Leonardo Guilombo Salcedo
Expediente 409/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 31/08/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Leonardo Guilombo Salcedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Para que obre como corresponda el oficio del Director de Resoluciones Migratorias de la Dirección General de Control y Verificación del Instituto Nacional de Migración, en virtud de que por auto de siete de julio de dos mil veinte, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista
- Principal
Visto el oficio signado por la Subdirectora de Juicios de Amparo en ausencia del Subcomisionado Jurídico, quien a su vez actúa en representación del Director de Control y Verificación Migratoria, y del Subdirector de Resoluciones Migratorias, todos del Instituto Nacional de Migración; atento a su contenido, no ha lugar a dictar mayor proveído, dado que se determinó el desechamiento de la demanda de amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista
- Principal
ACUERDO Ciudad de México, siete de julio de dos mil veinte. Queda firme desechamiento Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo a la promovente para que recurriera el auto de veintidós de junio de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que a la fecha lo haya llevado a cabo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Archivo del asunto como total y definitivamente concluido Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del juicio de amparo Por otra parte, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), pues se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido, por tanto, procédase a su destrucción una vez que haya transcurrido el plazo de tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo 20 del Acuerdo General invocado. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Oficio
- Principal
ACUERDO Ciudad de México, veintidós de junio de dos mil veinte. Desechamiento Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, en el cual desahoga la prevención formulada en proveído de once de junio de dos mil veinte, e indica que el acto reclamado lo constituye: "el alojamiento por más de treinta y seis horas en la estación migratoria de la Ciudad de México conocida como Las Agujas". En atención a lo anterior, este órgano jurisdiccional provee sobre la demanda de amparo en los siguientes términos. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, toda vez que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide que el operador jurídico sustenta consideraciones profundas o de gran amplitud. Es aplicable la tesis aislada XXIV.2o.11 K (10a.) (registro 2021089), que establece: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que, frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio. Bajo esas circunstancias, este órgano jurisdiccional advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción X, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: El citado numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" El precepto transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo cuando se reclaman normas o actos que fueron previamente reclamados en un diverso juicio constitucional, el cual no ha sido resuelto, con la salvedad establecida respecto a las normas generales. De ahí que si se reclaman actos que son materia de estudio en un diverso juicio de amparo promovido previamente, el cual se encuentra en trámite, el segundo deviene improcedente, causal que se conoce como litispendencia. Tanto la doctrina como la jurisprudencia denominan la litispendencia como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal; es decir, es la situación que se produce si se trata de actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia. En estos supuestos, hay un juicio en trámite todavía no resuelto y el quejoso promueve otro contra las mismas autoridades y actos reclamados. Resulta oportuno referir que la causa de improcedencia analizada ya se encontraba prevista en la Ley de Amparo abrogada el dos de abril de dos mil trece, en los siguientes términos: "Artículo 73. (.) III.- Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas;" Como puede advertirse, la causal es similar con la siguiente adición: .. salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" En tal virtud, puede concluirse que la hipótesis de improcedencia, tanto en la ley anterior como en la ley vigente se caracteriza por referirse al caso de la litispendencia; por tanto, es incuestionable que el citado artículo 73 fracción III de la Ley de Amparo de 1936, no se contrapone, en lo esencial, al 61 fracción X, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, en lo que se refiere a la fracción indicada, sigue vigente la jurisprudencia emitida durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio que expresa: "SEXTO. LA JURISPRUDENCIA INTEGRADA CONFORME A LA LEY ANTERIOR CONTINUARÁ EN VIGOR EN LO QUE NO SE OPONGA A LA PRESENTE LEY." Expuesto lo anterior, debe destacarse que la litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, generalmente el promovido en segundo lugar, se encuentra condicionada a lo siguiente: 1) Que el acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; 2) Que los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, 3) Que ambos juicios se hubiesen promovido: 3.1) Por el mismo quejoso, 3.2) Contra las mismas autoridades responsables, y 3.3) Por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, inclusive aun cuando las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues este requisito no deriva de la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se advierte