Leonardo Garduño de la Cruz

Expediente 1226/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1226/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
12/09/2016

Partes del expediente

  • Leonardo Garduño de la Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    III. REMITASE A LA AUTORIDAD FEDERAL LAS COPIAS QUE PETICIONA.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se agrega a los autos la razón mediante la cual el Actuario Judicial adscrito asentó la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis (fojas 9 a 15), por los motivos que expone. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, así como la determinación de veintitrés de agosto pasado y las subsecuentes, aun las que deban ser personales, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y por lista a la parte quejosa el presente auto y el diverso de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. Por recibida la demanda de amparo promovida por Leonardo Garduño de la Cruz, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1226/2016. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que el acto reclamado materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: La orden de lanzamiento decretada en contra del quejoso, mediante la cual se le pretende desposeer del inmueble ubicado en Camino a San Bartolomé Tlaltelulco, número cuatrocientos diecinueve (419), lote quince (15), área vendible D (derecha), poblado de San Felipe Tlalmimilolpan, Municipio de Toluca, Estado de México. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que respecto del acto reclamado consistente en la orden de lanzamiento decretada en contra del quejoso, mediante la cual se le pretende desposeer del inmueble ubicado en Camino a San Bartolomé Tlaltelulco, número cuatrocientos diecinueve (419), lote quince (15), área vendible D (derecha), poblado de San Felipe Tlalmimilolpan, Municipio de Toluca, Estado de México, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por el solicitante de amparo se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad es estudio no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que el quejoso acude a esta vía constitucional, para reclamar la orden de lanzamiento decretada en contra del quejoso, mediante la cual se le pretende desposeer del inmueble ubicado en Camino a San Bartolomé Tlaltelulco, número cuatrocientos diecinueve (419), lote quince (15), área vendible D (derecha), poblado de San Felipe Tlalmimilolpan, Municipio de Toluca, Estado de México; acto del cual se afirma que tuvo conocimiento desde el quince de abril de dos mil dieciséis. Lo anterior es así, en razón a que del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que bajo protesta de decir verdad el quejoso manifestó que el quince de abril de dos mil dieciséis, se apersonó en el domicilio antes referido un sujeto quien dijo llamarse Amadeo Valente Montiel, acompañado de otras personas que dijeron se abogados y otra persona que dijo ser ejecutor de un Juzgado de Toluca, quienes le refirieron que por orden del Juez Civil de Primera Instancia de Atlacomulco, Estado de México, debía desalojar el inmueble y entregarlo al citado Amadeo Valente Montiel, el cual se ostentó como dueño de ese bien. Manifestación que debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 321664, cuyos rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que el acto de autoridad tildado de inconstitucional, como se ha precisado, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, el peticionario de amparo no está impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. A su vez, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, el quejoso Leonardo Garduño de la Cruz, contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto que reclama, a saber, el quince de abril de dos mil dieciséis. Luego, como se señaló en párrafos que anteceden, el solicitante de amparo tuvo conocimiento del acto que se analiza en el presente asunto, al menos desde el quince de abril de dos mil dieciséis, data en que se constituyeron Amadeo Valente Montiel y una persona que dijo ser Ejecutor de un Juzgado de Toluca al domicilio que actualmente habita el quejoso, con la finalidad de ejecutar el mandato de lanzamiento reclamado ordenado por un Juez Civil de Primera instancia de Atlacomulco, Estado de México. En consecuencia, el plazo para combatir la orden de lanzamiento dictada en contra del quejoso, transcurrió del dieciocho de abril al nueve de mayo de dos mil dieciséis, dado que el peticionario de amparo como quedó precisado en párrafos precedentes tuvo conocimiento del acto reclamado al menos desde el quince de abril del año en curso, sin tomar en cuenta para dicho cómputo los días inhábiles, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo; a saber, el veintitrés, veinticuatro y treinta de abril, uno, cinco, siete y ocho de mayo, todos del año en curso. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el mandato de captura reclamado, transcurrió en exceso, dado que el peticionario de amparo como quedó precisado en párrafos precedentes tuvo conocimiento del acto en estudio al menos desde el quince de abril de dos mil dieciséis, en tanto que la demanda de amparo -origen del presente sumario- fue presentada hasta el veintidós de agosto del año en curso; por ende, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio. Es aplicable la jurisprudencia 14, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Sin que pase desapercibido a lo expuesto el hecho de que el quejoso señale como autoridades responsables al Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio, así como a los Jueces Segundo, Tercero y Cuarto Civil de Primera Instancia, todos del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, y que en su capítulo de antecedentes no se refiera de manera concreta a éstas; lo anterior, en razón a que en dicho capitulo señaló que la orden reclamada emana del Juez Civil de Primera Instancia de Atlacomulco, Estado de México, y al efecto resulta un hecho notorio por la suscrito que en el Municipio de Atlacomulco, únicamente ejerce jurisdicción el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México (que señala como responsable), en tanto que respecto a los diversos jueces con residencia en Toluca que señala como responsables, solo les recae en su caso el carácter de autoridades ejecutoras, pues el quejoso refiere que el actuario que pretendió ejecutar el acto reclamado pertenece a un Juzgado de Toluca; de ahí que se estime que subsisten las consideraciones antes vertidas para evidenciar la extemporaneidad de la demanda. En mérito de lo anterior, resulta inconcuso que se actualizan las causas de improcedencia previstas en los artículos 61, fracciones X y XIV, esta última en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo y, por esa causa, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Leonardo Garduño de la Cruz, contra actos del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México y otras autoridades, por notoriamente improcedente. En diverso orden, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Arturo Miguel Ávila Islas, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Acorde con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.

