Leonardo Muñoz Mojica
Expediente 863/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 23 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 18/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Leonardo Muñoz Mojica
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Durango, Durango, a dieciocho de enero de dos mil veintidós. Intégrese el escrito de cuenta del quejoso ********************, mediante el cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, dígase al ocursante que de conformidad con lo establecido en la Circular SECNO/30/2021, en relación con los Acuerdos Generales 20/2021 y 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a este Juzgado de Distrito actualmente asiste el cincuenta por ciento del personal, esto es, para afrontar la carga de actividad presencial, por lo que mientras subsista la contingencia es imposible expedirle físicamente las copias que solicita. Sin embargo, de conformidad con lo que establece el artículo 13 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, está en aptitud de tramitar la consulta del expediente a través del "juicio en línea", a fin de que tenga la posibilidad de acceder al expediente electrónico, para lo cual deberá realizar las gestiones para que esté en aptitud de consultar de manera electrónica el expediente, esto es, genere el usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (PARA LO CUAL NO NECESITA FIRMA ELECTRÓNICA), en la liga de acceso para mayor facilitad https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, en la opción "Registrar usuario", y una vez obtenido lo proporcione a este órgano jurisdiccional para brindarle el acceso. En el entendido que si no cuenta con los medios electrónicos puede generar una cita QR para hacerlo mediante el equipo de cómputo que proporciona el Consejo de la Judicatura Federal a través de este Juzgado de Distrito. A la vez se le informa que la impresión de los acuerdos y resoluciones a que se tiene acceso a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación tienen el carácter de original, ya que cuentan con la firma electrónica de los servidores que en ellos actúan, por lo que desde ahí puede obtener las copias que solicita. Notifíquese.
- Incidental
Durango, Durango, a dieciocho de enero de dos mil veintidós. Intégrese el escrito de cuenta del quejoso Leonardo Muñoz Mojica, mediante el cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente cuaderno incidental, dígase al ocursante que de conformidad con lo establecido en la Circular SECNO/30/2021, en relación con los Acuerdos Generales 20/2021 y 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a este Juzgado de Distrito actualmente asiste el cincuenta por ciento del personal, esto es, para afrontar la carga de actividad presencial, por lo que mientras subsista la contingencia es imposible expedirle físicamente las copias que solicita. Sin embargo, de conformidad con lo que establece el artículo 13 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, está en aptitud de tramitar la consulta del expediente a través del "juicio en línea", a fin de que tenga la posibilidad de acceder al expediente electrónico, para lo cual deberá realizar las gestiones para que esté en aptitud de consultar de manera electrónica el expediente, esto es, genere el usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (PARA LO CUAL NO NECESITA FIRMA ELECTRÓNICA), en la liga de acceso para mayor facilitad https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, en la opción "Registrar usuario", y una vez obtenido lo proporcione a este órgano jurisdiccional para brindarle el acceso. En el entendido que si no cuenta con los medios electrónicos puede generar una cita QR para hacerlo mediante el equipo de cómputo que proporciona el Consejo de la Judicatura Federal a través de este Juzgado de Distrito. A la vez se le informa que la impresión de los acuerdos y resoluciones a que se tiene acceso a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación tienen el carácter de original, ya que cuentan con la firma electrónica de los servidores que en ellos actúan, por lo que desde ahí puede obtener las copias que solicita. Notifíquese.
