Leonardo Carrillo Guijosa

Expediente 40/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
40/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
07/05/2021

Partes del expediente

  • Leonardo Carrillo Guijosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que acompañó al presente asunto, toda vez que es innecesaria su retención. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa si exhibió documentos originales y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 40/2021, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe, sin la asistencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se da cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa y por el magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas debido a su propia y especial naturaleza las referidas probanzas ofertadas por las partes en comento y, a la parte tercera interesada le precluye su derecho para ofrecer medio de convicción alguno. Abierto el periodo de alegatos se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Toda vez que las partes no formularon alegatos, precluye su derecho para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDO: Primero. Presentación de las demandas. Mediante escrito presentado el diecinueve de enero del presente año, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Leonardo Carrillo Guijosa, compareció a la presente instancia a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Lo son: como autoridad ORDENADORA se precisa al C. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO TREINTA Y SEIS EN EL ESTADO, cuyo domicilio y donde pueden ser emplazada de esta demanda es el bien conocido en la calle Miguel Blanco número 48 de la Colonia Chapultepec Oriente de esta Ciudad. IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad responsable MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 36 EN EL ESTADO DE MICHOACAN, RECLAMO: LA FALTA DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, PRONUNCIADA POR DICHA AUTORIDAD DENTRO DEL JUICIO AGRARIO NÚMERO 887/2018, QUE SOBRE CONTROVERSIA POR EL MEJOR DERECHO A POSEER UNA FRACCIÓN DE PARCELA, PROMOVÍ EN CONTRA DE SEÑORA CATALINA CARRILLO TORRES, NO OBSTANTE DE QUE A LA FECHA DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA POR MINISTERIO DE LEY, Y QUE EL TRIBUNAL ESTA OBLIGADO DE PROVEER LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DE SUS SETENCIAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY AGRARIA. (.).". Acto que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, este juzgado admitió a trámite la referida demanda de amparo y la registró con el número 40/2021; otorgó la intervención legal que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; y, requirió el informe justificado a la autoridad responsable. En acuerdo de once de marzo del presente año, se reconoció el carácter de parte tercera interesada a Catalina Carrillo Flores, parte demandada en el juicio de origen, la cual se emplazó el veintidós del mes y año en cita (reverso de la foja 49). Posteriormente, en proveído de doce siguiente, se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado por Leonardo Carrillo Guijosa, al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad, consiste en: La falta de ejecución de la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del juicio agrario 887/2018, que sobre controversia por el mejor derecho para poseer una fracción de parcela promovió contra Catalina Carrillo Torres. Tercero. Certeza del acto reclamado. El magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado que se le atribuye (foja 16); por tanto, se tiene la certeza de la existencia de éste. Lo que se corrobora con las constancias del juicio agrario 887/2018, que el magistrado responsable adjuntó al diverso informe justificado dentro del juicio de amparo 204/2020, del índice de este juzgado y obra en un tomo de pruebas por separado, el cual se tiene a la vista para la resolución del presente controvertido y adquiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación; ello, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Sin embargo, las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna, ni este juzgador la advierte de oficio; por tanto, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En los conceptos de violación la parte quejosa señala que se violan en su perjuicio las garantías constitucionales de seguridad, audiencia, legalidad e imparcialidad jurídica, toda vez que de conformidad con el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; por lo que, la autoridad responsable en el ámbito de su competencia debió haber acordado de inmediato el cumplimiento de su sentencia una vez que causara ejecutoria y ordenar la ejecución de ésta, para ponerlo en posesión de la fracción de terreno en conflicto al haberle resultado favorable la restitución, entrega y desocupación de ésta. Sin embargo, al no realizarlo así es claro que no solo vulneró las garantías derivadas del precepto 14 de la Carta Magna, sino también el diverso 191, primer párrafo, de la Ley Agraria, reglamentaria del numeral 27 Constitucional. Lo anterior, sin que sea obstáculo el hecho que se haya promovido otro juicio de amparo ante este juzgado registrado con el número 204/2020, promovido supuestamente por un tercero, puesto que de acuerdo con las constancias que obran en el juicio natural se advierte que si bien se concedió la suspensión definitiva para que no se ejecutara la sentencia, menos verdad es que para que la misma surta efectos legales debe depositarse la garantía