Leonardo Daniel Flores

Expediente 1084/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1084/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
11/10/2017

Partes del expediente

  • Leonardo Daniel Flores
  • Leonardo Daniel Flores y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 1084/2017 M 3-A#.San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil diecisiete. Causa estado. ... se tuvo por no presentada y se desechó la demanda de amparo promovida por los quejosos 1) Ricardo Raúl Ruiz Cruz y 2) Leonardo Daniel Flores, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo.... se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. Ante ello, se dejan sin efecto las providencias decretadas en acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 4 a 6), por la que se decretó la suspensión de plano. Circunstancia que se hace del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes....Como esta última no hizo manifestación alguna respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo solicite,... archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. PRAL. 1084/2017 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Informe de suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio SSP/PE/DJ/COM-2/969/2017, signado por el encargado de la Comisaría Calificadora del Segundo Turno de la Policía Estatal, con sede en Santa María Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual rinde informe relativo a la suspensión de plano; acreditando que en acatamiento a la medida suspensional decretada, los quejosos quedaron en libertad el veintitrés de este mes; remitiendo al efecto la copia simple del oficio de excarcelación de la misma fecha (foja 12). Por no presentada la demanda de amparo. Ahora, vista la diligencia de notificación personal de veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete (foja 9) realizada por el actuario adscrito a este Juzgado, se advierte que el directo quejoso Ricardo Raúl Ruiz Cruz en diligencia formal, manifestó que no ratifica la demanda de amparo promovida en su favor por Jorge Alejo León Pérez y, ante lo manifestado por el quejoso a la prevención formulada, que repercute determinantemente en la acción de amparo; con fundamento en el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida a su favor. Desechamiento de la demanda de amparo. Por otra parte, en atención a la diversa diligencia de notificación de veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete (foja 9) realizada por el actuario adscrito a este Juzgado, con el directo quejoso Leonardo Daniel Flores, se advierte que sí ratificó la demanda de amparo promovida a su favor. En ese tenor, se procede a determinar lo conducente en relación con la admisión o no, de la demanda de amparo. Para ello, debe precisarse que los actos reclamados se hicieron consistir en la detención fuera de procedimiento legal y su ejecución material, que la autoridad responsable comisario Calificador en Turno de la Policía Estatal en Oaxaca, ejerció contra Leonardo Daniel Flores. Cabe mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, fracción I, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo anterior es así, por no poderse concretar los efectos del amparo, en caso de concederse, respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de detención y su ejecución, por las consideraciones siguientes. Los artículos 61, fracción XXIII, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.). La causa de improcedencia citada, se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica y material de que se concreten los efectos del amparo, esto es, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo o se obligue a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija en el supuesto de que el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Consideraciones que se sustentan en la jurisprudencia 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, diciembre 1997, página 9, registro 197245, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: 'SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven.'; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Ahora, en este asunto, los actos reclamados consistentes en la orden de detención y su ejecución son de naturaleza positiva, porque constituyen un hacer por parte de la responsable. Así, para determinar la forma en que, en el caso, de ser otorgada la protección, a efecto de que la autoridad restituya al quejoso en el derecho fundamental violado, debe tomarse en cuenta la documental consistente en el oficio de excarcelación de veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete (foja 12), signado por el encargado de la Comisaría Calificadora del Segundo Turno de la Policía Estatal, dirigido al celador en Turno de la Policía Estatal, con firma de los quejosos Leonardo Daniel Flores y Ricardo Raúl Ruiz Cruz; de la que se advierte que con motivo de la suspensión decretada, de plano, a favor de los quejosos, la autoridad responsable los dejó en libertad. De lo que resulta claro que es imposible jurídica y materialmente restituir al quejoso Leonardo Daniel Flores (quien ratificó la demanda) en el derecho que estima violado con la orden de detención y su ejecución; es así, dado que con el oficio de excarcelación emitido por la autoridad responsable, el quejoso abandonó las instalaciones de la Policía Estatal el veintitrés de este mes; por ello, a nada práctico traería, en su momento, conceder el amparo. De ahí que se sostiene la inejercibilidad del juicio de amparo que nos ocupa, pues, en su caso, no podrían concretarse los efectos del juicio, porque no es posible otorgar la protección de la justicia federal para el efecto pretendido por el quejoso, esto es, que sea puesto en libertad, si ello se obtuvo con la emisión del oficio de excarcelación. De ahí que las pretendidas violaciones cometidas en el acto reclamado, no pueden ser materia de análisis a través del juicio de amparo en estudio, pues no podrían concretizarse los efectos del juicio de amparo; por ello, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Acceso a la justicia. Finalmente, debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues, no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." Resulta también aplicable, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en este asunto, correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen. Domicilio y personas autorizadas. En atención a las diligencias de notificación de veintitrés de septiembre de este año (fojas 8 a 9), y toda vez que en auto de veintitrés de septiembre de este año (fojas 4 a 6) se reservó proveer lo conducente respecto a la designación de domicilio y autorización de personas para tal efecto, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo; asimismo, por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que precisa. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Federal, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la resolución dictada, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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