Leonardo Hernández Antonio
Expediente 44/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leonardo Hernández Antonio
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obra como corresponda, el oficio número 5866, signado por la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual transcribe el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 151/2018, de su índice, toda vez que el dieciocho (fojas 5-9), declinó competencia al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec; acusando recibo de la autoridad oficiante mediante oficio 3573, de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho (fojas 13-14), e informando que se avocó al conocimiento del asunto.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio número 3573, signado por la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le remitió por incompetencia legal la demanda de amparo promovida por Leonardo Hernández Antonio; asimismo, informa que se avoca al conocimiento del asunto. En ese sentido, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, toda vez que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes, y el mismo carece de relevancia documental e histórica, con fundamento en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses como se indica en dicho punto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo que promueve Leonardo Hernández Antonio, contra actos del alcalde Único Municipal de la población de Santa María Quiegolani, Yautepec, perteneciente al Distrito Judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca, y de otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número 44/2018, que le corresponde. Previo a la admisión de la demanda de amparo, por ser la competencia presupuesto procesal de orden público, previamente, se debe considerar, si en el caso, la demanda de amparo interpuesta por Leonardo Hernández Antonio, da motivo para que este órgano de control constitucional se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que de no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Al respecto, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: .. El numeral transcrito establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de la jurisdicción ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juez de distrito, es decir, es juez competente aquél en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un juez de distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los jueces de distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor del juez ante el que se presente la demanda. Establecido lo anterior, debe destacarse que en el caso, el peticionario de amparo, esencialmente, reclama a través de este juicio de amparo la orden de detención librada en su contra, por el alcalde Único Municipal y síndico Municipal, ambos de la población de Santa María Quiegolani, Yautepec, perteneciente al Distrito Judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca, y su ejecución, atribuida al teniente de los Topiles (policías municipales), de esa población. De igual forma, el aquí quejoso en la demanda de amparo señala que tiene su domicilio conocido en la calle Buenavista, sin número, de la población de Santa María Quiegolani, Yautepec, perteneciente al Distrito Judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca (para mayor referencia a cincuenta metros antes de llegar al panteón y cerca también se encuentra el tanque de agua que surte a la población), en el cual ha sido buscado por las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras. En este tenor, con base en los antecedentes expuestos, resulta evidente que el acto reclamado a través de esta vía constitucional, por su naturaleza, tiene ejecución en la población de Santa María Quiegolani, Yautepec, perteneciente al Distrito Judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca, esto es, fuera de la circunscripción correspondiente a este órgano jurisdiccional; en consecuencia, es obvio que se surte la primera regla competencial, que es el lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, es decir, es juez competente aquél en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde el acto de ejecución se realiza. En ese orden, en términos del punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, la competencia se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por ser éste el que tiene competencia en el lugar de residencia del aquí quejoso, del lugar donde todas las autoridades responsables tienen su residencia y donde se ejecuta o deba ejecutarse el acto reclamado, al establecer: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente:.. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 37, párrafos primero, así como el ordinal 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; corresponde al juez de Distrito en el estado de Oaxaca en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, conocer de este juicio de amparo, motivo por el cual, este Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Oaxaca, declara carecer de competencia legal para resolver este asunto; por lo que, se declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al juez de Distrito en el estado de Oaxaca en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. En consecuencia, remítase el original y las siete copias de la demanda de amparo, exhibidas por el quejoso, así como el original de la papeleta de turno, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, con sede en aquella localidad; para que, por su conducto, lo turne al juez de Distrito en el estado de Oaxaca en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo de cuenta y de la papeleta de turno respectiva. Como la parte quejosa señala los estrados de este juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26 fracción III y 29, de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del juzgado, por consiguiente, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en este asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Asimismo, téngase por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Rogelio Talín Barrera, toda vez que no acredita encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, circunstancia a la cual está obligado en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia penal, y quien acude al juicio de amparo es la parte quejosa, aunado a que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no se encontró registro alguno a su nombre en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, ni en los Libros de Registros de Cédulas Profesionales que se llevan en este juzgado, así como a las restantes personas que menciona, por solicitarlo en esos términos. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8° para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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