del siguiente criterio: Jurisprudencia 2ª./J. 90/2010, registro 164304, de rubro: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO)." En consecuencia, de no existir identidad entre el quejoso, actos y autoridad, aun cuando dos de estos elementos coincidan, no se actualizará la causa de improcedencia. Si los actos son diferentes los juicios de amparo que se promuevan serán procedentes, pues puede acontecer que la autoridad haya expedido diversos actos desvinculados de los anteriores. Como se señaló, por regla general, la declaratoria de improcedencia recae respecto del amparo promovido en segundo lugar, para ello se toma como referencia la fecha y hora que aparece en el acuse de recibo de la demanda o el registro del orden en que se recibieron. En ese sentido, la institución jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aún contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda; en este sentido, la improcedencia referida brinda seguridad jurídica a las partes y evita la tramitación innecesaria de juicios de amparo, cuyo sentido pudiese resultar contradictorio. Caso concreto Expuesto lo anterior, se tiene que el presente asunto fue promovido por ****, en nombre y representación de ***, señalando como actos reclamados y autoridades responsables, a saber: Autoridad responsable Acto reclamado Director de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. a) El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, conocida como "Las Agujas". Directora de la Estación Migratoria de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Migración. Subdirectora de Operación de Seguridad y Custodia en la Ciudad de México, en la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México. Subdirector de Resoluciones de la Dirección de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. Asimismo, mediante acuerdo de once de junio de dos mil veinte se previno a la parte quejosa para que indicara si el acto reclamado en el presente juicio lo constituía el alojamiento por más de 36 horas en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, conocida como "Las Agujas"; o bien, el incumplimiento en la suspensión decretada en el juicio de amparo *** del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Prevención que fue desahogada mediante el escrito de mérito, en el que señaló como acto reclamado el alojamiento por más de 36 horas en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, conocida como "Las Agujas". Asimismo, vista la certificación de cuenta en el proemio del presente acuerdo y de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como hecho notorio la base de datos del "Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0)", se advierte el juicio de amparo número 342/2020, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, promovido por la aquí parte quejosa. En el aludido asunto se aprecia lo siguiente: Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veinte, suscrito por *** en representación de ***, promovió juicio de amparo, en el que señaló como acto reclamado el siguiente: "El aseguramiento, alojamiento y/o detención por más de 36 horas en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, conocida como "Las Agujas" atribuido a la Directora de la Estación Migratoria de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Migración, conocida como "Las Agujas" y otras autoridades. En auto de diez de marzo de dos mil veinte, la titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México registró la demanda de amparo con el número **** y ordenó la ratificación de la demanda; posteriormente, mediante acuerdo de trece de marzo siguiente admitió a trámite la demanda de amparo y concedió la suspensión solicitada para el efecto de que: "el quejoso sea puesto en libertad; y que las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que el peticionario de amparo no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ella cuantas veces les sea exigido". Finalmente, a la fecha del presente acuerdo, está pendiente la emisión de la sentencia correspondiente. En esa línea, se aprecia que previo a la demanda que ahora se atiende ya había sido planteada una diversa por el mismo quejoso, contra los mismos actos aquí reclamados y autoridades responsables. En este contexto, resulta incuestionable que si los actos reclamados a las autoridades responsables que hoy se cuestionan constituyen la materia de la litis en el diverso juicio de amparo *** del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa y en aquél la demanda de amparo se presentó primero; en consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; motivo por el cual se determina desechar la presente demanda de amparo. La anterior determinación no deja en estado de indefensión al quejoso, pues se sigue tramitando el juicio de amparo *** en el Juzgado referido, que si bien, a la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, se daba tratamiento únicamente a los asuntos catalogados como "urgentes", con motivo de la medidas de contingencia adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal, lo cierto es, que el Acuerdo General 13/2020 emitido por el propio Consejo, actualmente prevé la posibilidad de reanudar los plazos en aquellos asuntos suspendidos con anterioridad al diecisiete de marzo del año en curso, una vez cumplimiento los requisitos para ello. Aunado a cómo se explicó en párrafos anteriores, la suspensión de los actos reclamados le fue concedida de igual forma en aquel asunto. Devolución de documentos Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente
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