Leonardo Inacio Camelo

Expediente 730/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
730/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Leonardo Inacio Camelo
  • Adenilson de Souza Moreira
  • LEONARDO INACIO CAMELO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Certificación. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que mediante proveído de doce de julio del año en curso, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido; además, en el aludido auto, se precisó que el presente expediente es conservable, por un término de tres años; asimismo, se ordenó su resguardo en el archivo de este juzgado y una vez cumplido dicho plazo, se procediera a su destrucción. Regulariza procedimiento. En consecuencia, a fin de evitar alguna violación a las leyes del procedimiento, con fundamento en el artículo 58 y relativos del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento, y al efecto se acuerda: En tal sentido, resguárdese el presente expediente en el archivo de este juzgado y una vez cumplido el plazo de tres años de haberse dictado el presente proveído, procédase a su transferencia; lo anterior, de conformidad con el artículo 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Cúmplase.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de julio de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación ha causado estado. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, hágase la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es conservable por un término de tres años; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. En tal sentido, resguárdese el expediente en el archivo de este juzgado y una vez cumplido el plazo de tres años de haberse dictado el presente proveído, procédase a su destrucción; lo anterior, de conformidad con el artículo 20, fracción II del citado acuerdo. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Imposibilidad. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que le asistió a la fedataria de la adscripción para notificar personalmente el proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, a los quejosos 1) ********************2)********************, la que hizo consistir en que el personal en turno de la Estación Migratoria le informó que los antes citados no se encontraban en dicho lugar, no obstante lo anterior, realizó diversos llamados a los directamente agraviados sin que nadie contestara. No presentada. Por tanto, ante la aludida imposibilidad para notificar a los quejosos 1) ********************2)********************, el auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, y precisamente porque no se encuentran ni alojados, ni detenidos en la Estancia Migratoria de esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento impuesto en el acuerdo en cita y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda y quedan sin efectos las providencias decretadas. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuenta. El veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con la demanda de amparo registrada con el número 9619. Conste.Tijuana, Baja California, veintiocho de junio de dos mil veintitrés.****************************************Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 730/2023-I. ****************************************Suspensión de plano. En la demanda de amparo los actos reclamados por los quejosos se hacen consistir, entre otros, en:****************************************I. Deportación, Expulsión, traslado a diversa estación migratoria;****************************************II. Incomunicación, malos tratos, tortura física y psicológica; y,****************************************III. Detención, privación de la libertad y libre tránsito.****************************************De los que dice son y pueden ser objeto 1.- Leonardo Inacio Camelo y 2.- Adenilson de Souza Moreira, con motivo de encontrarse a disposición del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, al indicarse que son de nacionalidad extranjera. ****************************************I. Deportación, expulsión y traslado a diversa estación migratoria.********************Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los directamente agraviados no sean deportados o expulsados del país, así como para que no sean trasladados a una diversa estancia migratoria de la República Mexicana. ****************************************II. Con relación a la incomunicación, malos tratos, tortura física y psicológica.********************Las autoridades responsables deberán cesar todo acto de incomunicación infringidos en contra de los agraviados 1) Leonardo Inacio Camelo y 2) Adenilson de Souza Moreira, y, en su caso, se les permita mantener comunicación con su defensor o familiares, así como mantenerlos informados de su situación migratoria; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo.********************En el entendido que esto es sin perjuicio de la continuación de algún procedimiento migratorio, en el que se encuentren involucrados los quejosos, debiendo acompañar las constancias que acrediten el cumplimiento a la suspensión de plano.****************************************Ahora, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo se decreta la suspensión de plano para que cesen de inmediato los acto consistentes en malos tratos, tortura física y psicológica, se concede para lo siguiente:****************************************Ordenar de forma inmediata el cese de los malos tratos, tortura física y psicológica, así como de todos aquellos actos que pongan en peligro la integridad física y la vida de los peticionarios de amparo, así como cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, de los que el promovente refiere pueden ser objeto 1) Leonardo Inacio Camelo y 2) Adenilson de Souza Moreira.