de $ 15,000.00 quince mil pesos moneda nacional, cantidad que no fue depositada, pues este juzgado no ha informado a la responsable tal circunstancia y, que con ello, siga surtiendo efectos la misma hasta que no se resuelva el controvertido en comento. En ese sentido, estima que si el quejoso no depositó la garantía de referencia para que continúe surtiendo efectos la medida cautelar otorgada en el juicio de amparo 204/2020, no existe impedimento legal para que el tribunal responsable se niegue o deje de ejecutar la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, pronunciada en el juicio de origen. Por otra parte, estima que se transgredió el artículo 16 constitucional, ya que el fallo y las determinaciones de la responsable, si bien es cierto que fueron emitidas por autoridad competente, también lo es que no pueden ser consideradas como resoluciones y diligencias fundadas y motivadas por la simple y sencilla razón de que nunca se le llamó a juicio y, por ende, el fallo adolece de firmeza y seguridad jurídica; por lo que, considera debe otorgársele el amparo y protección de la justicia federal. Dichos conceptos de violación son infundados, como a continuación se precisará. En ese sentido, resulta conveniente señalar algunos antecedentes del expediente de origen: 1. Mediante presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad, Leonardo Carrillo Guijosa, demandó a Catalina Carrillo Torres, entre otras cosas, el mejor derecho para poseer y usufructuar la fracción de terreno que forma parte de la parcela ejidal 435 Z-1 P1/2 ubicada en el ejido de "Chincua", municipio de Senguio, Michoacán. 2. En acuerdo de cinco de octubre del año en comento, el tribunal responsable admitió a trámite dicha demanda, la registró con el número 887/2018, ordenó emplazar a la parte demandada y fijó las diez horas con treinta minutos del veintidós de enero de dos mil diecinueve, para el verificativo de la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria parte demandada; por lo que, llegada dicha data, se hizo constar la inasistencia de la contra parte del actor y se declaró su rebeldía. 3. Seguidos los trámites del juicio de origen, el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se emitió la sentencia correspondiente al juicio de origen, en la que, entre otras cosas, se determinó parcialmente procedente la acción ejercitada contra Catalina Carrillo Torres y se condenó a ésta a realizar la entrega real y material de la fracción de parcela antes citada. 4. Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, causó ejecutoria dicha resolución y la autoridad responsable señaló las diez horas del diecisiete de marzo del mismo año, para que el actuario de su adscripción y un perito topógrafo se constituyeran en la superficie materia de la sentencia y procediera a su ejecución, sin que a la fecha se haya realizado. Al respecto debe decirse que, si bien es cierto que el artículo 17, segundo y sexto párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, que es el derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, ante tribunales independientes, expeditos e imparciales a efecto de plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute la decisión. Asimismo, el derecho sustantivo a la jurisdicción comprende la obligación de los tribunales de proveer eficazmente el cumplimiento de sus decisiones, es decir, se trata de una consecuencia natural que forma parte esencial de esa prerrogativa porque a través de ella se logra la efectiva tutela de los derechos e intereses que dieron inicio al proceso. Además, se debe señalar que el derecho a solicitar la ejecución de la sentencia es de carácter sustantivo porque está vinculado estrechamente al derecho de efectivo acceso a la jurisdicción, lo que a su vez se encuentra relacionado con el "efecto útil" de la resolución que puso fin al controvertido de origen, es decir, que la decisión correspondiente solucione el problema planteado conforme a la ley aplicable, que esté debidamente fundada y motivada, y además se ejecute, pues ese es el fin último de la impartición de justicia. Por otro lado, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo u omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: La primera, que es la que en el caso nos interesa, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio a la tramitación del procedimiento respectivo. Sin embargo, quien resuelve estima que no se actualiza alguno de los supuestos señalados, toda vez que la falta de ejecución de la sentencia emitida dentro el juicio de origen no obedece a una dilación o demora atribuida por vicios propios del magistrado responsable, sino al cumplimiento de la suspensión definitiva otorgada dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 204/2020, promovido por Yolanda Carrillo Torres, del índice de este juzgado, en el que se advierte lo siguiente: I. Mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veinte, por Yolanda Carrillo Torres, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en los siguientes términos: N° Autoridades. Actos reclamados. 1 Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad. a) La falta de emplazamiento al juicio agrario 887/2018. b) La sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el controvertido en cita. c) El acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veinte, en el que se ordena la ejecución de dicha resolución. 