Leonardo Enrique Castañon Rivas

Expediente 1085/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1085/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
25/10/2016

Partes del expediente

  • Leonardo Enrique Castañon Rivas

Actuaciones

  1. Principal

    ... una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. +

  2. Principal

    ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, trece de octubre de dos mil dieciséis. Visto; la demanda de garantías promovida por Leonardo Enrique Castañón Rivas, por propio derecho, contra actos del Pleno que integra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por violación a las garantías contenidas en los artículos 1 y 14 Constitucionales. Fórmese expediente y hágase la anotación respectiva en el Libro Uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y regístrese con el número 1085/2016. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis de mérito refiere que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura íntegra de la demanda de garantías, se advierte que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: ". El acuerdo de fecha 05 de julio del año en curso, mismo que provee sobre la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes dentro de las actuaciones del juicio 1269/2011-I y su acumulado 266/2013-II AUTO en que se DESECHA la prueba que ofrezco en mi escrito de pruebas señalada con el arábigo No. 3 consistente en la CONFESIONAL PARA HECHOS PROPIOS, a cargo de la C. YANIRA USCANGA SAAVEDRA, en su carácter de Secretaria General del Comité Ejecutivo Delegacional D-II-51 de ka Sección 32 del SNTE....". De la transcripción anterior, así como de la lectura íntegra de la demanda de amparo y sus anexos, se desprende que el acto reclamado lo constituye esencialmente el acuerdo de cinco de julio pasado, emitido por la autoridad responsable en el expediente laboral 1269/2011-I y su acumulado 266/2013-II, de su índice, donde entre otros aspectos, se desecha la prueba confesional a cargo de Yanira Uscanga Saavedra, ofrecida por el aquí quejoso. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." En el caso particular se estima que el juicio de amparo resulta improcedente al relacionar los artículos 107, fracción V de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones III, inciso b) y V de la Ley de Amparo, interpretados contrario sensu los cuáles a la letra establecen: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.--- (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y ." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Así el contenido de los dispositivos enunciados ponen en evidencia que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del promovente, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trata. Por lo tanto, no puede ser considerado como acto de imposible reparación aquél que tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable. Se invoca por similitud jurídica, la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/90, visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con rubro y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiendo entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En ese orden de ideas, es evidente que el acuerdo de cinco de julio pasado, emitido por la autoridad responsable en el expediente laboral 1269/2011-I y su acumulado 266/2013-II, de su índice, donde entre otros aspectos, se desecha la prueba confesional a cargo de Yanira Uscanga Saavedra, ofrecida por el aquí quejoso, no implica una ejecución de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal a favor del impetrante del amparo, sino que se trata de una violación a las leyes del procedimiento que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse al no admitir la probanza ofrecida, puede quedar subsanada con posterioridad, si en el caso, la resolución que se dicte en el expediente, resultara favorable a sus intereses. Lo anterior es así, en virtud de que la parte quejosa no queda en estado de indefensión alguna, ya que es parte dentro del expediente del que deriva el acto combatido; por lo que, a juicio del suscrito, tal proceder no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido asunto, deba ser contrario a los intereses del solicitante del amparo. Se cita por su relación al caso, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, VI. 2o. J/49, visible en la página cuatrocientos veintiséis, Tomo VI, Segunda Parte-1, Apéndice de Mil Novecientos Noventa y Cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, AMPARO CONTRA. (ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 158 Y 159 DE LA LEY DE AMPARO). Si en el curso del procedimiento se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia definitiva (o laudo o resolución según sea el caso) y se impugne a través del juicio constitucional en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado al promovente en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. El propio legislador pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidas". En consecuencia, se concluye que del análisis del acto reclamado antes especificado, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, con fundamento en el artículo 113 de la citada Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". Las tesis a que se hace alusión, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación tal, que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda, y por autorizado con las restricciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Abraham Rodríguez Hernández, toda vez que como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, no tiene cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese por lista de acuerdos al promovente por así solicitarlo expresamente en el escrito de cuenta...

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