Leonardo García Noverola y Otros.
Expediente 1529/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1529/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/12/2019
Partes del expediente
- Legislatura del Estado de Querétaro
- Leonardo García Noverola y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación Secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión contra de la sentencia dictada en autos, en la que se se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, comuníquese a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, tomando en consideración que le fue concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Notario Público Número Treinta del Distrito Judicial de Querétaro, Querétaro, a efecto de que en el término de tres días, informe si aún retiene el entero por concepto de inscripción en el Registro Público de la Propiedad que realizó.
- Principal
Sentencia 1529/2019 En Querétaro, Querétaro, a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y día señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional en los presentes autos (foja 22 vuelta), encontrándose en audiencia pública el licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ante el licenciado Absalón Díaz Reyna, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias glosadas en auto, da lectura de los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 31 y 32 a 33). A lo que se acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias y por rendidos los informes de mérito. Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria hace relación de las pruebas ofrecidas por las partes: de la parte quejosa, las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda (foja 13 a 19); de la Legislatura del Estado de Querétaro, la documental que adjunto a su informe justificado (foja 34); y del Titular de la Notaría Pública número Treinta de la Demarcación Notarial de Querétaro, las documentales que remitió mediante el oficio registrado con el folio 20517 (fojas 42 a 66), así como la presuncional en su doble aspecto ofertada por el Gobernador del Estado de Querétaro (foja 70 vuelta). A lo que se acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de mérito, en atención a su propia y especial naturaleza jurídica, mismas que serán tomadas en consideración al dictar la sentencia correspondiente y al no existir diversa probanza que acordar, se da por terminado el periodo en cita. Procediendo a declarar abierto el respectivo de alegatos, la Secretaria hace constar los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional mediante pedimento número 312/2019 (fojas 36 a 39) y por el delegado de la responsable: Gobernador del Estado de Querétaro (fojas 68 a 70), a través de su escrito de cuenta, mismas que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaran, por lo que sin más manifestaciones de las partes, se cierra esta etapa. Finalmente, al no haber documento alguno pendiente de acordar, procede a dictar la resolución correspondiente: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1529/2019; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de demanda: once de noviembre de dos mil diecinueve (foja 1). Quejosos: Leonardo García Noverola y María de los Ángeles Ramírez Ruiz. Solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y por los actos que se describen en el escrito de demanda (fojas 2 y 3), los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran. II. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se interpuso dentro del término de quince días que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se advierte de la siguiente tabla: Fecha de conocimiento del acto reclamado El plazo de quince días transcurrió Días inhábiles Fecha de presentación de la demanda De los artículos 90 y 97 el 18 de octubre de 2019. Del artículo 99 el 22 de octubre de 2019. 21 de octubre al 11 de noviembre de 2019 23 de octubre al 13 de noviembre de 2019. 19, 20, 26 y 27 de octubre, 1, 2, 3, 9 y 10 de noviembre de 2019 26 y 27 de octubre, 1, 2, 3, 9 y 10 de noviembre de 2019. 11 de noviembre de 2019. III. Admitida la demanda e integrado el asunto se decide: C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos de lo dispuesto por los acuerdos 3/2013 y 30/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una ley estatal de carácter tributario como inconstitucional, cuyo acto de aplicación se efectuó dentro de esta entidad federativa, lugar en donde este Juzgado Federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, hecho el análisis integral de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se pone de manifiesto que en este juicio de amparo la parte quejosa reclama: 1. Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en específico sus artículos 90, 97 y 99; 2. La aplicación y ejecución de dichas disposiciones legales con motivo de la retención de contribuciones, derivada de los actos jurídicos descritos en la escritura pública número 63,586 (sesenta y tres mil quinientos ochenta y seis), pasada ante la fe del Notario Público Número Treinta de la Demarcación Notarial de Querétaro. TERCERO. Certeza de actos. Las autoridades responsables: Gobernador (foja 31) y la Legislatura (fojas 32 y 33), ambos del Estado de Querétaro, en sus informes justificados manifestaron que en el ámbito de sus respectivas competencias, son ciertos los actos que se les reclaman. Además, al ser actos de naturaleza legislativa no están sujetos a prueba, pues constituyen un hecho público y notorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Tomo 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, de rubro: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA", así como la diversa tesis, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Sexta Parte, Materia(s): Común, página 249, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO (PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL)". CUARTO. Causales de improcedencia. Sea que las partes lo hagan valer o no, las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público, deben de estudiarse previamente, en acatamiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. I. En la especia, el Gobernador del Estado de Querétaro, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción I, este último interpretado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, relativa a que la factura con número de folio 63,586 (sesenta y tres mil quinientos ochenta y seis), de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, no es el primer acto de aplicación de los artículos 90, 97 y 99, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, pues tal documento no acredita la afectación patrimonial a la parte quejosa. Sin embargo, dicha causal es infundada, ya que la autoridad responsable pierde de vista que de la prueba de informes, recabada de oficio por este juzgador, a cargo de notario a fin de evidenciar el momento en que le fue expedido el recibo de retención o la fecha en que sufrió la afectación patrimonial derivado de los actos contenidos en la escritura folio 63,586 (sesenta y tres mil quinientos ochenta y seis). Así, tal aspecto, se encuentra acreditado con la transferencia realizada el veintidós de octubre de dos mil diecinueve (foja 65), en donde se aprecia el momento en el que la parte quejosa sufrió la afectación patrimonial por concepto de derechos registrales. Por lo que no se encuentra evidenciada la actualización que refiere la responsable aunado que no exhibe prueba alguna de la que se advierta que previo a la emisión de la escritura pública de mérito, el Notario Público haya emitido un recibo provisional diverso al arriba señalado en donde se haya precisado el desglose de los impuestos y derechos retenidos, así como el fundamento legal origen de los derechos aquí reclamados; de ahí, que su aseveración resulta insuficiente para determinar que la parte quejosa carece de interés jurídico en virtud de no haber acreditado el momento en el que sufrió la afectación patrimonial; por tanto, deberá estarse a lo indicado en la fracción I del presente considerando, en donde se estableció que con tal recibo de retención expedido en favor de la parte quejosa, sí se justifica el acto de aplicación de los dispositivos tildados de inconstitucionales. II. Justificación no surge causal de que no se haya emitido acto administrativo que afecte esfera jurídica respecto de los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. En el caso, no se surge la causal de improcedencia por el hecho que del presente sumario se desprenda que el Secretario de Planeación y Finanzas y Director de Ingresos adscrito a dicha Secretaría, no hayan emitido acto administrativo alguno que afecte la esfera jurídica de la parte quejosa, toda vez que si bien se pudiera advertir que ésta no acreditó con prueba idónea que el pago por concepto de derechos causados por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en específico "compraventa de inmuebles" y "constitución de garantías reales", entraron al erario público; además de que se pudiera advertir que en el presente caso se pretende fundar la acción constitucional sin ningún recibo en el cual se materialice el acto reclamado. Lo cierto es que el acto de aplicación a través de la retención de notario, constituye una individualización de la norma en su perjuicio que lo legitima para acudir al amparo, ya que la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación sino de coordinación, de donde sigue que este último no impone su voluntad al contribuyente, por el contrario, es el contribuyente quien decide voluntariamente entregar los recursos que tiene a su disposición, por un concepto diverso al del costo del inmueble. Entonces, en el caso de los derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, realizado por conducto de un notario público, con motivo de la adquisición de un inmueble, la afectación patrimonial constituye el acto de aplicación de la norma que se pretende impugnar, misma que se actualiza a partir del momento en que concurre la voluntad del adquirente del inmueble respectivo de entregar al notario en auxilio de la administración un concepto diverso