Leonardo Mendoza Marín
Expediente 907/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leonardo Mendoza Marín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Ejecutoria Vistos los autos y la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO EJECUTORIA; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. Archivo, relevancia documental y destino del expediente En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Notificación Dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo, se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Firma y envío de oficios Se comisiona al actuario adscrito a efecto de que firme los oficios que deriven de este acuerdo; asimismo, los remita por correo electrónico, fax, interconexión o estafeta. En la inteligencia que si la dependencia u órgano jurisdiccional a la cual se encuentra dirigido no se encuentra laborando atendiendo a la contingencia sanitaria, deberá realizar la razón respectiva y entregarlo hasta en tanto reanuden labores. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades correspondientes.
- Principal
El día de hoy, queda notificada la parte quejosa, por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio de amparo 907/2022; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante la cita que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ART. 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Como puede verse, el precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha cesado en sus efectos y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Lo anterior, porque el juicio no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es restituir a la peticionaria en el pleno goce y respeto del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión; así, para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso particular, la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca de acordar su escrito de veintiuno de julio de dos mil veintidós y de dar contestación al oficio número 1938 de veinte de junio del mismo año, por los que se solicita a la autoridad señalada como responsable dejar sin efecto el descuento de pensión alimenticia provisional ordenado en el expediente civil * * * * * * *, del índice de la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, así como realizarle entrega de las cantidades que hubieran sido retenidas por dicho concepto, lo cual aduce resulta violatorio de su derechos constitucionales consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17. Luego de las copias certificadas remitidas por la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, al rendir su informe con justificación, se advierte que el veintiséis de agosto y cinco septiembre, ambos de dos mil veintidós- fechas posteriores a la presentación de la demanda-, emitió la contestación correspondiente al oficio 1938 y al escrito presentado por el quejoso, materia del acto reclamado. Contestación que fue enviada por correo electrónico, al quejoso, el seis de septiembre del año en curso; en el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se recibió el siete de septiembre de este año y en la dirección de administración de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Oaxaca, el dos de septiembre pasado. Por ello, se deduce que han cesado los efectos de la omisión reclamada; toda vez que, si bien la autoridad responsable emitió la contestación correspondiente a las peticiones del quejoso respecto a la retención de pensión alimenticia respectiva, con fecha posterior a la presentación de la demanda, los alcances por los que se hubiera llegado a otorgar la protección constitucional, en su caso, se delimitarían en función del acto reclamado, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Por lo cual, es inconcuso, que la violación constitucional reclamada quedó sin efecto, sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte peticionaria. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicho acto, el que, como se dijo, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. De ahí que, al haber cesado los efectos de las omisiones reclamadas, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA este juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dado el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento al 6° transitorio de la ley de la materia, la jurisprudencia cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En el entendido que, el sobreseimiento decretado fuera de audiencia no causa ningún agravio a la parte quejosa, ni la priva de defensas, pues el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, esto es sobreseer este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002, visible en la página 386, tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competa e imparcial" En esas condiciones, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable".
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Del estado de los autos se advierte que en proveído de nueve de septiembre de este año, se tuvo a la autoridad responsable Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, rindiendo el informe justificado; auto que se notificó el doce siguiente. Por ello, con el fin de que transcurra el término de ocho días entre la vista de dicho informe y la audiencia constitucional, como lo establece el precepto 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración vía remota. Por otra parte, del estado de los autos se advierte que la parte quejosa manifestó que es de su interés asistir de manera virtual a la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo que nos ocupa, para lo cual, proporcionó el número de teléfono y correo electrónico correspondientes; no obstante, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, que se traduce en una omisión de dar contestación a las peticiones formuladas, de las cuales la autoridad responsable ya anexó las contestaciones respectivas; y que el quejoso no ofreció prueba que amerite desahogo en audiencia constitucional; se estima que no es estrictamente necesaria su comparecencia en la misma. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Se agregan oficios Agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca; atento a ellos, se acuerda. Respecto al oficio de folio 12882, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo el informe justificado solicitado en autos; y con ello, dese vista a las partes para su conocimiento. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la autoridad oficiante a las personas que refiere su oficio y como domicilio el que indica. En términos del numeral 119 de la ley invocada, se le tiene ofreciendo como prueba documental de su parte, las constancias adjuntas a los oficios de cuenta; mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, y que serán tomadas en consideración al momento de resolver este juicio de amparo; con las mismas, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva, sin que pase desapercibido que la documental que refiere en el numeral III de su capítulo de pruebas, es el oficio 1206, no así 1026 como lo indica. Respecto a la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que refiere, ténganse por anunciadas, sin que haya lugar a perfeccionarlas, ya que derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos; por lo que, prácticamente no tienen desahogo, es decir, que no tienen vida propia; como así lo ilustra la tesis aislada XX. 305 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, registrada con el número 209572, visible en la página 291, tomo XV, Enero de 1995, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Respecto al oficio de folio 12901, téngasele remitiendo el mismo en alcance al primer oficio de folio 12882; por lo que en términos del numeral 119 de la ley invocada, se tiene como prueba documental de su parte. Se agrega escrito Finalmente, glósese a los autos el escrito signado por * * * * * * únicamente para que obre como corresponda, toda vez que la parte quejosa únicamente la autorizó para recibir notificaciones y documentos; no así en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica.
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