Leonardo del Carmen González

Expediente 68/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
68/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Leonardo del Carmen González

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado y se ordena archivo

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso **********, a través del cual desahoga la prevención formulada en acuerdo de veinticuatro de enero del año en curso. Estudio de la demanda. A efecto de proveer respecto de la demanda de derechos, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado en el presente asunto consiste esencialmente en el acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente 3868/2022 del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, a través del cual se le requiere el pago de pensión alimenticia provisional adeudada. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haber agotado el quejoso los recursos ordinarios establecidos en la ley, para lograr modificar o revocar el acto reclamado. Efectivamente, esta juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia citada, ya que el impetrante de amparo no agotó el principio de definitividad, al no combatir el acto reclamado mediante la interposición del recurso de revocación, que prevé la legislación aplicable, previo a acudir a la instancia constitucional, como se verá a continuación. El numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:- - - (.)- - - XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.- - - Se exceptúa de lo anterior:- - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;- - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;- - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.- - - d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.- - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;- - - (.)" Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo (autoridades jurisdiccionales), establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Ahora, la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, porque en la especie, el peticionario de amparo reclama del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, el acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente 3868/2022, de su índice, a través del cual se le requiere el pago de pensión alimenticia provisional adeudada. En contra de dicha determinación existe un medio ordinario de defensa que tiene por objeto analizar lo ahí resuelto, el cual como se dijo, se debe agotar previo a la interposición del juicio de amparo. Para sustentar la aseveración anterior, resulta procedente traer a contexto el artículo 1.362, 1.363 y 1.364, del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado de México, señalan: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables, por el Juez o Tribunal que los dictó. Artículo 1.363.- La revocación se impondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. Artículo 1.364.- Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día. Cabe precisar que la misma codificación en su numeral 1.378 señala que serán apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala dicho Código. De lo anterior se advierte que en contra del auto en que se le requiere el pago de pensión alimenticia provisional adeudada, procede el recurso de revocación, en el que, para darle trámite, será suficiente el indicar la resolución impugnada y las cuestiones de hecho y de derecho que le generen agravio al promovente. El recurso de mérito tiene por finalidad que el Juez de origen, de así estimarlo procedente, revoque, confirme o modifique la determinación de la que se duele la parte quejosa, tomando en cuenta las cuestiones materiales y legales que a concepto del promovente causen agravio. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse dicho medio de defensa, pues de no hacerlo se surte la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, a página 902, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Lo anterior es así, pues este órgano federal estima que el acto reclamado en el presente juicio de amparo (acuerdo emitido en el expediente 3868/2022 del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, a través del cual se le requiere el pago de pensión alimenticia provisional adeudada, encuadra en el supuesto que enmarca el mencionado artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, y por tanto es revocable, toda vez que, como se dijo en párrafos precedentes, el código procesal en comento sólo señala que serán apelables las "sentencias que concedan alimentos", lo que se traduce, necesariamente, en una resolución que deriva de la tramitación de un incidente (interlocutoria) o de la que decida la controversia en el fondo (definitiva), en términos de la clasificación que el propio ordenamiento hace de los tipos de resolución judicial, pero no contra autos provisionales relativos a la pensión alimenticia provisional, en tanto no prevé, específicamente, que sea apelable. En este sentido, al no haberlo hecho así, deviene improcedente el juicio de amparo que nos ocupa al no agotar el recurso ordinario procedente (revocación), trayendo como consecuencia que no se haya cumplido con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; máxime que no se ubica en alguna excepción que permita acudir inmediatamente al juicio constitucional sin necesidad de agotar los recursos procedentes, pues el principio de definitividad que rige y caracteriza al juicio de amparo, en cualquiera de sus formas de instauración, es de observancia obligatoria y general, siendo únicamente mediante el reconocimiento de excepciones específicas que se pueden admitir supuestos en los que dicha observancia deja de ser obligatoria. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la Ley que rige el acto reclamado, esto es, el recurso de revocación.

  3. Principal

    Se requiere a la parte quejosa para que en el término de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio.

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