al del costo del inmueble, por ende, resulta indudable que a partir de ese instante el contribuyente tuvo noticia de tal afectación patrimonial, y que se encuentra legitimado para acudir al amparo con motivo de ese acto, con el objeto de controvertir las normas generales que se pudieron concretar en aquél, a partir del día siguiente al en que entregó el monto del tributo al notario público. No escapa a consideración del suscrito el hecho de que en el documento donde consta la retención no se citen las normas generales que rigen el derecho o tributo motivo de retención, ya que ese factor no modifica que el contribuyente haya tenido conocimiento cierto de la afectación patrimonial que se le causa por tal motivo, en atención a que es su voluntad entregar al notario público el pago de los tributos o derechos en auxilio de la administración, y a que no existe una relación de supra a subordinación contribuyente-notario, como ya se dijo en líneas precedentes. Respecto al tema (retención de contribución por un tercero auxiliar del fisco), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos en revisión 1167/2015, 1168/2015, 1169/2015, 1196/2015 y 945/2018, en la parte que interesa estableció lo siguiente: " (.) Esta conclusión implica que el plazo para impugnar ese acto de aplicación de la norma general respectiva, necesariamente inicia desde que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial en la cual se concreta aquélla y, de no promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al día en el que por su propia voluntad se colocó en el supuesto de esa normativa, se deberá estimar que decidió no impugnarla a través de dicho medio de control constitucional y, por ende, si posteriormente pretende controvertirla, con motivo del acto de aplicación que él decidió realizar, el juicio resultará extemporáneo, pues el plazo de quince días necesariamente habrá comenzado desde el momento en el que decidió cumplir con la obligación tributaria que le genera la respectiva afectación patrimonial. Dicho en otras palabras, aun cuando los quejosos pretendieran ostentarse sabedores del acto de aplicación en un momento posterior, lo cierto es que tuvieron conocimiento pleno de la afectación patrimonial que les causó perjuicio desde el momento en el que realizó el pago respectivo, máxime que fue su voluntad la que determinó llevarlo a cabo en ese preciso momento y no en uno diverso dentro del margen legal para cumplir con la respectiva obligación tributaria. (.) Es decir, si una norma general se controvierte en amparo con motivo de su acto de aplicación realizado por un tercero, la procedencia del juicio estará condicionada a que la demanda se haya presentado en tiempo en relación de ese acto el cual, tratándose de normas que regulan los elementos de un tributo, exige analizar si el pago correspondiente se realiza por aquél con recursos que tiene a su disposición, tradicionalmente cuando se trata de una retención que se lleva a cabo con motivo de la deuda que el tercero tiene con el contribuyente; o bien si los recursos respectivos se encuentran bajo el resguardo del contribuyente y con motivo de la realización del o de los hechos generadores debe entregarlos por concepto del tributo respectivo a un tercero que en auxilio de la administración lo recauda y lo entera a la hacienda pública. (.) En ese orden de ideas, si el contribuyente pretende impugnar una norma general con motivo de su aplicación generada por un tercero en auxilio de la administración, es necesario que el amparo se promueva dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél al en que tuvo conocimiento pleno del acto en el cual se dio la respectiva afectación patrimonial, atendiendo a lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, ya que si en la denominada "retención" realizada por el notario público concurre la voluntad del contribuyente, en cuanto a decidir el momento en el que entrega los recursos que tiene a su disposición, resulta indudable que éste tuvo noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decidió entregar el monto correspondiente y, por ende, el plazo de quince días para acudir al amparo con motivo de ese acto, con el objeto de controvertir las normas generales que se pudieron concretar en aquél, inicia al día siguiente al en que entregó el monto del tributo al notario público. En efecto, al realizar el contribuyente -en un plano de coordinación- el pago de los tributos respectivos, es decir, al llevar a cabo las erogaciones correspondientes con base en recursos que se encuentran a su disposición, de ello se sigue que se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración como retenedor o recaudador, hace de su conocimiento la fuente jurídica de la afectación patrimonial respectiva, en la inteligencia de que al provenir los recursos de su patrimonio, es indudable que al momento de realizar el entero de los tributos respectivos al referido tercero, tuvo conocimiento pleno de la existencia de esa afectación patrimonial, por lo que si considera que la fuente legal de dicha afectación