****************************************En el entendido que esto es sin perjuicio de la continuación de algún procedimiento migratorio, en el que se encuentren involucrados los quejosos, debiendo acompañar las constancias que acrediten el cumplimiento a la suspensión de plano.****************************************Con independencia de la medida suspensiva decretada, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, autorizándose copia certificada de la totalidad de las actuaciones de este asunto, para que en el ámbito de sus atribuciones inicie una investigación respecto de la afectación relacionada con la tortura que dice son objeto 1) Leonardo Inacio Camelo y 2) Adenilson de Souza Moreira.****************************************Es aplicable en la especie la tesis aislada 1a. CCVII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo de rubro dice: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA."****************************************Se reitera que queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, la integridad física de los quejosos, a fin de que no sufran ningún atentado contra su vida, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo.****************************************Asimismo, es importante destacar que tal circunstancia también se previene en términos del artículo 5 referente al Derecho a la Integridad Personal, puntos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se establece que toda persona que se encuentre privada de su libertad, como acontece en el asunto que nos ocupa, deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, por lo que tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, así como a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, como la naturaleza de los actos que le atribuye el quejoso a la autoridad señalada como responsable.****************************************III. Detención, privación de la libertad y restricción de libertad de tránsito. ****************************************Ahora, previo a pronunciarse sobre la suspensión de plano relativa a la detención, privación de la libertad y prohibición del libre tránsito de las personas en situación de migración, es necesario tener en cuenta que la Ley de Migración, establece las facultades de control, verificación y revisión migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración, entre las que se encuentra la instauración del procedimiento administrativo migratorio; éste comprende, entre otros aspectos, el control migratorio, consistente en la revisión de documentación de personas que pretendan internarse al país.****************************************Del mismo modo, implica la supervisión de los medios de transporte que se utilizan para internarse al país, lo que realizarán las autoridades migratorias con auxilio de las autoridades policiales, lo cual se efectúa en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por mar, aire y tierra y de manera excepcional, previa solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lugares distintos a estos.****************************************En ese contexto, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 68, primer párrafo y 100 de la Ley de Migración, que establecen:****************************************"Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición.****************************************Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición."****************************************De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por personal del Instituto Nacional de Migración, en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, lo cual deberá constar en actas y no podrá exceder del término de treinta y seis horas contadas a partir de su puesta a disposición, para lo cual, deberá dictarse acuerdo dentro de las veinticuatro horas derivado de la diligencia de verificación o revisión migratoria.****************************************En resumen, si la autoridad migratoria realiza una verificación en la que detecta a una persona migrante en situación irregular, debe dar inicio al procedimiento migratorio.****************************************A partir del momento de la revisión, la autoridad migratoria cuenta con un plazo de veinticuatro horas para dictar el acuerdo de puesta a disposición y hasta treinta y seis horas, de las que no se excluyen las primeras veinticuatro que se mencionaron, para que la persona continúe en la estación migratoria o estancia de alojamiento temporal, esto es, la autoridad cuenta con un máximo de treinta y seis horas, para que la persona continúe bajo la supervisión de la autoridad administrativa, en la estación migratoria o de alojamiento temporal.****************************************Por tanto, la suspensión de plano solicitada se puede conceder, bajo ciertos parámetros y condiciones, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el procedimiento, por lo que, esta juzgadora concede la suspensión de plano en los supuestos y para los efectos siguientes:****************************************a) En el caso de que las internaciones de 1) Leonardo Inacio Camelo y 2) Adenilson de Souza Moreira al país, no se consideren irregulares por la autoridad migratoria, o, en el caso de que se encuentren detenidos, y éstos no tengan relación con la comisión de un ilícito, las autoridades responsables deberán ponerlos en inmediata libertad.****************************************b) En el supuesto de que las detenciones de 1) Leonardo Inacio Camelo y 2) Adenilson de Souza Moreira deriven de la comisión de un hecho que la ley señale como delito, las autoridades deberán ponerlos en inmediata disposición del agente del ministerio público competente a fin de que se dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente.