Leonardo Gabriel Mendoza Valle
Expediente 1206/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1206/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Leonardo Gabriel Mendoza Valle
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; seis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *****, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1206/2022 y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la admisión, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De ese precepto se sigue la obligación del juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro1, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. En efecto, debe decirse que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El referido artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo (.)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por lo que hace al acto reclamado que consiste en la orden de investigación y, en su caso, la falta de notificación de la misma al impetrante, se actualiza la referida causal de improcedencia, pues dicho acto, por sí solo, no causa afectación a los intereses jurídicos del quejoso. Ello es así, de los artículos 17 y 21 constitucionales, se advierte que la función investigadora le corresponde en exclusiva al Ministerio Público; de ahí que dicho órgano técnico adquiere la representación social, pues la acción penal, por su propia naturaleza y trascendencia en la esfera de derechos, no puede quedar al arbitrio de los particulares (salvo los casos excepcionales que contempla la ley para la acción penal particular). En consecuencia, si un ciudadano acude al Ministerio Público para denunciar un delito, le confiere a éste la obligación de investigarlo; por tanto, una vez que a criterio de la representación social se encuentren acreditados los elementos necesarios, es que se decide ejercer la acción penal, para lo cual, dependiendo del hecho delictivo en Particular de que se trate, se podrá solicitar al juez de control que cite al indiciado a que comparezca a la audiencia inicial, en donde se le podrá formular imputación o se podrá solicitar orden de aprehensión si se considera que existe necesidad de cautela suficiente para ello. Sin embargo, por otro lado, también puede ser que el estudio que realiza la autoridad señalada como responsable tenga como consecuencia decretar el no ejercicio de la acción penal; por tanto, el estudio de la carpeta de investigación, es parte del ejercicio de la obligación ministerial de investigar los delitos. En consecuencia, el estudio que se realiza de la carpeta de investigación para determinar la viabilidad del ejercicio de la acción penal, representa un filtro anterior a la solicitud que proceda ante el juez de control competente, por lo que la propia investigación y/o la falta de notificación de la misma al impetrante, no afecta derechos sustantivos del quejoso. Por otro lado, si la víctima tiene el derecho fundamental, elevado a rango constitucional, de que se investigue a fondo el delito, a efecto de que eventualmente se le repare el daño, aunado a su derecho de igualdad procesal, en términos de los artículos 8.1, 8.2, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en resumen establecen que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a un equilibrio cuando son parte de un procedimiento legal, es inconcuso que la fiscalía está obligada a llevar a cabo todos los actos, medios y diligencias tendientes a la obtención de la verdad; por lo tanto, se reitera, la integración, investigación y/o falta de notificación de que se duele la parte quejosa, por sí solos, no le causa perjuicio. Tiene apoyo lo anterior, por las razones que informa, la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 2018828 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239 Tipo: Jurisprudencia SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XII del artículo 61, en relación con los ordinales 112 y 113 todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS DE QUE SE TRATA. Con lo anterior no se deja de aplicar el principio pro homine ni se dejan de observar disposiciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que recoge el artículo 1 de nuestra Constitución Política, ya que su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de procedencia de las acciones, que el estado implementa para una mejor eficacia de sus medios de impugnación o defensa. Determinación que tampoco es violatoria del derecho humano a la administración de justicia, pues el derecho de acceso a la justicia está limitado a los plazos y condiciones contenidas en la ley, las cuales pueden versar sobre los presupuestos procesales necesarios para el estudio de fondo de algún asunto; por lo tanto, si la propia ley de amparo contiene causales de improcedencia, que tienen su razón de ser en el artículo 17 constitucional, al evitar la saturación de los tribunales con asuntos estériles, en perjuicio de todos los usuarios del sistema, ergo, no es violatorio de derechos fundamentales la vigilancia de su correcta aplicación, como acontece en el caso. Domicilio y autorizados. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones, y por autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su ocurso inicial toda vez que se localizó registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · 16,661 expedientes
- Leonardo Casildo Nieto1947/2015
- Leonardo Cruz Marin1248/2022
- Leonardo Daniel Rodriguez Cruz2218/2016
- Leonardo Daniel Torres Rodriguez295/2014
- Leonardo Daniel Velazco Guzman1458/2014
- Leonardo David Cordero Villa1237/2019
- Leonardo Garcia Padilla1593/2023
- Leonardo Hernández Martínez634/2015
- Leonardo López Verdi1582/2018
- Leonardo Martinez Ramirez1992/2014
- Leonardo Mejia Chavarria134/2023
- Leonardo Rafael Parra Espinoza2025/2018