- Incidental
Durango, Durango, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno. En virtud de que el cuaderno original de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; en su oportunidad procédase a su destrucción en el plazo establecido. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su destrucción en un plazo de seis meses, como lo establece el inciso a) de la fracción II, del numeral 20, del citado Acuerdo General, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
Durango, Durango, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Para los efectos legales conducentes, se tiene por recibido el oficio de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, mediante el cual se adhiere al informe que rindió la Secretaria Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de esta ciudad. Asimismo, intégrese al sumario el escrito del quejoso Leonardo Muñoz Mojica, mediante el cual evacua la vista que se le dio por auto del diez del mes en curso en relación al cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 196 de la Ley de Amparo, este órgano federal se avoca a resolver lo conducente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la propia autoridad. El artículo 77 del propio ordenamiento legal dispone que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito se concedió al quejoso Leonardo Muñoz Mojica la protección constitucional que solicitó para los siguientes efectos: "En tales condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Leonardo Muñoz Mojica para el efecto de que la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Durango: Deje insubsistente la resolución dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte en el procedimiento administrativo CSPCPHYJ/005/2020 b) Emita otra resolución, fundada y motivada, en la que valore los medios de convicción allegados a ese procedimiento administrativo, y subsane la incongruencia detectada con base en los puntos destacados en este fallo, y con libertad de jurisdicción resuelva lo conducente. Dicha concesión se hace extensiva respecto a los actos de ejecución que deriven de ese fallo y que se reprochan al Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública. Cabe destacar que el efecto de la sentencia no tiene el alcance que la autoridad reinstale o pague la indemnización correspondiente y las demás prestaciones a que el quejoso tenga derecho, en razón que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País al resolver el recurso de inconformidad 87/2013, determinó que la prohibición dispuesta en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, Constitucional, es absoluta, con independencia de la razón del cese o baja de los miembros de las instituciones policiales, por lo que ante la imposibilidad de su reinstalación, debe indemnizárseles; empero, en caso de que el fallo concesorio sea favorable por vicios de forma, que conlleven a la reposición del procedimiento, no existe obligación para la responsable de indemnizar, sino que esa obligación depende, en todo caso, de la existencia de una resolución de fondo, en donde se ponga de manifiesto lo injustificado del acto que hubiera provocado la terminación de la relación administrativa correspondiente, y no así, se insiste, respecto de vicios de forma que conlleven la reposición del proceso..". Sin embargo, en la ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en el juicio de amparo en revisión 81/2021, modificó los efectos de la dictada por este Juzgado, en los siguientes términos: ".De estas consideraciones se advierte que, con independencia del vicio (formal o de fondo), que conduzca a resolver que la terminación del servicio de un miembro perteneciente a una institución de seguridad pública fue injustificada, no es procedente el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de esa resolución, pues bajo ningún supuesto procederá su reinstalación o restitución; de ahí que, únicamente se debe obligar a la autoridad a resarcir de manera integral el derecho del que se vio privado el funcionario, mediante el pago de la indemnización y las prestaciones a que tenga derecho. Sobre este último punto, conviene precisar que la propia Segunda Sala del Máximo Tribunal, ha sustentado criterio en el sentido de que el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho", que forma parte de la obligación resarcitoria del Estado, debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente, en el cual, también quedan comprendidas las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo. Asimismo, la propia Segunda Sala, en una nueva reflexión, estimó que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, el constituyente otorgó a favor de los servidores públicos enunciados en el referido dispositivo, entre ellos, los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Estados y los municipios, el derecho al pago de una indemnización en el caso de que, a través de una resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente o administrativa, se resuelva que su separación o cualquier vía de terminación del servicio de la que fue objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos en estado de indefensión al existir una prohibición absoluta de reintegrarlos en el servicio, por lo que resulta acorde considerar que el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros de lo dispuesto por la Ley Fundamental, pues el espíritu del Legislador Constituyente, al incluir el apartado B, dentro del precepto 123 constitucional, fue reconocer a los servidores públicos derechos mínimos dentro del cargo o puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, la naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el Estado -en cualquiera de sus niveles- y el funcionario. Por tanto, concluyó que si dentro de la aludida fracción XIII, se establece el derecho de recibir una indemnización en caso de que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fuere injustificada y, por su parte, en las leyes especiales no se prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de tal concepto, es inconcuso que se recurrirse a lo dispuesto, como sistema normativo integral, no solo al apartado B, sino también al diverso apartado A, ambos del citado precepto constitucional; de ahí que, a fin de determinar el monto indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, debe apelarse a la fracción XXII, del apartado A, que consigna la misma razón jurídica que configura y da contenido a la diversa fracción XIII, del