LEONARDO MARTÍNEZ LARA y Otros.
Expediente 637/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- LEONARDO MARTÍNEZ LARA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Vistas las demandas de amparo formuladas por el menor de edad de iniciales ********** y ********** -signadas electrónicamente por este último por propio derecho y como representante especial del primero- contra actos del 1. Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. En el caso particular se estima que a pesar de tratarse de dos escritos distintos, firmados electrónicamente por **********. Uno por propio derecho y otro como representante especial del impetrante menor de edad de iniciales **********. La pretensión que subyace está avalada por la voluntad de un solo signante de entablar un juicio contra las mismas autoridades y actos. Por tanto, su tratamiento será como una sola demanda. REPRESENTANTE ESPECIAL. Del análisis de lo de cuenta y sus anexos se advierte el menor que acude cuenta actualmente con nueve años y cuatro meses de edad. De la interpretación funcional del artículo 8 de la Ley de Amparo se obtiene que la representación especial establecida en favor de los menores encuentra su justificación por la situación de vulnerabilidad en la que se hallan. En estos casos, el órgano jurisdiccional le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Lo cual en el caso concreto no se evidencia. Por tanto, se designa como representante especial en favor del menor impetrante a **********. Quien se aprecia es su padre. Fórmese expediente. Regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 637/2021-VII. Realícense las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Ahora, en el caso particular, los peticionarios de amparo esencialmente aducen reclamar "EL DERECHO A QUE NO SE LES OBLIGUE A APLICARSE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2". Para ello aducen haberse enterado el cinco de agosto pasado que las autoridades responsables, para tener un control de las personas que participaron en la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, solicitarán el certificado de vacunación del virus SARS-CoV-2, y que las personas que no cuenten con ese documento no tendrán acceso a los servicios de salud que se prestan en el ISSSTE e IMSS, o cualquier clínica de salud -sea pública o privada-. Que además, quien no cuente con el referido certificado no podrá trabajar en empresas o instituciones públicas o privadas. Que esa exigencia se ha extendido hasta para tener acceso a visitar y disfrutar lugares turísticos, así como a los servicios personales, profesionales y de servicio. Al respecto, se actualiza la indudable improcedencia del presente sumario, pues los actos de que se duelen los impetrantes no afectan su esfera de derechos. Situación que implica no se configura el principio de agravio personal y directo que como presupuesto básico subyace en toda petición de amparo. Este se encuentra consagrado en el arábigo 107, fracción I, Constitucional. Se estima lo anterior por las siguientes razones: 1. Es un hecho notorio que no requiere ser probado que al día de hoy la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) no es obligatoria. Se aplica a libre voluntad de los gobernados. Los quejosos no esbozan al respecto siquiera la existencia de un acto concreto de autoridad que establezca lo contrario como premisa de reclamo. 2. También es un hecho por todos conocido libre de prueba que el Estado Mexicano no ha establecido en norma general y abstracta o acto concreto y determinado las consecuencias que refieren los quejosos serán aplicables en su perjuicio. Es decir, no existe apercibimiento real contra los gobernados que libremente decidan no aplicarse la referida vacuna. 3. Por cuanto al menor de edad quejoso, también es posible afirmar por conocimiento general actualmente la política sanitaria en el Estado Mexicano no se encuentra dirigida a la vacunación de esa población. Basta esto para aseverar no hay un mandato obligatorio a ese sector. 4. Como es posible ver todas las consecuencias que plantea la parte quejosa son hipotéticas. Al respecto, los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º, fracción I, párrafo cuarto, y 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.). Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.). Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.) De los artículos antes trascritos se advierte, en lo conducente, que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona quien estará legitimada para instar la acción constitucional. Ahora bien, tal como se hizo alusión previamente, uno de los principios que rigen al juicio de amparo, es la existencia de un agravio personal y directo. Este principio implica que la acción de amparo sólo podrá promoverse por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad (agravio personal), y que exista inmediatez entre la emisión o ejecución del acto y el surtimiento de sus consecuencias (agravio directo), es decir, la afectación debe ser resentida directamente por la persona impetrante de amparo, debiendo derivar tal afectación precisamente del acto reclamado. Luego, debe entenderse por la expresión "agravio" al perjuicio sufrido en la persona de la parte quejosa, es decir, el agravio es la afectación o la alteración que se desprende del acto de autoridad y que recae en la esfera de derechos de la quejosa. Cabe destacar que para la procedencia de la acción constitucional no basta sea impulsada por un interés cualquiera. Porque un interés "simple", como suele llamársele a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener el gobernado, no es suficiente para ejercer la acción de amparo. Es necesario e indispensable que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Sin que baste la existencia del acto reclamado, pues éste debe afectar su esfera de derechos subjetivos tutelados de manera directa. En suma que el interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Así, de tal regla se sigue necesariamente que quien solicite la protección de la justicia federal debe hacerlo respecto de una norma, acto u omisión de autoridad que conculca en forma directa alguno de los derechos que en su favor tutela el orden jurídico, es decir, el gobernado debe estar en posición en que efectivamente resienta afectación personal, inmediata y directa en su esfera