  3. Principal

    V.-Visto el oficio de cuenta mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, devuelve los autos originales del Juicio de Amparo 1569/2015-V; y, de igual manera remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal de su adscripción, el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, relativa al recurso de revisión interpuesto por el quejoso Rodrigo García Pérez, en contra de la resolución de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis; en la que se determinó: "PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se REPONER el procedimiento en el juicio de amparo indirecto al que este recurso se refiere." Atento a lo anterior, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, acúsese el recibo de estilo; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, glósese el cuaderno de antecedentes al expediente principal en que se actúa. Ahora, en cumplimiento a lo determinado por el Tribunal de Alzada, se deja insubsistente la sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis hasta el proveído de ocho de febrero de dos mil dieciséis en el que se determinó la separación de autos, quedando intocado la separación de autos, precisado que los actos y autoridades por las que se conocerá el presente juicio son: Que la materia de estudio en el presente juicio de amparo lo constituirá la litis planteada por el quejoso respecto a los actos de autoridades administrativas siguientes: Del Procurador de Protección del Ambiente con residencia en Toluca, la orden de visita de veinticuatro de septiembre de dos mil quince en el referido inmueble; Del Director General de Comercio de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, la orden de verificación de veintitrés de septiembre de dos mil quince y suspensión temporal de su negocio realizada el veinticuatro del mismo mes y año; y De la Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "4" de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, de la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria, la visita realizada a su inmueble el veinticuatro de septiembre de dos mil quince. Y, respecto a los actos y autoridades que deberá conocer el juicio de amparo 174/2016-V del índice de este juzgado son: De igual forma, que en el mismo proveído precise que los actos de autoridades que serán materia del juicio de amparo cuya separación se decretó, serán las siguientes: De los Agentes de Ministerio Publico adscritos al Turno Primero, Segundo y Tercero de la Agencia del Ministerio Publico Especializada en Investigación, Recaudación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el aseguramiento de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, decretado sobre el inmueble en el que el quejoso tiene su negocio, ubicado en calle Salvador Díaz Mirón, sin número, colonia Santa Ana Tlapaltitlán, en Toluca, Estado de México; De la Fiscal de la Agencia del Ministerio Publico Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la negativa de darle información y acceso a la carpeta de investigación numero 595810078815 (sic(, derivada del ilegal aseguramiento del inmueble mencionado; y Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa 5 de Devolución de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo de Toluca, Estado de México, el aseguramiento de veinticuatro de septiembre de dos mil quince del inmueble en que se ubica la negociación del quejoso, ubicado en calle Salvador Díaz Mirón, sin número, colonia Sana Ana Tlapaltitlán, en Toluca, Estado de México, así como la negativa de darle información y acceso a la carpeta de investigación 595210360258815 derivada del ilegal aseguramiento del inmueble mencionado. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, se suspende total comunicación en este juicio por cuanto hace a las autoridades Agentes de Ministerio Publico adscritos al Turno Primero, Segundo y Tercero de la Agencia del Ministerio Publico Especializada en Investigación, Recaudación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la Fiscal de la Agencia del Ministerio Publico Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa 5 de Devolución de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo de Toluca, Estado de México, por no ser parte en este juicio de amparo. Remítasele copia certificada al juicio de amparo 174/2016-VI del índice de este juzgado ´para que acuerdo lo que a derecho corresponda. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba consistente en el disco versátil ofrecido por el quejoso en proveído de trece de noviembre de dos mil quince, con las formalidades de prueba de inspección ocular con la finalidad de valorar su contenido, por tanto se fijan las doce horas del siete de septiembre de dos mil dieciséis para que tenga desahogo la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1.20.p.12 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 'Penal del Primer Circuito, que señala: "VIDEOGRABACIÓN. SU OFRECIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO DEBE SUJETARSE A LAS REGLAS PREVISTAS PARA LA INSPECCIÓN OCULAR. La reproducción de las imágenes contenidas en un video constituye una inspección porque, para su desahogo, es necesaria la observación sensorial respecto de alguien o algo, así como la descripción que se haga de lo observado en tal video, por lo que, para estar en aptitud de desahogar dicho medio de prueba, debe atenderse lo dispuesto en el artículo 151, párrafo segundo, de la Ley de Amparo que establece las reglas para la inspección ocular. Así como lo expuesto en la diversa 1.20.P.11 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 'Penal del Primer Circuito, que señala: "VIDEOGRABACIÓN. CONSTITUYE UNA INSPECCIÓN OCULAR Y NO UNA DOCUMENTAL. La reproducción de las imágenes contenidas en un video constituye una inspección porque, para su desahogo, es necesaria la observación sensorial respecto de alguien o algo, así como la descripción que se haga de lo observado en tales videos con el objeto de constatarlo y describirlo en el acta que servirá para establecer en el juicio, la verdad que corresponda a los planteamientos jurídicos del quejoso en el juicio de garantías. Bajo esa perspectiva, el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, define que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, además, tal numeral prescribe que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso prevengan las leyes de tal suene que tales filmaciones no corresponden con lo que se entiende por documento, sino que, conforme a lo expuesto, se trata de una inspección ocular.

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