es inconstitucional, a partir de ese momento inicia el cómputo del plazo de quince días para controvertir en amparo la validez del sustento normativo de dicha afectación. Sostener lo contrario implicaría sujetar a la voluntad de los contribuyentes el plazo establecido por el legislador para controvertir mediante el juicio de amparo la constitucionalidad de las leyes que son aplicadas a partir de un pago realizado con recursos que se encuentran a su disposición, sin necesidad de un acto proveniente de una autoridad, en tanto que a pesar de que la afectación patrimonial respectiva tendrá lugar cuando concurra la voluntad del contribuyente que erogará el tributo respectivo, el plazo para la impugnación de la normativa que rija esa prestación patrimonial no comenzaría a partir de que conoce a plenitud esa afectación, sino sólo desde el momento en el que decida conocer la fuente jurídica de su obligación, aun cuando pudo optar por no sufrir el impacto patrimonial respectivo en tanto no tuviera noticia plena de esa fuente normativa. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que la circunstancia de que en el documento en el que conste el referido acto de retención o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se hubieren citado las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que los quejosos tienen de la afectación patrimonial que se les causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello, decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo lugar, porque la participación del notario público que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación sino de coordinación, de donde sigue que este último no impone su voluntad al contribuyente. (.)". Argumentos los anteriores que originaron las tesis jurisprudenciales 2a/J. 81/2019 (10a), 2a/J. 82/2019 (10a), 2a/J. 83/2019 (10a) de rubros: "AMPAROS CONTRA LEYES TRIBUTARIAS CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA RESPECTIVA, RESULTA RELEVANTE SI EL CONTRIBUYENTE TIENE BAJO SU RESGUARDO LOS RECURSOS QUE SE ENTEREN POR AQUEL". "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN QUIEN ENTERA A LA HACIENDA PUBLICA LOS RECURSOS RESPECTIVOS, PREVIA ENTREGA DE ÉSTOS POR EL CONTRIBUYENTE, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTA CONDICIONADA A QUE SE PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE ESA AFECTACIÓN PATRIMONIAL", y; "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL". Precisado lo anterior, se deben de analizar las constancias que integran el presente juicio, así tenemos constancia del estado de cuenta número 4054519798, del Banco HSBC México, a nombre de Notaria Pública 30 S.C., así como la factura con número de serie y folio 70191, de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, documento último expedido por la mencionada Notaría Pública (fojas 64 y 65); documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. En ese contexto, de la constancia y factura notarial de mérito, se aprecia lo siguiente: Tales constancias de retención son válidas examinarlos en justicia y buena fe, pues de ellos se desprende lo siguiente: 1).- Que de acuerdo a lo manifestado por el Notario en cuestión, la parte quejosa a través de la escritura pública 63,586, realizó un acto que fue formalizado ante él, esto es, compraventa de bien inmueble con constitución de garantía real sobre inmueble. 2).- Que en virtud de dicha operación por mandato legal, como son las normas reclamadas, la parte quejosa está obligada a pagar diversas contribuciones, entre ellas el impuesto de derechos registrales (inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio por compraventa de bien inmueble con constitución de garantía real sobre inmueble), ésta en virtud de que se tiene que inscribir el documento; efectivamente el artículo 8 de la Ley del Notariado, relacionado con los diversos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, 73 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado, aluden la obligación del Notario de retención de contribuciones respecto de actos que se efectúen ante su fe pública. 3) Que derivado de esto, el Notario retiene las cantidades a razón de las contribuciones aludidas, de conformidad con los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, lo que en la especie aconteció como se advierte del recibo aludido, y del que se percibe las cantidades retenidas por derechos registrales, tal y como se muestra en el citado recibo ya antes mostrado. Esa clase de retención de contribuciones efectivamente permite advertir el concepto a pagar por el contribuyente de forma razonable, es decir, que se trata de derechos de Registro de una "operación", que no puede ser vista en forma aislada, ya que el contexto inmediato y relevante es el acto formalizado ante Notario Público; y, que se demuestra con el recibo aludido, es decir, tal concepto no fue retenido de la nada y sin causa inmediata alguna, sino por virtud de la previa protocolización de una operación de compraventa de bien inmueble con constitución de garantía real sobre inmueble que