Leonardo Daniel Ocegueda Cuba

Expediente 1553/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1553/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • Leonardo Daniel Ocegueda Cuba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, once de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta Sustituta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de las constancias de emplazamiento a la parte demandada en el expediente 83/2020 de su índice, así como del resultado de la audiencia de nueve de enero del año en curso. En atención a lo anterior, para determinar lo procedente respecto del cumplimiento que la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, hay que tomar en consideración lo dispuesto por la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta y con la diversa documental recibida el trece de octubre de dos mil veintidós, por el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que una vez transcurrido dicho término, este juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, tres de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta Sustituta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 83/2020 de su índice, del que se advierte que tuvo a la parte actora por no llamando a juicio a la demandada Tekak Suroeste, sociedad anónima de capital variable, y ordenó la continuación del mismo con las demandadas que se encuentran emplazadas al juicio; sin embargo fue omisa en adjuntar la constancia de notificación de dicho acuerdo a la parte actora. Bajo ese tenor, resulta necesario destacar que el quejoso en su escrito de demanda señaló como terceros interesados a: (1) Empresa Tekak Suroeste, sociedad anónima de capital variable, (2) Corporativo Integral de Seguridad, sociedad anónima de capital variable, quien para sus efectos comerciales se denomina "Corporativo Integral de Seguridad Privada", cuyas siglas son "CIS". (3) Cristhian Ignacio Salinas Leyva (4) Italian Coffe, sociedad anónima de capital variable (5) Automotores de Tabasco sociedad anónima de capital variable. Así, la autoridad responsable al rendir su informe justificado remitió entre otras constancias copia certificada del proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, de la que se desprende que señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ordenó se notificara dicho proveído a las partes, y el emplazamiento a la parte demandada (1) Empresa Tekak Suroeste, sociedad anónima de capital variable, (2) Corporativo Integral de Seguridad, sociedad anónima de capital variable, quien para efectos comerciales se denomina "Corporativo Integral de Seguridad Privada "CIS", (3) Cristhian Ignacio Salinas Leyva, en su calidad de propietario de Corporativo Integral de Seguridad Privada, (4) Italian Coffe sociedad anónima de capital variable y (5) Automotores de Tabasco sociedad anónima de capital variable, quien para efectos comerciales se denomina Nissan. Posteriormente, remitió copia certificada del acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós, en el que se precisó el cambio de denominación de la sociedad mercantil denominada (5) Automotores de Tabasco sociedad anónima de capital variable a Golfo Motriz, sociedad anónima de capital variable. Luego, mediante oficio 3410/JLCA/22 recibido el uno de diciembre del año próximo pasado, remitió copia certificada del emplazamiento efectuado a Farmacéutica de Chiapas, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, quien no fue señalado como tercero interesado en el presente juicio, por lo que no se tiene certeza de la identidad de la totalidad de los demandados en el juicio laboral de origen. Por lo anterior, requiérase a Leticia Zurita Cruz, Presidenta Sustituta, Carlos Alberto Noriega Ramón, Representante Obrero y Teodosio Peralta Díaz, Representante Patronal, todos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Del Estado De Tabasco para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, remita la constancia de notificación a la parte actora del acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós e informe de manera detallada el nombre de cada uno de los demandados en el juicio de origen, así como la fecha exacta de su emplazamiento y remita las constancias respectivas o informe la imposibilidad que tenga para ello. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con las firmas electrónicas correspondientes; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a 20 MB, éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Bajo el apercibimiento que de ser omisas, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que resulte aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 185736, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación."

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la sentencia protectora dictada en el presente juicio. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Leticia Zurita Cruz, Presidenta Sustituta, Carlos Alberto Noriega Ramón, Representante Obrero y Teodosio Peralta Díaz, Representante Patronal, todos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Del Estado De Tabasco, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de lo que acuerde al respecto de la vista dada a la parte actora el treinta de noviembre del año en curso, en el juicio laboral de origen. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con las firmas electrónicas correspondientes; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a 20 MB, éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Asimismo, se hace del conocimiento a las citadas autoridades que en caso de no contar con firma electrónica o bien, de tener una imposibilidad para remitir de manera electrónica las citadas constancias, las mismas podrán ser presentadas de manera física. Bajo el apercibimiento que de ser omisas, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que resulte aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 185736, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación."

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dos de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta Sustituta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias que integran el expediente 83/2020 de su índice, entre las que destaca el proveído de treinta de noviembre del año en curso. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Leticia Zurita Cruz, Presidenta Sustituta, Carlos Alberto Noriega Ramón, Representante Obrero y Teodosio Peralta Díaz, Representante Patronal, todos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Del Estado De Tabasco, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir de que venza el plazo otorgado a la parte actora en proveído de treinta de noviembre del año en curso en el juicio laboral de origen, remita copia certificada de lo que acuerde al respecto. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con las firmas electrónicas correspondientes; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a 20 MB, éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Asimismo, se hace del conocimiento a las citadas autoridades que en caso de no contar con firma electrónica o bien, de tener una imposibilidad para remitir de manera electrónica las citadas constancias, las mismas podrán ser presentadas de manera física. Bajo el apercibimiento que de ser omisas, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que resulte aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 185736, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación."

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