****************************************c) En el escenario de que las internaciones de 1) Leonardo Inacio Camelo y 2) Adenilson de Souza Moreira sean consideradas irregulares por parte de la autoridad migratoria, deberá, dentro del plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que le fue puesta a su disposición, dictar el acuerdo de presentación a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración.****************************************En el entendido de que su presentación (o cualquier acción que implique la restricción de su libertad de tránsito) no deberá exceder de treinta y seis horas, por lo que, si no resuelve el procedimiento administrativo migratorio dentro de dicho plazo, deberá fijarles las medidas contempladas en la Ley General de Migración, para 1) Leonardo Inacio Camelo y 2) Adenilson de Souza Moreira continúen en libertad su procedimiento.****************************************Por tanto, las medidas que señale la autoridad deberán ser diversas a las que impliquen privación de la libertad personal de la persona en situación de migración, pero deberá tomar en cuenta aquellas que aseguren que ésta no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; como puede ser, de manera enunciativa, más no limitativa, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces les sea exigido y, en el supuesto de que determine imponer una garantía económica, ésta deberá ser asequible, debidamente fundada y motivada, atendiendo a la situación específica de la persona, lo que deberá analizar y justificar la autoridad administrativa, sin que ello, sea impedimento para que la persona migrante pueda seguir su procedimiento en libertad.****************************************Con la precisión que, la integridad personal de 1) Leonardo Inacio Camelo y 2) Adenilson de Souza Moreira es responsabilidad de la autoridad migratoria, razón por la cual durante el tiempo que se encuentren presentes ante la misma, deberán velar por la protección de sus derechos humanos, esto es, conservar y asegurar su integridad física, entre lo que destaca, proporcionar alimentos, vestimenta en caso de necesitarlo, así como brindar la atención médica básica que se requiera, con el objeto de que no se provoque un menoscabo a su salud, mientras estén a su disposición.****************************************Del mismo modo, en caso de que 1) Leonardo Inacio Camelo y 2) Adenilson de Souza Moreira opten por seguir sus procedimientos alojados en la estación migratoria o en el alojamiento temporal con que cuente la autoridad administrativa, esta deberá hacerle saber los efectos y consecuencias de ello, en el entendido que, levantará un acta que así lo demuestre, así como, informarle que en cualquier momento (transcurridas las treinta y seis horas), pueden continuar con su procedimiento en libertad, bajo las condiciones que se les fijen.****************************************Estas consideraciones, se desprenden de un análisis del Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional, emitido y publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno, ya que en dicho documento, la Corte estableció que las restricciones a la libertad personal deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional, pues no es casualidad que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos lo protejan con tanta intensidad y arrebato, por lo que se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, ya que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos para un completo desarrollo y bienestar de las personas.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis PR.P.CN. J/5 P (11a.), de rubro y contenido siguiente:****************************************"SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A LAS PERSONAS MIGRANTES QUE RECLAMAN LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS, AL SER UN ATAQUE A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO********************Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversas quejas en las que se dilucidó si procede o no la suspensión de oficio y de plano en tratándose de personas extranjeras privadas de la libertad, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), al constituir la detención alegada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo.********************Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México determina que cuando en el juicio de amparo indirecto las personas migrantes en situación irregular reclamen un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción), por más de treinta y seis horas, atribuida al Instituto Nacional de Migración, derivado del procedimiento administrativo en estaciones migratorias, procede conceder la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sean puestas en libertad, al actualizarse la hipótesis del artículo 126 de la Ley de Amparo.********************Justificación: En atención al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular previsto en el Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado F, fracción I, numeral 3, inciso b, denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas", en el que establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no como la excepción. Asimismo, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia encasos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, en su capítulo VIII, intitulado "Reglas específicas de actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a la excepcionalidad de la detención, por lo que la irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Ello, además, atendiendo el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de los quejosos, por lo que se debe conceder la suspensión de oficio y de plano cuando la detención de las personas migrantes sea, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en la estación migratoria con motivo del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Migración, al ser esa detención reclamada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sean puestas en libertad inmediata, para continuar con el trámite migratorio. En el entendido de que la autoridad migratoria, a efecto de dar el debido seguimiento al procedimiento, podrá fijar los requisitos y medidas necesarias, tomando como parámetro las establecidas en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, una vez que ya haya decretado la libertad."