Leonardo Gabriel Santiago Ramírez
Expediente 599/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 599/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leonardo Gabriel Santiago Ramírez
- Juez de Ejecución Penal con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta población, al que acompaña testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 235/2023, interpuesto por ..., contra el auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; así como un cuaderno de copias certificadas deducidas del presente juicio de amparo; acúsese recibo. Respecto a las copias que devuelve se ordena su destrucción, toda vez que fueron deducidas de los autos originales. Ahora bien, advirtiéndose que el referido Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso de queja, quedando firme el auto recurrido; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Documentos originales. Téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad; en atención a su contenido, téngasele comunicando que fue admitido a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, emitido por este órgano jurisdiccional, registrándolo como recurso de queja 235/2023de la estadista del referido Tribunal, de lo que se toma nota de conocimiento. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Cuestiones previas. 1. Vista la copia certificada del oficio 3388/2023, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, téngasele informando que en proveído de dieciocho de mayo actual, dictado en el cuaderno de varios 1/2023, el Magistrado Presidente de dicho órgano colegiado, al advertir diversas vicisitudes en la vinculación de los expedientes electrónicos de los juicios de amparo remitidos para la sustanciación de los recursos previstos en la Ley de Amparo y a efecto de agilizar la consulta de los juicios respectivos, solicita a los Jueces de Distrito de este circuito, tengan a bien remitir los autos originales o copia certificada de todas las constancias necesarias para resolver los medios de impugnación que ahí se radiquen, de lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes. 2. Por otra parte, previo a pronunciarse sobre la radicación del recurso interpuesto por la parte quejosa, se precisa que si bien conforme a la certificación de cuenta, no se exhibió copias del recurso; no obstante, no ha lugar a requerir al promovente para que subsane la falta de esas copias en términos del artículo 100, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, al estarse ante un caso de excepción, contemplado en el mismo numeral, dado que se trata de un asunto del orden penal (actos restrictivos de la libertad); por lo que este órgano jurisdiccional, de oficio, obtendrá las copias necesarias para el trámite del asunto. Sentado lo anterior, se acuerda: Se interpone recurso de queja. Visto el escrito signado por el quejoso ..., con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, glósese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, y ríndase el informe con justificación al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, con residencia en esta población, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que como se dijo, por acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, se desechó la demanda de amparo promovida por el referido quejoso, al que se deberá adjuntar el escrito original de agravios y una copia del mismo. En ese sentido, atendido a lo solicitado por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, remítase copia certificada de todas las actuaciones físicas que obran en este expediente, para su debida sustanciación; en razón de que atendiendo el turno aleatorio que se genera entre los dos Tribunales Colegiados en Materia Penal y de Trabajo que existen en este circuito, no se tiene certeza del tribunal que conocerá del citado recurso. Con independencia de lo anterior, en estricto cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 3 de la Ley de Amparo, se informa que el presente asunto se encuentra disponible para ser consultado en forma electrónica; por tanto, remítase la certificación correspondiente que acredite que se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución del expediente físico, en beneficio de una pronta y expedita impartición de justicia electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Quejoso cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************o ********************, mediante el cual cumple con el requerimiento de veintiuno de junio del año en curso. Desechamiento. A efecto de proveer, respecto de la admisión o desechamiento de la demanda es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera cusa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano", De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo en su integridad, y si encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tiene la facultad para desecharla. Ello, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto cuyo análisis es preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda de amparo. Para esto, el concepto "manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS", en el siguiente sentido, por lo que hace a manifiesto lo define como: el que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo constitucional; y por lo que hace a indudable, el que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto. En ese sentido, al realizar un análisis integral del escrito de demanda, se desprende que el quejoso ********************o ********************, reclama lo siguiente: El acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el Juez de Ejecución Penal con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en la carpeta de ejecución ********************, de su índice. Refiere que a través de dicho acuerdo, el juez de ejecución le requirió para que dentro del plazo de cinco días cubriera la sanción pecuniaria por la cantidad de ********************, y además, para que dentro del mismo plazo, se internara voluntariamente en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, a fin de compurgar la pena de ******************** de prisión a que fue sentenciado; asimismo, que dicho acuerdo se le notificó el quince de junio del año en curso. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXIII, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ." Con lo anterior se advierte que en tal disposición legal, como en algunas otras de la Ley de Amparo, está inmerso el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, conforme con el cual antes de acudir a esta vía es necesario agotar los medios de defensa ordinarios, por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados en el propio juicio de amparo. En efecto, en atención a tal principio hay la obligación jurídica de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo, lo cual se debe a que la característica esencial y la razón de ser del establecimiento de los recursos ordinarios es su obligatoriedad, es decir, los recursos ordinarios de defensa son una previsión del legislador y, en esa medida, su observancia y sujeción a ellos constituye un deber jurídico de las partes en un juicio, que sólo encuentra excepciones cuando la propia ley o la jurisprudencia así lo determinan. Desde luego, la obligatoriedad de los recursos ordinarios o medios de impugnación es congruente con la observancia del principio de definitividad, el cual si bien admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación jurídica a los impetrantes de promover y sustanciar los medios de defensa ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, lo que significa que los quejosos no pueden, a su voluntad, dejar de interponerlos con el propósito velado o manifiesto de soslayar el principio de definitividad. Esto no implica otra cosa más que el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, obliga a considerarlo procedente sólo cuando previamente se agota el recurso previsto por la ley ordinaria, por virtud del cual puede ser revocado, modificado