Leonardo García Vázquez
Expediente 74/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 74/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Leonardo García Vázquez
Actuaciones
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Por último, se hace del conocimiento de las partes, que mediante oficio SEADS/365/2021, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó a este órgano federal que el Pleno del propio Consejo, en sesión del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, acordó la adscripción del Juez Juan Manuel Villanueva Gómez a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en sustitución del Juez José Álvaro Vargas Ornelas, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, circunstancia que se informa para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy Fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de junio de dos mil veintiuno. Téngase al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo con residencia en Pachuca de Soto, informando que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo de ***********************, la cual registró bajo el número amparo 171/2021-7; de lo que se adquiere conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y por vía electrónica a la parte quejosa. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso, del propio Consejo, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vistos los autos, se advierte que en proveído del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por lo que se remitió el expediente electrónico al Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Pachuca, Hidalgo, para su substanciación. En ese sentido, solicítese atentamente al citado Juzgado de Distrito, de no tener inconveniente alguno, tenga a bien informar si aceptó la competencia o no a efecto de que este Juzgado de Distrito provea lo que en derecho corresponda. Notifíquese, por vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *********************, por derecho propio, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 74/2021-I. El acto reclamado se hace consistir en el decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Victimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; así como así como su aprobación, promulgación, publicación en el Diario Oficial de la Federación el seis de noviembre de dos mil veinte y ejecución. Expuesto lo anterior, es necesario traer a colación el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El precepto transcrito establece tres reglas para determinar la competencia territorial de los jueces de distrito respecto de los juicios de amparo: 1. Cuando el acto reclamado tenga aparejada ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción deba o trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado comenzó a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, el juez ante el que se presente la demanda será el competente. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución, el juez de distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda. Se advierte que el referente que toman en cuenta las dos primeras reglas para definir la competencia es la ejecución material del acto reclamado, mientras que la última, por tratarse de actos que carecen de ejecución, tiene como referencia el lugar en que el promovente presente la demanda de amparo. Luego, de la lectura integra de la demanda se advierte que el acto reclamado el quejoso lo señala como una norma autoaplicativa al no haber indicado expresamente la existencia actual de un acto de aplicación del ordenamiento legal que reclama, sino que se limita a manifestar la exigencia de practicar un análisis constitucional respecto de la extinción del fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, porque al ser un beneficiario de dicho mecanismo de defensa, con su desaparición se podría comprometer su vida, integridad, seguridad, su derecho a defender los derechos humanos y libertad de expresión. Lo anterior ya que fue incorporado al mencionado fondo en enero de dos mil dieciocho, bajo el expediente *********************, donde aduce que se le otorgaron como medidas de protección el colocar cámaras de videogración en circuito cerrado, concertina, alarmas con sensores de movimientos, así como un botón de asistencia y mesas de trabajo con autoridades del estado de hidalgo, en su domicilio que habita con su familia en el fraccionamiento de *********************; con las cuales actualmente cuenta. De lo anteriormente narrado, se evidencia que el ordenamiento legal que reclama tiene como objetivo regular diversos fideicomisos, en específico el fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que rige para toda la República. En ese tenor, se tiene que si bien la norma tildada de inconstitucional rige para toda la República Mexicana, es susceptible de ser aplicada en cualquiera de los circuitos que integran el Poder Judicial de la Federación; por ende, no debe soslayarse que el ordenamiento legal controvertido sólo resulta aplicable, precisamente, en el ámbito concerniente a las medidas de protección otorgadas al quejoso; esto es, en su domicilio ubicado en el Estado de Hidalgo, en el cual se tiene la obligación de acatar lo dispuesto en dicha normatividad. De ahí que resulte claro que el ámbito de aplicación espacial de la misma, corresponde en forma particular respecto del quejoso. En efecto, toda vez que al tratarse de normas reclamadas como autoaplicativas, constituyen un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material, precisamente, en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones; ello, porque la circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran vinculación, no debe conducir a la conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior intervención de la autoridad o de un tercero, a acatar sus mandatos. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a. 11, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 193 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, primera parte, julio-diciembre de 1989, Octava Época, cuyos rubro y texto dicen: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos". En ese contexto, si el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que las medidas de protección que le fueron otorgadas en el expediente *********************, relativo al fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que son aplicadas en su domicilio ubicado en el fraccionamiento de *********************; el juzgado de distrito competente para conocer de este asunto es el que ejerza jurisdicción en esa localidad, ya que los efectos y consecuencias de la norma reclamada se surte precisamente en ese municipio, acorde a las reglas de ejecución plasmadas en párrafos que anteceden. Por tal motivo, este Juzgado declara carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, por lo que se ordena remitirla con sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en turno. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Circular DGGJ/0012/2020 de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal del diez de julio de este año, comuníquese el contenido de este acuerdo (con copia de la papeleta de turno y de la demanda de amparo) al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, mediante oficio que se envíe por correo electrónico oficial a la dirección ilian.diaz.castelazo@correo.cjf.gob.mx y/o cjf/occjdo29cto@correo.cjf.gob.mx, números de teléfono 01 771 7170660 extensión 3069, red #940; para que realice e turno correspondiente. Lo anterior, a efecto de que remita a este Juzgado de Distrito la boleta de turno por correo electrónico con la finalidad de identificar el órgano al que le fue asignado el asunto y continuar con el trámite de este juicio de amparo. Una vez acontecido lo anterior, sin ulterior acuerdo remítase el expediente electrónico al Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, que corresponda para su substanciación. Sin perjuicio de su remisión físicamente. Se autoriza a cualquier secretario o actuario judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional, para que firme electrónicamente el oficio que se envíe al Juzgado de Distrito correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase por autorizados a los usuarios "*********************", "*********************", "*************" y "*************", para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo, en virtud de que cuentan con el registro correspondiente, motivo por el cual realícense la presente y subsecuentes notificaciones vía electrónica a la parte quejosa; por lo que se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a la Actuaria Judicial adscrita, a efecto de que realicen el registro correspondiente. Sin que haya lugar a tener como domicilio los correos electrónicos que proporciona, toda vez que la ley no los contempla como tal; sin embargo, se toma conocimiento de los mismos a efecto de establecer contacto en caso de que este juzgado lo considere durante la tramitación del presente juicio. Se tienen por autorizadas a las personas que refiere para los efectos que precisa. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; y por medio de lista electrónica. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso, del propio Consejo, en unión de Luis Eduardo Villa Jaimes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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