Leonardo Erubiel Bermudez Serrano
Expediente 62/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Leonardo Erubiel Bermudez Serrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agua Prieta, Sonora, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra la sentencia de tres de abril de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el juicio, en consecuencia se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Se ordena archivar definitivamente el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Agua Prieta, Sonora, a las nueve horas con treinta minutos del tres de abril de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas en autos para llevar a cabo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 62/2023, promovido por ********************, en audiencia pública la Jueza Jesús Karina Almada Rábago, Titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa asistida del secretario Juan Mexía Borbón, la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes o de persona alguna que las represente. Por tanto, el secretario da lectura a la demanda de amparo y procede a efectuar una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destaca: 1. El veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; y, se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 19 a 24). 2. Se recibió el informe justificado rendido por la autoridad responsable Jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta (foja 69), con el cual, oportunamente, se ordenó dar vista a las partes. 3. Por auto de admisión, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Juan Genaro Rodríguez Martínez; quien quedó debidamente emplazado el siete de marzo del presente año (foja 65). . A lo anterior, la Jueza acuerda: se tiene por hecha la lectura de la demanda y la relación de las constancias que obran en autos; por emplazado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercera interesada y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable; constancias que serán tomadas en consideración en el momento de resolverse el presente juicio de amparo. Sin más constancias que deban relacionarse, se abre el período probatorio, el secretario da cuenta con las documentales presentadas por la autoridad responsable Jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta (fojas 71 a 118). Al respecto la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas en comento, mismas que serán tomadas en consideración en el momento de dictarse sentencia, acorde con las reglas que regulan la valoración de los elementos de convicción. No habiendo pruebas pendientes de proveer se cierra este período. Enseguida, se abre el período de alegatos. El secretario hace constar que las partes no los formularon y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento alguno en ese sentido. Al respecto, la Jueza acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos; por lo que se cierra este período. Acto continuo, al no haber pruebas ni escritos pendientes de acordar ni pruebas por desahogar, encontrándose debidamente integrado el presente asunto, se procede a dictar la resolución correspondiente. INTERLOCUTORIA: V I S T O S; para resolver, los autos del juicio de amparo 62/2023, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, promovido por ********************, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés (fojas 1 a 18), ante este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, ********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- A).- (ORDENADORA).- JUEZ LIC. LIDIA GABRIELA ZEPDA (sic) MAZÓN Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete con sede en Agua prieta, Sonora, con domicilio CONOCIDO en KM 3 carretera Agua Prieta- Nacozari (.). V.- ACTO RECLAMADO.- de LA VINCULACIÓN A PROCESO dictada y notificada el día 06 de febrero del 2023 emitida en mi contra por el JUZGADO ORAL DE LO PENAL DEL DISTRITO SIETE DE AGUA PRIETA, SONORA, dentro de la causa penal 93/2023, por la cual se decreta VINCULACIÓN A PROCESO al Suscrito, por la presunta participación en la comisión del ilícito de robo agravado previsto y sancionada en el artículo 308 fracción I del código penal para el estado de Sonora y Contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión de metanfetamina y cocaína previsto y sancionada en los numerales 473, 477 y 479 de la ley general de salud." Acto que consideró violatorio en su perjuicio de los artículos 1º, 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés (fojas 19 a 24), se ordenó registrar el juicio bajo el número 62/2023, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó emplazar como tercero interesado ******************** -lo que se materializó por exhorto el siete de marzo de dos mil veintitrés (foja 65)-; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en virtud de que el acto fue reclamado a una autoridad con residencia en el ámbito de competencia donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo relativo de la demanda, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", así como la diversa tesis P.VI/2004 del propio órgano colegiado, cuyo título es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En atención a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional a impugnar lo siguiente: De la Jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en Agua Prieta: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra en audiencia de seis de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 93/2023, por los hechos que la ley señala como delitos de robo agravado y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión de metanfetamina y cocaína. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, pues así lo reconoció dicha autoridad al rendir su informe justificado. Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación de la Quinta Época, con registro 917812, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Circunstancia que se corrobora con las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, relativas a la causa penal 93/2023, y disco compacto que contiene la audiencia de seis de febrero de dos mil veintitrés (fojas 71 a 118), a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Esto, pues su formación como documental pública está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario investido de fe pública, expedidas en el ejercicio de sus atribuciones; aunado a que, derivado de la publicidad que tiene, se demuestra por las características que presenta tal documental, como son la existencia de los sellos, firmas y demás signos legales, por el funcionario público que las certifica, y en el caso del disco compacto, con la identificación y certificación que al efecto se hizo. Adicionalmente, se destaca que en ellos se contiene las audiencias de seis de febrero y tres de marzo de dos mil veintitrés, y de los registros de los archivos ópticos y acústicos de las audiencias, se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo, el cual es accesible para su posterior consulta. Por ello, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez, dada la tecnología empleada para su conformación, ya que no se tiene dato alguno sobre alguna alteración de su contenido, amén de que en sus portadas se contienen datos de identificación del funcionario público que los expidió, avalados con el nombre y la firma correspondientes; por ende, se tiene plenamente acreditada la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en el Apéndice de 1995 de la Quinta Época, con registro 394182, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior, pone de relieve que en audiencia seis de febrero de dos mil veintitrés, se emitió el auto de vinculación a proceso reclamado por el aquí quejoso. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, y en la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a foja 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, con el rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley, que impide analizar la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso de seis de febrero de dos mil veintitrés, emitido en la causa penal 93/2023, en contra del quejoso, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de robo agravado y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión de metanfetamina y cocaína, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.)." Como se advierte, la causa de improcedencia a que hace alusión el precepto transcrito, es aquélla que impide examinar la legalidad o la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento expreso de la parte quejosa, entendido aquél como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos, por lo que no puede presumirse ni inducirse sino que debe constar de forma indubitable; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Con la finalidad de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se estima conveniente señalar que el quejoso reclama: El auto de vinculación a proceso de seis de febrero de dos mil veintitrés, emitido en la causa penal 93/2023, en contra del quejoso, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de robo agravado y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión de metanfetamina y cocaína. Ahora, de las constancias remitidas por el Jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora (foja 112), se advierte que el tres de marzo de dos mil veintitrés, se resolvió la suspensión condicional a proceso. Así de la imposición del disco que remitió la autoridad responsable, se obtiene que de dichas actuaciones además se advierte que resultó fundada la salida alterna propuesta por la defensa del quejoso y las condiciones impuestas fueron: I. Residir en el domicilio ubicado en ********************; III. Se abstenga de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; IV. Participar en programas especiales para prevención y tratamientos de adicciones, (.); y; IX. Someterse a la vigilancia que determina el Juez de Control; siendo esta manera mensual,-concediéndole al imputado de referencia cinco días hábiles para que comparezca a la Dirección Regional adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Previos al Juicio y Supervisión de la Libertad Condicionada, Zona Norte, a efectos de dar cumplimiento a lo ordenado-. X. No poseer ni portar armas. Asimismo la autoridad responsable en dicha resolución precisó que el quejoso se comprometió a prestar servicio social o trabajo a favor de la comunidad, por lo que solicitó la canalización del imputado a la institución oportuna para tal efecto. En ese sentido determinó el juez responsable que de cumplirse con las condiciones a las que se sujetó a ******************** por el término de seis meses, se extinguiría la acción penal y se decretaría el correspondiente sobreseimiento y ordenó la libertad del imputado. Documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición de su ordinal 2. Actuación que supone el consentimiento expreso del acto reclamado, lo cual da origen al sobreseimiento y los efectos de éste. Ello se estima de esa forma, pues al otorgarse al quejoso la salida alterna de suspensión a proceso y aceptó las condiciones a las que quedaría sujeto, dicha acción entrañó el consentimiento a la confirmación del auto de vinculación a proceso de seis de febrero de dos mil veintitrés, emitido en la causa penal 93/2023, contra del quejoso, dado que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Esto es así porque, el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia, esto