Leonardo David De Lucio Alonso

Expediente 856/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
856/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
02/02/2021

Partes del expediente

  • Leonardo David De Lucio Alonso

Actuaciones

  1. Principal

    ...dos de febrero de dos mil veintiuno...la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales...NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, quince de octubre de dos mil veinte. Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase recibida la demanda promovida por *************** por propio derecho, contra actos del Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de México, y otras autoridades. Registro, digitalización y reproducción de constancias. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno respectivo bajo el número 856/2020, procédase a la digitalización de las constancias para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido que las constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o de datos personales, no puedan o deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado. Con fundamento en la circular 12/2009, se permite a las partes y autorizados, el uso de aparatos electrónicos para reproducir las constancias que integren el presente sumario, salvo aquellas que por protección de datos personales no deban digitalizarse. Análisis de procedencia del amparo. Por ser una cuestión orden público y estudio preferente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza en principio, si en el caso se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia; pues de acontecer esto, la demanda se desechará de plano. El mencionado precepto dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. De la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama del Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de México, y otras autoridades, lo siguiente: La resolución dictada en audiencia para alegatos de clausura de veintiuno de septiembre de dos mil veinte en la que se recibieron pruebas supervenientes en la causa 16/2020, consistente en la testimonial a cargo de Dulce María Espinoza Flores en representación de su menor hija de identidad reservada; lo anterior no obstante que se tuvo al representante social desistido de la prueba en cuestión durante la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. Cuestión previa. En principio, resulta necesario destacar que el acto reclamado deriva de un juicio Oral iniciado contra el quejoso por el delito de violación en agravio de la menor de identidad reservada de iniciales C.A.L.E. en el cual no se ha dictado sentencia definitiva. Actualización de causal de improcedencia. Respecto del acto reclamado precisado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que se trata de un acto dictado dentro del juicio oral de origen que no es de imposible reparación. En efecto, los preceptos antes mencionados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107: El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del último de los artículos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo es procedente en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; de modo que al interpretar esta disposición en sentido contrario, en relación con la hipótesis genérica de improcedencia prevista en el primero de los numerales citados, se obtiene, que dicho sumario será improcedente en contra de actos dentro de juicio que no sean de imposible reparación. Ahora bien, a fin de comprender el concepto de irreparabilidad mencionado, conviene destacar que al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia, que la Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Así, precisó el Máximo Tribunal que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, destacó el Pleno de la Corte de Justicia de la Nación, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, la determinación emitida dentro de la audiencia para alegatos de clausura de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en la que el a quo resolvió admitir como prueba superveniente el testimonio a cargo de Dulce María Espinoza Flores en representación de su menor hija de identidad reservada; lo anterior a pesar de que se tuvo al representante social desistido de la prueba en cuestión durante la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas no es de los considerados de imposible reparación. Ello es así, porque la audiencia de alegatos de clausura en la etapa de debate del juicio oral dirigida por el Juez en la que se recibieron pruebas supervenientes que serán materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violentar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, habida cuenta que el acto reclamado no afecta de manera real y actual, derechos sustantivos de la parte quejosa, tales como el patrimonio, la libertad, la vida, etcétera; sino que produce consecuencias estrictamente procesales o adjetivas. Ello, debido a que la posible infracción procesal en que pudiera haber incurrido la responsable, tiene por efecto que se continúe con el juicio oral en el que el quejoso es parte enjuiciada. Aspecto, que podría subsanarse en caso de que se dicte sentencia favorable a sus intereses y, en caso contrario, podría ser impugnable como violación procesal en amparo directo en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo. De tal suerte que la admisión de pruebas supervenientes en la audiencia de alegatos de clausura del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior. Máxime que, sólo mediante su revisión en alzada, o bien, en el amparo directo, puede realmente determinarse de manera cierta la valoración indebida de una prueba ilícita o si aquella admisión de pruebas trascendió o no en la sentencia emitida en perjuicio del quejoso y si su incorporación hace ineludible de acuerdo a los fines del proceso penal, catalogarla o no como violación procesal que ineludiblemente amerite la reposición procedimental. En consecuencia, como el acto reclamado es de naturaleza jurídica intraprocesal adjetiva y reparable, ya sea en sentencia o en amparo directo, es indudable que sus efectos no son de imposible reparación, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, por las razones que lo sustentan, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 3094 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV Materia Común, Penal, Décima Época, de rubro y texto: "MEDIOS DE PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ORAL DE TIPO ACUSATORIO. SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS, CONTRA SU ADMISIÓN EN LAS ETAPAS INTERMEDIA O DE JUICIO ORAL ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DE ACUERDO CON EL ASPECTO LÓGICO DE VALORACIÓN POST FACTO DE SU TRASCENDENCIA AL RESULTADO DEL FALLO. Para efectos de determinar la procedencia excepcional del amparo indirecto, es de estimarse que independientemente de la etapa en que se resuelva (intermedia o de juicio oral), existe un aspecto fundamental a considerar tratándose de la admisión o no de medios de prueba en el sistema penal oral de tipo acusatorio, a efecto de estar en posibilidad de determinar si realmente se afecta un derecho sustantivo, como sería el de defensa adecuada, que justifique la procedencia, por excepción, o si en ese momento únicamente implica una cuestión intraprocesal; y éste se refiere a la conducencia, idoneidad o utilidad del medio de prueba en cuestión, en relación con el hecho que pretenda probarse, lo cual, constituye un aspecto que no se limita a la cuestión formal de su admisibilidad en sí misma, sino que implica una necesaria porción de análisis valorativo de su eventual eficacia desde el punto de vista cualitativo y, por ello, inexorablemente, salvo casos de excepción, se requiere del examen contextual de la prueba de referencia y su trascendencia y conducencia en relación con el acto previamente realizado de valoración que ocurre precisamente en la sentencia; de modo que, la posibilidad de afirmar, por ejemplo, que la inadmisión de un medio de prueba afecta un derecho sustantivo de modo irreparable, por regla general, no puede anticiparse apriorísticamente prejuzgando sin fundamento lógico, sino únicamente post facto al dictado del fallo, a fin de establecer esa pertinencia e indispensabilidad en el contexto del eventual resultado valorativo. Por tanto, sólo mediante su revisión en alzada, o bien, en el amparo directo, puede realmente determinarse de manera cierta la valoración indebida de una prueba ilícita o si aquella inadmisión de pruebas trascendió o no en la sentencia emitida en perjuicio del quejoso y si su ausencia en cuanto a incorporación hace ineludible de acuerdo a los fines del proceso penal, catalogarla o no como violación procesal que ineludiblemente amerite la reposición procedimental. Por ello, desde una perspectiva lógico-funcional, en esos supuestos, el amparo indirecto, por lo general, es improcedente." En las relatadas condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia descrita, respecto de la resolución reclamada, lo procedente es desechar la demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones Con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, las listas de este juzgado. Asimismo, se tienen por autorizados en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, con todas las facultades que el mismo confiere, a las personas que menciona, siempre y cuando se encuentre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación para practicar notificaciones y uso de medios electrónicos Con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Reproducción de constancias De igual manera se autoriza a las partes la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Protección de Datos Personales y Transparencia Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Apercibimiento para las partes que intervendrán Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

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