Leonardo Chavez Salcido
Expediente 342/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 15/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Leonardo Chavez Salcido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, quince de octubre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de veintidós de septiembre del año en curso. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
A lo que el Juez acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de cuenta. Así, al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra este período. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar y certifica que ninguna de las partes formuló alegatos, ni el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, presentó pedimento A lo que el Juez acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el numeral inicialmente invocado, y en vista de que las partes no formularon alegatos ni la representación social presentó pedimento, se cierra dicho período. En vista de lo anterior, se procede a dictar la siguiente resolución: Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 342/2015 promovido por Leonardo Chávez Salcido, contra actos del Subdelegado en Mazatlán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el siete de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, el cual fue turnado el mismo día a este Juzgado Décimo de Distrito, Leonardo Chávez Salcido, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables 1) Subdelegado en Mazatlán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y 2) Secretario del Consejo Consultivo Delegación Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente Culiacán, Sinaloa, que hizo consistir: ACTO RECLAMADO "A) Del SUBDELEGADO EN MAZATLÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, reclamo la negativa en informarme del trámite que siguió el Recurso de Inconformidad presentado el veintidós de octubre de dos mil catorce en el Área de Servicios Generales de la sede Subdelegacional del indicado en esta ciudad, así como su remisión oportuna al órgano a quien va dirigido. B) SECRETARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO DELEGACIONAL EN SINALOA, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, reclamo la negativa en admitir a trámite, sustanciar y poner en estado de resolución el Recurso de Inconformidad, presentado el veintidós de octubre de dos mil catorce, en el Área de Servicios Generales de la sede de Subdelegación Mazatlán, del indicado instituto." SEGUNDO. Admisión. El ocho de mayo de dos mil quince, se admitió la demanda de amparo, se registró con el número 342/2015; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; a las autoridades responsables se solicitó rindieran sus informes justificados; y, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, la intervención que legalmente le compete. TERCERO. Audiencia constitucional, La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48 y 51, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados no requieren ejecución material, por tanto, debe atenderse a la presentación de la demanda, la cual se realizó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada, en tanto no se oponga a la nueva ley de la materia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En principio, debe decirse que no se tendrán como actos reclamados las apreciaciones, calificativos y conceptos de violación que el peticionario del amparo expuso en dicho apartado, con apoyo en la jurisprudencia 132, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II, submateria 1, primera parte, segunda sección, página 156, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." Del planteamiento de reclamo contenido en la demanda de amparo, se desprende que la solicitante de la tutela constitucional lo hace consistir en: La negativa de admitir a trámite, sustanciar, poner en estado de resolución el recurso de inconformidad, presentado el veintidós de octubre de dos mil catorce; así como, informar el trámite que siguió el referido recurso. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral 74, fracción I, y con apego a la jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Son ciertos los actos reclamados a la autoridad y 2) Secretario del Consejo Consultivo Delegación Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente Culiacán, Sinaloa, pues así lo admitió al rendir su respectivo informe con justificación (fojas 42 a 46), y el 1) Subdelegado en Mazatlán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado niega el acto reclamado (fojas 34 a 36 y); sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada con el informe rendido por 2) Secretario del Consejo Consultivo Delegación Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente Culiacán, Sinaloa; manifestaciones que resultan suficientes para tener por ciertos los actos que se les atribuyen, con apoyo en la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II, Procesal Constitucional, submateria 1 Común, primera parte, sexta sección Procedimiento de amparo indirecto, página 830, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, ello se corrobora con las constancias que el Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa, con residencia en Culiacán, anexó a su oficio 260123614100/AMP/489/2015, copia certificada de las constancias que integran el expediente administrativo del recurso de inconformidad materia del presente juicio de amparo; las cuales constituyen documento público y se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable, la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Resulta innecesario transcribir y examinar los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, toda vez que en el caso, se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente al de cualquier otro tema, por tratarse de una cuestión de orden público, ya sea que lo aleguen las partes, o bien que de oficio se advierta su existencia, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia que se encuentra prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de amparo, al preceptuar lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que como se aprecia a fojas 72 a 99, consta copia certificada de las constancias que integran el expediente administrativo del recurso de inconformidad materia del presente juicio de amparo, de las que se advierte que se dio el trámite correspondieren al recurso de inconformidad, presentado el veintidós de octubre de dos mil catorce; lo cual constituye el acto por el cual el quejoso acudió a solicitar la tutela constitucional, acreditándose lo anterior con el escrito presentado por la parte quejosa en este órgano jurisdiccional el uno de septiembre del año en curso, mediante el cual manifiesta que cesaron los efectos de los actos reclamados por lo que solicita se sobresea el presente juicio de amparo. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. En consecuencia, como el justiciable reclamó la negativa de admitir a trámite, sustanciar, poner en estado de resolución el recurso de inconformidad, presentado el veintidós de octubre de dos mil catorce; así como, informar el trámite que siguió el referido recurso; y toda vez que el cinco de agosto del año en curso, se resolvió el recurso de inconformidad interpuesto por el aquí quejoso, mismo que fue notificado el diecisiete del citado mes y año; por tanto, al cesar los efectos del acto reclamado; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por ende, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, procede sobreseer en el juicio constitucional que nos ocupa, por cuanto a dicho acto y autoridades se refiere. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." No sobra decir, que dicho sobreseimiento impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre los actos reclamados, sin que ello genere agravio a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". QUINTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por las partes en cuanto a la publicación de esta resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley antes mencionada vigente en la época de inicio de la demanda, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; sin supresión de datos, salvo aquellos datos sensibles que pudiera contener. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Leonardo Chávez Salcido, contra los actos consistentes en la negativa de admitir a trámite, sustanciar, poner en estado de resolución el recurso de inconformidad, presentado el veintidós de octubre de dos mil catorce; así como, informar el trámite que siguió el referido recurso, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando cuarto de la misma. NOTIFIQUESE. Así lo resolvió y firma, Jesús Rodolfo Cristerna Iribe, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Leonor González Hernández, secretaria del juzgado, con quien actúa y da fe.Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Leonardo Chávez Salcido, contra los actos consistentes en la negativa de admitir a trámite, sustanciar, poner en estado de resolución el recurso de inconformidad, presentado el veintidós de octubre de dos mil catorce; así como, informar el trámite que siguió el referido recurso, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando cuarto de la misma. NOTIFIQUESE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, dos de septiembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito firmado por el quejoso Leobardo Chávez Salcido, mediante el cual manifiesta que las autoridades responsables Secretario y Consejo o Consultivo Delegacional en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, sustentaron y resolvieron el recurso de inconformidad, además que la resolución se hizo de su conocimiento en el domicilio signado para ello; de igual manera, solicita que se sobresea el presente juicio de amparo toda vez que cesaron los efectos de los actos reclamados, para tal efecto remite copia de la referida resolución y de la acta de notificación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, téngase ofrecida la prueba documental que acompaña al oficio de cuenta, con lo anterior, dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de agosto de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que aún no se ha notificado el proveído de veinte de agosto del año en curso, a fin de que la parte quejosa se imponga de las documentales que anexó a su informe justificado la autoridad responsable Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa, con residencia Culiacán. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para esta data, SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. NOTIFÍQUESE.
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