Leonardo González Cortes

Expediente 58/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
58/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Leonardo González Cortes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de cuyo contenido se desprende que por proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, se tuvo al Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, remitiendo copia certificada de la actuación de uno de julio anterior, de la que se advirtió que en virtud de que la autoridad demandada a esa fecha no había dado cumplimiento a la ejecución del laudo dictado en el juicio obrero , de su índice, por lo que le impuso una multa por la cantidad que ahí se destacó, y ordenó girar el oficio correspondiente para su debida ejecución a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, en el que además, requirió de nueva cuenta cumplimente el referido laudo, esto es realizara el pago de la cantidad a la que fue condenado a pagar a la parte actora, aquí quejosa. En ese sentido, se le requirió a la diversa autoridad responsable, Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco, para que acreditara las gestiones que se encontraba efectuando para realizar el pago de la cantidad a la que fue condenado a pagar a la parte actora, aquí quejosa; sin que a la fecha hubiere informado a cabalidad lo conducente. Ahora bien, de conformidad con el artículo 37, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los Ayuntamientos pueden solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a su juicio ameriten las leyes de ingresos ya aprobadas. Luego, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el hecho de que las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector puedan solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal, al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, no obsta para que empleen los mecanismos legales previstos para la transferencia o adecuación de las partidas que integran su presupuesto previamente autorizado. Ello es así, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva y, por otra, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede establecer obstáculos al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, en la inteligencia de que la excusabilidad de su incumplimiento en el plazo respectivo, en ese supuesto, únicamente podría sustentarse en la inexistencia de recursos presupuestales disponibles, la cual debe acreditarse fehacientemente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10 del Tomo XXXIII, Marzo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN". Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues sólo así no se transgrediría el artículo constitucional citado, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente. De lo que se aprecia, que el Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco, cuenta con una diversidad de opciones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que el pago de la cantidad fijada en el juicio de amparo deriva de un juicio laboral, tales como solicitar la ampliación de la ley de ingresos ya aprobada, adquirir financiamiento con autorización del Congreso del Estado o realizar las transferencias y adecuaciones presupuestales a las partidas que correspondan. Sin embargo, tanto los titulares de la administración del Ayuntamiento, como los de su actual administración, no han demostrado haber hecho uso de dichos medios para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen, reduciendo sus informes a tratar de evidenciar la imposibilidad de cumplimentar el fallo protector ante el estado de insolvencia crítico, lo que denota poca disponibilidad para dar cumplimiento a la sentencia. En ese sentido, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo se vincula al cumplimiento a la ejecutoria de amparo al Pleno del Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco, integrado por su Presidente Municipal, su Síndico y sus regidores titulares, así como a los funcionarios suplentes, en su caso. Y, en consecuencia, se les requiere para que dentro del plazo de diez días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, en términos de los artículos 192 y 193 de la mencionada ley, hagan uso de las mencionadas opciones para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen. Lo cual deberán demostrar fehacientemente ante este juzgado de distrito, remitiendo copia certificada, ordenada, completa y legible de las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se apercibe a las autoridades requeridas que de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa ......................

  2. Principal

    Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Causa Ejecutoria. De la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran interpuesto recurso alguno contra la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal; por lo que, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo aludida en términos de su numeral 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley.

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