existieron. Elementos que concatenados son suficientes para entender que la operación a registrar fue los derechos de compraventa de bien inmueble con constitución de garantía real sobre inmueble, caso en el cual existe una norma que sin mayor complejidad precisa que la inscripción registral relativa implica pagar derechos por registro del 7.5 y 3.125 al millar sobre el valor del inmueble y valor de la operación (artículos 90 y 99); pues sería el fundamento indudable o inequívoco de una retención de derechos por registro, si el gobernado ha acudido ante Notario a celebrar tal clase de actos y que la ley dispone que se inscriben en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como que en cada supuesto existe norma que fija el derecho relativo. Por lo cual se cumple con la doctrina jurisprudencial de fundamento implícito del acto de aplicación de normas. Lo anterior permite concluir que la norma aplicada en dicha operación es la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, pues se deben de causar los derechos de compraventa de bien inmueble con constitución de garantías reales, respectivamente, con tasas del 7.5 y 3.125 al millar. En consecuencia, con los recibos de retención expedidos en favor de la parte quejosa, sí se justifica el acto de aplicación de los dispositivos tildados de inconstitucionales. En virtud de lo anterior, se demuestra que la parte quejosa sí tiene interés jurídico para acudir al presente juicio al quedar demostrado que le fueron aplicados los artículos reclamados en su demanda de amparo y que fue de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en específico el 90, 97 y 99. III. En otro punto, el Gobernador del Estado de Querétaro, refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, lo anterior, toda vez que la parte quejosa no formuló conceptos de violación respecto al numeral 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. Sin embargo, dicha causal de improcedencia se estima infundada, lo anterior, pues en el primer concepto de violación de la demanda de amparo se advierte que los quejosos manifestaron: Que los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, son violatorios de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tratándose de derechos por servicios, la proporcionalidad y equidad se refiere al costo del servicio que presta el Estado, por lo que no se debe tomar en cuenta el monto de la operación o elementos diversos. De ahí que la causa de improcedencia se estime infundada. Por otra parte, tomando en cuenta que este juzgador no advierte la actualización de una causa de improcedencia que obligue a decretar el sobreseimiento en el juicio, se procede realizar el análisis de los conceptos de violación realizados por la parte quejosa, sin necesidad de transcripción. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa argumenta que los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, son violatorios de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tratándose de derechos por servicios, la proporcionalidad y equidad se refiere al costo del servicio que presta el Estado, por lo que no se debe tomar en cuenta el monto de la operación o el valor del inmueble. Dicho argumento resulta fundado. A efecto de arribar a tal conclusión, conviene destacar que en el artículo 31, fracción IV, de la constitución, se establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sin embargo, esta obligación también implica el correlativo derecho de los contribuyentes a cumplir en los mismos términos, es decir, con seguridad, equidad y proporcionalidad. Por su parte, los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, disponen: "Artículo 90. Por la inscripción de compraventa de inmuebles; compraventa de bienes inmuebles con reserva de dominio; permuta de bienes inmuebles; adjudicaciones judiciales; dación en pago de inmuebles; escrituración en rebeldía; adjudicaciones por herencia; limitaciones de dominio; uso; consolidación de propiedad; constitución o ejecución de fideicomisos traslativos de dominio; cesión de derechos inmobiliarios, se causará el derecho a razón del 7.5 al millar sobre el valor del inmueble, de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 de esta Ley. Por la inscripción del acto mediante el cual se adquiera el usufructo o la nuda propiedad, se causarán y pagarán derechos a razón del 3.75 al millar." "Artículo 97. Por la inscripción de cualquiera de los actos o contratos precisados en los artículos que anteceden, se pagará el derecho conforme al valor mayor que resulte entre el de la operación consignada o el avalúo comercial que se practique; si no se hubiere practicado el avalúo en razón a la naturaleza del acto, servirá de base para el pago el valor catastral, tratándose de inmuebles." "Artículo 99. Por la inscripción de fianzas, obligaciones solidarias, compraventa con reserva de dominio de bienes muebles, constitución de garantías reales sobre inmuebles, compraventa de bienes muebles, convenios que impliquen ampliación del crédito, ampliación de garantía, disolución de copropiedad o