es, que se le imponga una pena, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. De manera tal que se puede colegir el quejoso a su vez desiste de su intención de que la causa sea sobreseída sin que acepte un acuerdo reparatorio, como condicionante a la suspensión del procedimiento. Ahora, considerar la idea anterior, propicia una adecuada interacción entre el sistema de justicia penal y el juicio de amparo, pues implica que al examinarse la constitucionalidad del acto reclamado, se pondere que la paralización del proceso, motivado por haber alcanzado algún mecanismo alternativo de solución, es debido al propósito que distingue a la justicia restaurativa: reparar el daño causado por el delito, sin una sanción penal. Por tanto, al optase por un método de justicia restaurativa, y con ello, actualizarse la referida causa de improcedencia durante la tramitación de presente sumario, es que se ha generado el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Por identidad jurídica, sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 33/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 461. Décima Época. Registro digital: 2014495, cuyo rubro y texto dicen: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso - en su calidad de imputado accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional."3 Estimar lo contrario, desnaturalizaría el nuevo sistema penal, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles entre sí: uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en un mecanismo alternativo y, otro, que lo cuestiona, mediante el juicio de amparo. Esto, sin que si inadvierta que materialmente la salida alterna que ha aceptado el quejoso pueda tener los mismos efectos que el sobreseimiento que pretende obtener a través de este juicio de amparo; sin embargo, con la suspensión condicionada del procedimiento el quejoso acepta un acuerdo reparatorio y no controvierte los hechos que se le imputaron, y que si desconoce con el solo dictado del sobreseimiento de la causa penal. Por tanto, se concluye que si el quejoso ha optado por resolver su situación jurídica por medio de algún mecanismo alternativo de solución, el acto reclamado se encuentra consentido; y, por ende, se hace notoriamente improcedente el presente juicio de amparo, al advertirse el consentimiento por manifestaciones de la voluntad del quejoso que entrañen ese consentimiento. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada ley, se sobresee en el presente juicio. Con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 24, Tercera Parte, página 49, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Cabe agregar que la particular circunstancia de que se considere actualizada la causal de improcedencia examinada, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las mismas constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, en vía de ilustración la Tesis Aislada (Común) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Décima Época; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3; página 2066; Tesis: III.2o.C.3 K (10a.), con Registro digital: 2002537, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados a la Jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en Agua Prieta, por las razones y motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese.
- Incidental
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta; por el que remite el órgano jurisdiccional indicado en la cuenta, devuelve sin diligenciar el exhorto 56/2023 orden 62/2023, de su índice, formado con motivo del diverso 26/2023 orden 63/2023, derivado del presente juicio de amparo 62/2023, en el que en auxilio de este Juzgado Federal, se solicitó notificar a *****, como tercero interesado; asimismo, informa que se habilitó la consulta del expediente electrónico de la comunicación oficial, la cual podrá ingresar con el NEUN 32167760. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Comunicaciones Oficiales Enviadas y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; es decir, dése de baja. Ahora bien, ya que no fue posible la diligenciación del exhorto apenas señalado, y toda vez que es necesario notificar en el incidente de suspensión al tercero interesado, ****, se tiene como hecho notorio en el juicio principal del cual deriva el presente expediente, que mediante diverso exhorto, se aprecia que la razón del actuario del Juzgado Sexto de Distrito en materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, de dos de marzo de dos mil veintitrés, señaló que es correcto el domicilio de *****, para notificar al citado Tercero Interesado, donde se entrevistaron con ******, quien manifestó ser su cuñada, por lo que se le dejó citatorio en ese domicilio que posteriormente se realizó por medio de lista la notificación. Asimismo, se tiene en el juicio principal, en proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, al no designar domicilio procesal en esta ciudad el hoy tercero interesado, se ordenó notificarle las notificaciones personales por medio de lista en términos del artículos 27, fracción II y 29, de la Ley de Amparo; por tanto, se ordena notificarle el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, así como el presente proveído por lista. (...) Notifíquese mediante lista electrónica que se publique en la página de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido al tercero interesado *** para que designara domicilio procesal en esta ciudad, transcurrió sin que lo hubiere realizado. Por tanto, se ordena notificar el presente proveído, así como las subsecuentes determinaciones que resulten de carácter personal, por medio de lista...
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