apartado B, a saber: el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el Estado ante la separación injustificada y sea la ley o, en su caso, la propia Constitución, la que establezca la imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones, estableció que a efecto de cuantificar el monto que corresponde a los servidores sujetos al régimen constitucional de excepción contenido en el arábigo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, como mínimo, el monto establecido en el diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el propio Constituyente refirió al permitir que fuese la normatividad secundaria la que los delimitara. En consecuencia, la indemnización engloba el pago de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario acudir al Pacto Federal, sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos ordenamientos.". Ahora bien, mediante oficio DMSP/CSPCPHYJ/092/2021, la Secretaria Técnica de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policía Honor y Justicia, remitió el cheque número 008793 a cargo de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por la cantidad de $149,814.88 (ciento cuarenta y nueve mil ochocientos catorce pesos 88/100 moneda nacional), con el cual se cubren las cantidades a que tiene derecho el quejoso conforme a lo ordenado en la sentencia que pretende cumplimentar. El quejoso Leonardo Muñoz Mojica mediante escrito presentado el pasado quince de octubre manifestó su inconformidad con el monto exhibido por la autoridad responsable, puesto que al treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho tenía una antigüedad de quince años con siete meses, y a la fecha son diecinueve años, pues es falso que se le haya dado de baja el veinte de octubre de dos mil veinte, y especifica otras prestaciones a las que tiene derecho. En virtud de lo anterior, se requirió a las autoridades responsables Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia y al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, ambos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de esta capital de Durango, para que remitieran a este Juzgado las pruebas documentales que justifiquen que la cantidad que ampara el cheque que se exhibió corresponde a los tres meses de salario, y veinte días por cada año de servicio, e informen su existe algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado; apercibidos que de no cumplir con esta determinación judicial se hará efectivo el apercibimiento contenido en acuerdo del veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. En cumplimiento a esa prevención, la Secretaria Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, a través de su oficio CSPCPHYJ/111/2021, informó que el Subdirector de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Durango, le remitió las constancias con las que se justifica que al quejoso se le pagaron los tres meses de suelto y los veinte días por año, así como la alta y baja del quejoso, mismas que acompañó a su oficio de cuenta; asimismo, informa que en la Ley de los Tres Poderes del Estado de Durango, rige el mismo criterio sustentado en la sentencia dictada en este juicio de garantías, en cuanto al pago de tres meses y veinte días de sueldo. Por su parte, la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, se adhirió al informe que rindió la autoridad responsable precisado en el párrafo que antecede. Ahora bien, conforme a la hoja de cálculo de liquidación exhibida por la autoridad responsable, se desprende que el aquí quejoso percibía un sueldo mensual de $10,811.87 (diez mil ochocientos once pesos 87/100 moneda nacional), con un salario diario de $380.40 (trescientos ochenta pesos 40/100 moneda nacional); por concepto de indemnización le pagaron la cantidad de $32,435.61 (treinta y dos mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 61/100 moneda nacional); $6,647.51 (seis mil seiscientos cuarenta y siete pesos 51/100 moneda nacional, equivalente a veinte días por año, y $125,058.80 (ciento veinticinco mil cincuenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional), por concepto de remuneración diaria ordinaria, menos el impuesto sobre la renta, y corresponde al importe consignado a través del cheque que exhibió esa autoridad responsable, y remite también una constancia de baja y alta del quejoso. El quejoso Leonardo Muñoz Mojica manifiesta su conformidad con el monto correspondiente a la indemnización constitucional, y respecto a la antigüedad que se le reconoció desde su reinstalación en diverso procedimiento, lo acreditará mediante el procedimiento correspondiente, y pide se ponga a su disposición la cantidad exhibida. Con apoyo en el numeral 196 de la Ley de Amparo, téngase por cumplido el fallo protector, puesto que la cantidad consignada a través del cheque depositado por la autoridad responsable, ampara los importes señalados en la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado, según lo reconoce el propio quejoso, con independencia de que el reconocimiento de la antigüedad lo hará valer en un diverso procedimiento; en su oportunidad archívese este asunto como concluido. Póngase a disposición del quejoso el cheque el cheque numero 0005893 expedido por la Institución Bancaria Banorte por la cantidad de $149,814.88 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL), y requiérasele para que acuda a este Juzgado debidamente identificado a fin de que se le haga entrega de dicho documento. Y dado que el Secretario encargado de la caja de valores no acude todos los días a laborar de manera presencial a este órgano jurisdiccional, dada la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COVID 19, se informa al quejoso que a fin de hacer la entrega del cheque en cuestión, debe comunicarse con antelación al número de teléfono 618 231 55 29. De manera que este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el inciso b), del artículo 18 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se considera que no tiene relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en los dispositivos 15 y 17 del citado Acuerdo General, en su oportunidad procédase a su depuración; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese, y en caso de que el Actuario verifique si alguna de las autoridades se encuentra en receso vacacional, y no cuenta con guardia que reciba los oficios correspondientes, entréguese al reanudar las labores, salvo las notificaciones urgentes.
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