actos o contratos relativos a la disolución de la subdivisión del régimen de copropiedad, se cobrará por concepto de derechos el 3.125 al millar sobre el importe de operación. En el caso de ampliación de garantía, los derechos se calcularán sobre el valor que se le asigne a los bienes que servirán de garantía y, en caso de que no se establezca, sobre el total de la cantidad que se está garantizando. En la inscripción de actos o contratos relativos a la subdivisión o disolución de copropiedad, los derechos señalados en el párrafo primero, se causarán únicamente en aquellos casos en los que exista transmisión de derechos de propiedad. De no existir dicha transmisión o demasía, se cobrará por concepto de derechos 15 UMA." Bajo ese tenor, los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, son inconstitucionales por violar los requisitos de proporcionalidad y equidad en materia tributaria previstos por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues en dichos artículos el legislador ha considerado que por la inscripción de los actos jurídicos denominados "compraventa de inmuebles" y "constitución de garantías reales sobre inmuebles" se causará el derecho a razón del 7.5 y 3.125 al millar sobre el valor del inmueble o valor de la operación, respectivamente. Esto es, no se debe tomar en cuenta el monto de la operación o valor del bien, sino que debe guardar relación con el costo del servicio. Ello es así porque no existe proporción entre el costo del servicio prestado y la base o cuota que se cobra; lo anterior, tomando en cuenta que es menester que el derecho por el servicio que se presta guarde proporción entre la contraprestación (importe del derecho) y el servicio que efectivamente se recibe y por el cual se cobra, quebrantándose con ello, el principio de proporcionalidad, como ya se dijo. Lo anterior, máxime si se considera que los derechos no son una aportación económica que los sujetos que se ubiquen en la hipótesis del hecho imponible, estén obligados a satisfacer conforme a la legislación fiscal para la atención de los servicios públicos, como es el caso de los impuestos, sino que su monto deriva fundamentalmente de su correlación con el costo que implica el servicio prestado por la administración pública. Es aplicable a lo anterior por las razones que contiene, la Jurisprudencia número P./J. 95/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1431, tomo XXX, julio de 2009, materia constitucional, administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DERECHOS REGISTRALES. LAS LEYES FEDERALES O LOCALES QUE ESTABLECEN LA TARIFA RESPECTIVA SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Acorde con la doctrina y la legislación tributaria, los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado, como precios por servicios de carácter administrativo prestados por los órganos del poder público a las personas que los soliciten. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichas contribuciones satisfacen los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio prestado, y cuando se da un trato igual a quienes reciben servicios análogos. En este contexto, las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo su cuantificación mediante un porcentaje o factor (sea por ejemplo, a la decena, a la centena o al millar), tomando en cuenta valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública, violan los indicados principios tributarios, pues se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocando que una misma función estatal, que tiene el mismo costo, cause distintas contraprestaciones en dinero." Igualmente, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número P./J. 121/2007, en la página 2099, del tomo XXVII, enero de 2008, materia (s): constitucional, administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA". Congruente con lo anterior, si el pago por concepto de derechos de servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en relación a la inscripción de los actos jurídicos "compraventa de inmuebles" y "constitución de garantías reales", se fundaron, entre otros, en los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, es inconcuso que también resulta inconstitucional el acto de aplicación. Concesión del amparo y efectos concretos. I. Ante todo lo razonado, la Justicia de la Unión Ampara y Protege a la indicada parte quejosa contra los actos reclamados que específicamente resultaron contrarios a la Constitución Federal en los términos antes precisados (normas generales estimadas efectivamente inconstitucionales y acto(s) de aplicación, conforme a lo ya explicado). EFECTOS DEL AMPARO a) Se dejen de aplicar a la parte quejosa, los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, que han sido declarados inconstitucionales, durante el lapso de su vigencia. Por ende se ordena a la autoridad fiscal exactora competente, emitir la constancia o declaración de desincorporación individualizada correspondiente a favor de la parte quejosa, para la debida certeza jurídica de que expresamente indique que no le será