Leonardo Casian Elizalde
Expediente 741/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 37 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 22/04/2022
Partes del expediente
- Leonardo Casian Elizalde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, pronunciado dentro de los autos del presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la se sobreseyó en el asunto en que se actúa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, glósese a los presentes autos el cuaderno original del incidente de suspensión y, en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido. Sin que se oponga a la anterior determinación el que no se encuentren glosados los acuses de recibo de los oficios, por los que se ordenó notificar a las autoridades responsables foráneas, la sentencia que el día de hoy causa ejecutoria, toda vez que se estima que con ello no se causa algún agravio a las mismas, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó el juicio en que se actúa, es decir sobrevino un obstáculo jurídico o de hecho que impidió la decisión del fondo de la controversia planteada, tal como lo prevé el artículo 63 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, ya sea por revocación o modificación del asunto de que se trate, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5 de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima a los promoventes, para accionar, y al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, las autoridades responsables foráneas carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de la sentencia correspondiente ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 21, inciso a), y 18, fracción I, inciso a), ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al mismo, atendiendo a sus particularidades, son destruible y depurable, respectivamente, y carecen de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo párrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del veintiocho de abril de dos mil veinticinco. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 20, fracción II, inciso a), capitulo octavo del acuerdo en mención, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instaura las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por tanto, el mencionado duplicado es susceptible de destrucción; consecuentemente, una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del numeral 20 del citado acuerdo, procédase a su destrucción; lo que se estima acontecerá a partir del veintiséis de octubre de dos mil veintidós.
- Principal
R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio en que se actúa, promovido por Leonardo Casian Elizalde, contra actos delas autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, en términos de lo dispuesto en el considerativo tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia constitucional y en su oportunidad deberá capturarse en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el presente juicio de amparo, no obra el informe justificado de la autoridad responsable Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado adscrito al municipio de Mexicali (en su denominación correcta), ni el acuse de recibo del oficio 43421, de ocho de octubre de dos mil veintiuno. Asimismo, se desprende que en los autos del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, obra el informe previo de la autoridad responsable referida. Seguidamente, resulta procedente invocar el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, que dice: Artículo 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Del anterior numeral, se colige que como hecho notorio le compete al juzgador a invocar lo que a su juicio estime pertinente, así también, debe decirse que para tomar en consideración alguna constancia como un hecho notorio, tiene que estar en diverso juicio de amparo radicado en el mismo Órgano Jurisdiccional, ante el Juez que lo haya invocado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, del siguiente título: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Por lo tanto, obténgase copia certificada del informe rendido por el Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado adscrito al municipio de Mexicali (en su denominación correcta), mismo que obra en el cuaderno incidental derivado de este asunto, con número de registro 1941, a fin de que se intégrese al juicio principal; ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles antes invocado, y para que surta sus efectos legales conducentes. Así entonces, con el contenido del informe aludido, rendido por el Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado adscrito al municipio de Mexicali (en su denominación correcta), en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se fijan en su lugar, las diez horas con un minuto del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, para su celebración. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en el que se consagra que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijan las respectivas leyes, así como en lo dispuesto en el artículo 28, fracción III de la Ley de Amparo, requiérase vía correo electrónico oficial, a la autoridad foránea señalada como responsable Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado adscrito al municipio de Mexicali (en su denominación correcta), con residencia en la capital de la entidad, para que dentro del término de tres días, por la misma vía, informe la hora y fecha en que haya recibido el oficio 43421, de ocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se le requirió para que rindiera su correspondiente informe justificado dentro del presente juicio de amparo, debiendo señalar si a la fecha ya rindió su informe y, en caso afirmativo, el sentido en que lo haya hecho. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo que aquí se ordena, precisamente en el término concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato judicial aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento.
- Incidental
Audiencia Incidental y R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega al quejoso Leonardo Casian Elizalde, la suspensión definitiva solicitada en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta interlocutoria, por las razones ahí expuestas.
Quedan 33 actuaciones en este expediente
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