****************************************Informes. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda.****************************************Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.****************************************Autorización de informe vía electrónica. Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se sirvan proporcionar un correo electrónico a fin de realizarle las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos durante la contingencia sanitaria decretada en el país, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado.****************************************Ratificación de demanda. Se faculta a cualquiera de los actuarios de este juzgado para que se traslade a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación Baja California con sede en esta ciudad, así como a aquellos lugares de los que tenga noticia en que pudieran encontrarse la parte agraviada, a fin de que notifiquen personalmente el presente acuerdo a 1) Leonardo Inacio Camelo y 2) Adenilson de Souza Moreira y los requiera para que en el momento de la notificación manifiesten:****************************************Si ratifican o no la demanda interpuesta a su favor,********************Si ratifican el nombramiento del autorizado señalado en el escrito inicial.****************************************Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda y quedaran sin efectos las providencias decretadas.****************************************Señalamiento de autorizado. Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Luis Alberto Entebi Hernández, hasta en tanto los directamente agraviados ratifiquen la demanda de amparo y, en su caso, realice la autorización respectiva.****************************************Correo electrónico y número telefónico. Por otro lado respecto al correo electrónico y número telefónico que indica, dígasele que una vez que se ratifique la demanda de amparo se acordará lo que en derecho corresponda.****************************************Expedición de copias. Además como lo solicita, expídase una copia certificada del presente proveído, lo anterior de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, recabándose la razón que por su recibo se deje en autos para constancia.****************************************Consulta electrónica. Por otra parte, una vez que se ratifique la demanda, se proveerá sobre la solicitud de acceso al expediente electrónico.****************************************Requerimiento. Ahora, en atención a que quien presentó el escrito de demanda de manera electrónica fue Juan Luis Alberto Entebi Hernández, requiérasele para que dentro del término de tres días, legalmente computado, informe a este órgano jurisdiccional si promovió diversa demanda de amparo en los municipios de Ensenada o Mexicali, o en su defecto, en otro Estado de la República, por los mismos quejosos y actos reclamados.**************************************** Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, o de no informar el impedimento legal que tenga para no hacerlo, en el plazo que se le concede, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalente a $5,187.00 cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional, de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo.****************************************Cantidad que resulta de multiplicar por cincuenta la suma de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el uno de febrero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el precepto 238 de la citada legislación.****************************************Notificación a promovente. Ahora, a efecto de lograr la notificación del promovente Juan Luis Alberto Entebi Hernández atento a lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del mencionado Acuerdo General 12/2020, por única ocasión se le tiene autorizando la vía electrónica para que la notificación personal del presente proveído se le haga de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que la presente notificación se le practique al promovente antes mencionado por ese medio. ****************************************Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A realice la autorización respectiva para notificación electrónica al promovente Juan Luis Alberto Entebi Hernández por única ocasión, por conducto del usuario "Abogadofederal73"..****************************************Habilitación de días y horas inhábiles. Por otro lado, de conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles.****************************************Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.****************************************Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo.****************************************Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, en caso de presentarse físicamente.****************************************Notifíquese personalmente a Leonardo Inacio Camelo y Adenilson de Souza Moreira, en el lugar en que se encuentren alojados, así como al promovente de la demanda Juan Luis Alberto Entebi Hernández.********************

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