de derechos. De no estar en ese supuesto, el juicio resulta improcedente por aplicación de la hipótesis prevista en el invocado artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, así como el dispositivo 107, fracción I constitucional. Como es de advertirse, de lo antes relatado deriva el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que reclama. Así sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de amparo quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido. En el caso concreto, como ya se precisó, la parte quejosa reclama esencialmente derecho a que no se le obligue aplicarse la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), sin sufrir consecuencias negativas o prohibitivas por parte de las autoridades que señala como responsables. Sin embargo, los impetrantes pierden de vista que la aplicación de la vacuna contra el referido virus al día de hoy es voluntad propia del gobernado -no obligatoria-. El Estado Mexicano no ha establecido apercibimiento alguno contra las personas que libremente decidan no aplicarse dicha vacuna. Más aún la actual política sanitaria del Estado Mexicano por cuanto a la aplicación de la vacuna de referencia no se encuentra dirigida a los menores de edad -hipótesis en la que encuadra el aquí solicitante de derechos humanos menor de edad-. Actualmente cuenta con nueve años y cuatro meses de edad, según se advierte del acta de nacimiento que adjuntan a la demanda. Las consecuencias que refieren los quejosos son hipótesis que no afectan su esfera de derechos de manera real, objetiva y actual. Ni siquiera se enuncia en la demanda una norma general o acto concreto que contenga alguno de los mandatos de que se duelen. En ese sentido, como se indicó, la parte aquí quejosa no resiente una afectación real, objetiva y directa en su esfera de derechos por la aplicación de la vacuna que invoca como reclamo, que la faculten para promover el presente juicio de amparo. Se itera, la aplicación de la vacuna contra el referido virus es voluntaria. En el hipotético caso que surgiera en el futuro alguna consecuencia adversa contra el gobernado que libremente decida no aplicársela, ese sería el momento para combatir su afectación en la vía conducente, teniendo expeditos sus derechos para hacerlo. De ahí que se considere la improcedencia de la demanda de amparo, toda vez que lo reclamado no causa un perjuicio directo en contra de los quejosos, al no establecerle en definitiva alguna situación jurídica concreta en su esfera legal. Por consiguiente, al ser notoria, indudable y manifiesta la causal de improcedencia analizada a lo largo de este proveído, dado que los actos reclamados no son susceptibles de ser impugnados en esta vía constitucional por los promoventes, por los motivos expuestos en esta resolución, conforme con lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los diversos 107, fracción I, párrafo segundo, 5, fracción I, párrafo cuarto y 6, párrafo primero, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda planteada, con fundamento en el numeral 113 de la propia legislación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En virtud que no existe impedimento legal para que la partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para esos efectos (uso de medios electrónicos, expedición de copias y devolución de documentos) se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante los diversos 1/2021, 5/2021 y 9/2021) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte... JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante los diversos 1/2021, 5/2021 y 9/2021) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO A LA PARTE QUEJOSA. DOMICILIO. El domicilio señalado para recibir notificaciones se encuentra fuera del lugar de residencia de este juzgado. Dado el sentido del acuerdo el medio ordinario para comunicarlo sería vía despacho a la residencia señalada. Sin embargo, no debe olvidarse el contexto en que se actúa y que los promoventes proporcionan medios electrónicos -no procesales- para entablar contacto. Por tales motivos es posible ordenar que se tenga como lugar para dichos efectos la lista de acuerdos que se publica en este órgano jurisdiccional. Como el promovente señaló correo electrónico y número telefónico a efecto de entablar comunicaciones, se estima necesario para asegurar el conocimiento de la notificación ordenada -fin que persiguen esas notificaciones- privilegiar el uso de tecnologías atendiendo al contexto de la pandemia por el virus COVID- 19. Ante ello debe tomarse en consideración el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 (modificado por el 9/2021) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, que establece la utilización de videoconferencias por regla general conforme a los protocolos previstos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, siempre y cuando esté debidamente justificado conforme a los supuestos ahí previstos y se cumplan, a criterio del suscrito, las condiciones para la utilización del citado medio de comunicación. Lo anterior en razón de que es un hecho que la pandemia subsiste como un peligro para la salud de todas y todos. La reactivación no se realiza en un contexto de "normalidad". Lo que implica continuar con las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesaria para enfrentar la contingencia. De ahí que se insista en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. Bajo ese tenor, al contar con correo electrónico y número telefónico de la parte quejosa, es posible entablar comunicación mediante video conferencia con el fin de hacerle saber la publicación en la lista de este órgano de este acuerdo de manera extraordinaria. Por lo que se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que previo cercioramiento de entablar comunicación por esa vía establezcan contacto con ********** por propio derecho y como representante especial del impetrante menor de edad y levanten constancia respectiva, informándole la publicación por lista del presente acuerdo, cuya síntesis podrá consultar en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que además deberá hacerle llegar el archivo correspondiente de este acuerdo, corroborando su recepción y conocimiento. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa por medios electrónicos...".
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