aplicada a la misma los preceptos declarados inconstitucionales anteriormente. b) Para el caso de que no se haya realizado el pago, en relación al recibo de retención, se aplique la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente 3.75 UMA, devolviendo el excedente a la parte quejosa el notario respectivo. O bien, para el caso que ya se hubiera realizado el pago, se devuelva únicamente el excedente a la tarifa mínima de 3.75 UMA que alude el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, de las cantidades pagadas por derechos registrales. Es decir, devuelva parcialmente las cantidades aplicadas en perjuicio de la parte quejosa a razón de los preceptos declarados inconstitucionales, ya que de acuerdo a la jurisprudencia subsecuente, en este tipo de amparo los efectos no implican una devolución total ya que la tarifa fija mínima puede prevalecer ya que es similar para todos los destinatarios. Lo anterior respecto de los actos jurídicos contenidos en la escritura pública 63,586 (sesenta y tres mil quinientos ochenta y seis), en relación con el pago de derechos contenido en el recibo de retención exhibido por el Notario Público número treinta de esta demarcación notarial, a saber: DESCRIPCIÓN O CONCEPTO SEGÚN RECIBO. CANTIDAD Inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Acorde a los art. 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. Cantidad que obra en el recibo de retención (únicamente respecto de derechos registrales por compraventa y constitución de garantías reales sobre inmuebles) * 7.5 O 3.125 respectivamente /1000 - 3.75 UMA Pago del cual solamente debe devolver el excedente a la tarifa o cuota mínima citada, por tales derechos. Ello es así porque la jurisprudencia del Alto Tribunal del país ha sido precisa en señalar que cuando una disposición declarada inconstitucional fija derechos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero también prevé una cantidad fija mínima a pagar, los contribuyentes no tienen la obligación de pagar la tarifa porcentual invalidada, pero ello no implica relevarlos de enterar la cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. Lo anterior, en aplicación al criterio adoptado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 29/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1244, de rubro y texto siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA". II. Conviene aclarar que el cumplimiento de la presente resolución no implica anular la norma declarada inconstitucional, por lo cual la Quincuagésima Novena Legislatura y el Gobernador, ambos del Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, atento al principio de relatividad de las sentencias de amparo. III. Precisados los efectos de la concesión de amparo, y dado que el entero de los tributos reclamados se realizó en principio vía retención de Notario Público conducente, deberá verificarse si aún lo retiene para requerirle a tal fedatario la devolución; y, sólo en caso de ya haberlo enterado a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, tan pronto como cause ejecutoria la presente resolución, deberá requerirse a dicha autoridad, así como al Director de Ingresos de dicha Secretaría, a efecto de que restituyan a la parte quejosa, la cantidad consignada en el recibo de pago descrito en el segundo considerando de éste fallo, dado que a ellos corresponde la recaudación y administración financiera y tributaria de la hacienda pública del Estado de Querétaro, atento a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro y en el numeral 22, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; además de que cualquier autoridad incluso en el supuesto de que no haya sido parte en este juicio está obligada a acatar el presente fallo. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia 1a./J. 57/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 144, del Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 124, 217 y sexto transitorio de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a los quejosos Leonardo García Noverola y María de los Ángeles Ramírez Ruiz, en términos del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante el Secretario Absalón Díaz Reyna, que autoriza. Doy Fe. Realizó: Alma Luz Blancas Manriquez
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Titular de la Notaría Numero Treinta de Querétaro da contestación a la prueba de informes solicitada por la parte quejosa y por este órgano jurisdiccional de manera oficiosa, respecto de las cuales anexa copia certificada de las constancias que sirven de apoyo, por lo que, se tiene por desahogada la prueba de mérito y por admitida la prueba documental que exhibe, la que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y tomada en consideración al momento de dictar la sentencia respectiva. kst
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Téngase por formuladas las manifestaciones de la Fiscal Federal de la adscripción, así también, en su oportunidad expídasele las copias que solicita. kst
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