, que con motivo a la vigencia de la reciente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, ello correspondía a la Secretaría de Seguridad de la aludida Entidad Federativa como encargada de los funcionarios que detentaban el cargo de Policía Vial, tal y como lo hicieron la parte quejosa. Por tanto, se vinculó a cumplimiento a esta última y se le requirió para que lo hiciera dentro cierto término. IV) Sin embargo, la referida Secretaría de Seguridad allegó un oficio por el que manifestaba una supuesta imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo; toda vez, que con motivo a la vigencia de la reciente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y contrario a lo argüido por la Secretaría de Transporte, ello competía a esta última Secretaría; ello, con fundamento en el artículo transitorio séptimo. Como consecuencia de lo anteriormente considerado, infórmesele tanto a la Secretaría de la Hacienda Pública, Secretaría de Transporte y Secretaría de Seguridad, totalidad de autoridades del Estado de Jalisco -COMO AUTORIDADES QUE SE VINCULAN AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA ORIGINADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO-, que el cumplimiento implica una obligación de pago a su cargo y en favor de la parte quejosa; por lo que, debe tomarse en cuenta que si alguna de éstas goza de las atribuciones para disponer de los recursos presupuestales que permitan efectuar el pago respectivo, aun cuando los recursos no estén destinados específicamente para tal fin, aquéllas deberán realizar el pago correspondiente para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Sin que ello implique violación alguna al artículo 126 de la Constitución General de la República; lo anterior, con fundamento en las razones que informa la tesis P. XX/2002 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 187083, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO". En ese orden de ideas, es menester establecer que las aludidas autoridades deben necesariamente acudir a los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado; tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, y por otra, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede establecer obstáculos al cumplimiento de una sentencia de amparo. Tienen aplicación las jurisprudencias P./J. 5/2011 y P./J. 8/2011 sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, números de registros 162469 y 162470, de rubros: ""SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN" y "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL". Consecuentemente, con fundamento en los artículos 192, cuarto párrafo, y 193, tercer párrafo, de la ley de la materia se requiere a la Secretaría de la Hacienda Pública, Secretaría de Transporte y Secretaría de Seguridad, totalidad de autoridades del Estado de Jalisco, como AUTORIDADES QUE SE VINCULAN AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA ORIGINADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO-, para que dentro del término de tres días den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo de nueve de enero de dos mil dieciocho, de conformidad a lo determinado en la sentencia interlocutoria del incidente innominado pronunciada el doce de noviembre pasado, remitiendo constancia fehaciente de ello. Con el APERCIBIMIENTO que de no acatar lo anterior, en el lapso indicado, sin causa justificada, se les impondrá a cada uno de ellos, una multa en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Primero, porque el artículo 126 de la Carta Magna acepta que el presupuesto de egresos no sea estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues de su propio texto subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior a su aprobación; por tanto, sí prevé la posibilidad de su modificación para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, gasto que necesaria e ineludiblemente deben autorizar las referidas autoridades vinculadas, por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es completa, impostergable, inexcusable y conforme lo ordena este juzgador de garantías. Segundo, porque el sistema general de adecuaciones presupuestarias constituye un mecanismo efectivo para ello; pues, una interpretación contraria -impedimento en acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y tener como única opción el agotar los recursos destinados originalmente a la partida respectiva-, implicaría atribuir una regulación contraria a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, ya que constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, al generar un sistema al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente. Todo lo anterior, con fundamento en las razones que informan los criterios: Tercero, porque si bien es cierto que el mando, coordinación y control de los funcionarios que detentan el cargo de Policía Vial -tal y como lo hicieron la parte quejosa- fue conferido a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, a partir de la entrada en vigor -seis de diciembre de dos mil dieciocho- de la reciente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; también cierto lo es, que de conformidad con el artículo transitorio séptimo de la indicada Legislación, los aspectos y procesos meramente administrativos relativos a la policía vial continuarán a cargo de la Secretaría del Transporte de la aludida Entidad Federativa, hasta que tuviera lugar las adecuaciones administrativas y legales necesarias para su implementación y operación por parte de la Secretaría de Seguridad. Condicionantes, que ninguna de las dos Secretarías ha justificado su actualización. Máxime si se toma en consideración, que vía oficios ST/DGA/202/2019 y ST/DGA/203/2019 la Secretaría de Transporte informó a la Secretaría de la Hacienda Pública ambas del Estado de Jalisco, que realizara las gestiones necesarias a fin de que se consignara de pago a la parte quejosa, las cantidades ***; comunicaciones oficiales que se ordena hacer del conocimiento a la última autoridad para los efectos legales que haya lugar.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, toda vez que la tercero interesada María del Carmen Torres Ortiz NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente de la sentencia dictada el 31/enero/2019; se le notifica por medio de la presente lista la resolución cuyos puntos resolutivos dicen: 1. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por el QUEJOSO, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando 3 de esta sentencia. 2. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE al QUEJOSO, por los motivos, fundamentos y para los efectos expuestos en el considerando 8 de esta sentencia.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte QUEJOSA NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el 14/enero/2019; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que se resolvió lo siguiente: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. En esas condiciones, atento a lo dispuesto en el numeral Décimo Primero, tercer párrafo, del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger las documentales que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

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