Leonardo Nadal Hernández
Expediente 644/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Leonardo Nadal Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
MESA IV. Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que el original de este incidente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se negó la suspensión provisional y definitiva; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA IV. Visto el estado de autos así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto de treinta y uno de julio del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, remítase al agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación FDS-5-02, adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, dependiente de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ocho tomos de pruebas que adjuntó a su informe justificado.
- Principal
MESA IV. Agréguese el oficio de cuenta mediante el cual la autoridad responsable rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrar la audiencia constitucional. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que proporciona la autoridad oficiante. En cuanto a su petición en el sentido de que se sobresea en el juicio de amparo, su manifestación se tomará en cuenta al momento de dictar el fallo respectivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten como pruebas las documentales que dicha potestad remitió en apoyo a su informe justificado, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que éstas son insuficientes para resolver el juicio de amparo en que se actúa; por tal motivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y el artículo 75 de este último ordenamiento, requiérase a la autoridad ministerial responsable para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia auténtica de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación CI-FNNA/D/UI-D-4/00140/10-2016 D-1. Es aplicable a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número 17/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del País, impresa en la página 108, Tomo V, febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En el entendido de que si hay actuaciones que la autoridad ministerial considere de sigilo, deberá tomar las medidas necesarias para preservar la reserva y el éxito de la carpeta de investigación, toda vez que es obligación del Juez de amparo, de acuerdo al artículo 117 de la ley de la materia, poner a la vista de todas las partes en el juicio de amparo las constancias relativas al acto reclamado. Por ende, se reitera a la autoridad ministerial que es bajo su más estricta responsabilidad remitir las constancias que den sustento a su informe justificado, sin perjuicio de que, de ser necesario teste los datos que considere pertinentes, para preservar el sigilo de la carpeta de investigación. Con el apercibimiento que de incumplir a lo anterior, con fundamento en los preceptos 237, fracción I, y 260, fracción II de la ley de la materia, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización, medio de apremio que se individualizará en su oportunidad acorde a las circunstancias que la motiven, atendiendo a los elementos objetivo y subjetivo que para tal fin deban cubrirse. Es aplicable a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis aislada XII.1o.10 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Página: 1089, Novena Época, que señala: "SIGILO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. CUÁNDO NO SE QUEBRANTA. Si el Ministerio Público Federal, a requerimiento de un Juez de Distrito, remite copias certificadas de una averiguación previa, no viola el sigilo que establece el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, si el quejoso figura como inculpado en la indagación."
- Incidental
MESA IV. V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 644/2018-IV-A, promovido por********************; y, Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a********************.
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