o, en su caso, nulificado el acto reclamado en el juicio de amparo, es decir, antes de acudir al juicio de amparo debe agotarse el medio idóneo de defensa para atacar los actos impugnados en la propia vía constitucional. Lo anterior es lógica y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta la naturaleza extraordinaria que caracteriza al juicio de amparo, que consiste en un procedimiento de jerarquía constitucional tendiente a conservar a los individuos en el disfrute de sus propios derechos fundamentales, y no en un recurso con el contenido que a tal concepto confiere la doctrina procesal, esto es, una instancia o procedimiento utilizado por las partes para impugnar una resolución y, así, obtener su revocación, reforma o modificación. En suma, si la ley prevé un medio ordinario de defensa debe ser promovido atento al principio de definitividad, puesto que la existencia jurídica del medio de impugnación se traduce en una obligación jurídica para las partes en el juicio, cuya carga procesal no puede ser soslayada por la sola voluntad de ellas, dado que implicaría hacer nugatorio tal principio, lo cual resulta inadmisible desde cualquier óptica, pues equivaldría a dejar inocua una de las bases en las que está cimentado el propio juicio. Por lo anterior, en atención al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, no cabe duda de que antes de acudir a la vía constitucional el quejoso debe agotar el medio idóneo de defensa para revocar, modificar o nulificar los actos reclamados en el juicio de amparo. Es el caso el acto reclamado en esta vía consiste en el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, emitido en la carpeta de ejecución ********************, donde se proveyó para que el quejoso, dentro del plazo de cinco días cubriera la sanción pecuniaria por la cantidad de ********************, así como el internamiento voluntario al Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, para que compurgue la pena que le fue impuesta. Así, el inconforme debió, en primer lugar, agotar el recurso ordinario previsto en la ley aplicable previo a acudir a esta instancia constitucional ordinaria, tal como lo establece el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: "Artículo 130. Revocación. El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." Como se puede advertir, el recurso de revocación procede contra resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin substanciación; y el objeto de dicho medio de impugnación ordinario es que la misma autoridad que la dictó, examine de nuevo y dicte la determinación respectiva. Asimismo, se obtiene que si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas en audiencia, se debe interponer en la misma audiencia; y si se endereza contra determinaciones dictadas fuera de audiencia, se debe interponer por escrito al día siguiente de la notificación de la resolución correspondiente. Así, es claro que en términos del artículo transcrito de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la determinación emitida por el juez señalado como responsable el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la carpeta de ejecución ********************, donde se proveyó el internamiento voluntario de ********************o ******************** al Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, para que compurgue la pena que le fue impuesta y cubra la sanción pecuniaria por la cantidad de ********************, es claramente impugnable mediante el recurso ordinario de revocación, pues constituye una determinación de mero trámite; de manera que en congruencia con lo anterior y en cumplimiento al principio fundamental de definitividad que rige el juicio de amparo, se concluye que si la legislación aplicable en el caso concreto prevé el citado recurso como medio ordinario de defensa, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo. En ese tenor, si el solicitante de la protección constitucional omitió agotar el recurso previsto en el código adjetivo de la materia, mediante el cual podía revocarse la determinación reclamada, estando legitimado para ello, es inconcuso que el amparo impetrado resulta improcedente, toda vez que previo a instar el juicio de constitucionalidad, debió hacer valer dicho medio de impugnación. Lo anterior, es así pues se insiste, el principio de definitividad consagrado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, estriba en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por algún recurso ordinario o medio de defensa alguno, con el objeto de impedir la proliferación innecesario de juicios constitucionales contra actos de procedimiento que pueden ser, como ya se dijo, modificados, revocados o incluso a través de ese medio, obtener la satisfacción de lo peticionado. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021251, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." De igual manera, la tesis I.7o.P.3 P (11a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con registro digital 2024676, que dispone: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO [APLICABILIDAD, POR IDENTIDAD JURÍDICA, DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 85/2019 (10a.)]. Hechos: En la sentencia de amparo sujeta a revisión el secretario encargado del despacho en el Juzgado de Distrito, además de decretar el sobreseimiento en el juicio, indicó que contra el acuerdo de la Sala que inadmitió el recurso de apelación contra un proveído de la Jueza de Ejecución, procedía el recurso de revocación -el cual no se interpuso- y citó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), en relación con el procedimiento penal, que comienza con la audiencia inicial y termina con la sentencia firme conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció la procedencia del recurso de revocación contra el acuerdo que no admite la apelación; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito, en aplicación de dicho criterio por identidad jurídica, determina que previamente a promover el juicio de amparo indirecto contra el auto que no admite la apelación en la etapa de ejecución de sentencia del proceso penal acusatorio, debe agotarse el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en observancia al principio de definitividad. Justificación: Lo anterior es así, en virtud de que el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) en la ejecución penal y ii) de mero trámite, que califica en los supuestos de procedencia del recurso de revocación, cuyo objetivo es analizar los requisitos establecidos en el artículo 132 de la ley de ejecución mencionada. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo; asimismo, lo dispuesto en la norma en cuanto a que el objeto de la revocación es que el mismo Juez de Ejecución examine su determinación, no debe interpretarse en el sentido de que no procede contra determinaciones de la alzada pues, hacerlo, constituiría una interpretación restringida, no acorde con el sistema de impugnación previsto en la citada legislación." Lo anterior, sin que en el caso se actualicen las excepciones al principio de definitividad establecidas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la especie no se reclama el auto de vinculación a proceso u otro que afecte la libertad del encausado, o bien, que sean de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el quejoso no es tercero extraño al procedimiento; y la procedencia del recurso de revocación no está sujeta a interpretación adicional, dado que el artículo señalado de la Ley Nacional de Ejecución Penal es claro al respecto, sumado a que, como se vio, existen precedentes en temas similares que definen la procedencia del recurso ordinario aludido. Cabe citar también en apoyo la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017117, del siguiente tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. " En congruencia con todo lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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