2 Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad. II. En acuerdo de veintisiete siguiente este juzgado admitió a trámite dicha demanda, la registró con el número 204/2020; otorgó la intervención legal que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; requirió el informe justificado a la autoridad responsable y ordenó formar por separado y duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados, toda vez que dicha medida cautelar fue solicitada expresamente por la parte quejosa. III. En la misma data este órgano jurisdiccional concedió la suspensión provisional para el efecto de que sin suspender el procedimiento de ejecución en el juicio de origen no se llevara a cabo la entrega real y material de la parcela o terreno ejidal ubicado en la localidad de la Loma, perteneciente al ejido de Chincua, municipio de Senguio, Michoacán, identificada como 435 Z-1 P/2; medida cautelar que surtiría efectos desde ese momento y hasta que la autoridad responsable recibiera notificación de lo que se resolviera en la suspensión definitiva; por lo que, se fijó como garantía la cantidad de $ 15,000.00 quince mil pesos moneda nacional, por concepto de posibles daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte tercera interesada con la concesión de dicha medida. IV. Posteriormente, el cinco de marzo del año próximo pasado se otorgó la suspensión definitiva en los mismos términos y se hizo la precisión que, la medida cautelar concedida dejaría de surtir sus efectos si dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la notificación que se realizara de la referida resolución, la quejosa no exhibía la garantía que le fue señalada; lo cual a la fecha no ha realizado. En tal virtud, se considera que el ahora inconforme previo a la promoción del controvertido en que se actúa, bien puede apersonarse en su carácter de tercero interesado en el referido sumario 204/2020, del índice de este juzgado, a fin de hacer valer los derechos que le correspondan y lograr que la suspensión definitiva otorgada en éste deje de surtir efectos, para que así la autoridad responsable esté en aptitud de ejecutar el acto reclamado; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 133 y 136 de la Ley de Amparo. Máxime que en ese juicio de amparo se le reconoció el carácter de tercero interesado y a la fecha no se ha logrado su emplazamiento por las razones que allá se indican. Incluso el catorce de abril de este año, se le mandó emplazar en el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones en este juicio que ahora se resuelve, lo cual aconteció el quince siguiente en que se le dejó citatorio. Apoya lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1117, del Tomo LXII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro digital 309599, que a la letra expresa: "SUSPENSION, EFECTOS DE LA DECLARACION DE DEJAR SIN EFECTOS LA, POR NO HABERSE OTORGADO LA FIANZA. De acuerdo con el artículo 139 de la Ley de Amparo, el auto en que un Juez de Distrito concede la suspensión definitiva de los actos reclamados, surte efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; pero deja de surtirlos, si el agraviado no llena dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado; y no por el hecho de dejar de surtir efectos la suspensión, por falta de garantía respectiva, los Jueces de Distrito deben revocar el auto de suspensión, pues únicamente están facultados para comunicar a las autoridades responsables, haber declarado sin efecto la suspensión. Si fuera legal que los Jueces de Distrito tuvieran por revocada la suspensión, no podría la parte quejosa como lo sostiene la jurisprudencia relativa, otorgar su fianza en cualquier momento, siempre que existan actos que suspender, y en tal caso, comenzará a surtir efectos la suspensión, desde la fecha en que se otorga la garantía correspondiente. La tesis sobre que la suspensión debe tenerse por revocada, no puede fundarse en la segunda parte del citado artículo, puesto que prevé un caso distinto, o sea, cuando negada la suspensión por el Juez de Distrito, sea revocada en grado la suspensión por la Suprema Corte; para este caso, expresamente determina que concedida la suspensión por la Corte, los efectos de aquélla se retrotraerán a la fecha en que fue notificada la suspensión provisional, o lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo permita. La revocación del auto de suspensión, por virtud de la revisión interpuesta, produce consecuencias distintas según se haya concedido o negado la suspensión. En el primer caso, revocada la suspensión por la Corte, se remueve el obstáculo que la autoridad responsable tenía para ejecutar el acto reclamado; lo cual no significa que queda obligada a esa ejecución, pues la ejecutoria de la Corte no puede producir más efectos que el de dejar expeditas las facultades de aquella autoridad que, por virtud de la suspensión concedida, habían estado restringidas. Si la suspensión ha sido negada y la Corte revoca el auto del Juez de Distrito y la concede, el efecto de la revocación será el de volver las cosas al estado que tenían antes de la fecha del auto revocado; de otro modo la ejecutoria de la Corte retrotraería sus efectos a la fecha en que se pronunció el auto del Juez de Distrito que negó la suspensión. No existe, pues, razón alguna para concluir que dejar de surtir efectos la suspensión, por falta de garantía respectiva, equivalga a revocar la propia suspensión, y, por ende, a que las cosas deban retrotraerse al estado que guardaban al momento en que fue concedida la provisional; pues, como se dijo, la retrotracción sólo tiene lugar en el caso del párrafo II del artículo 139 de la Ley de Amparo.". Criterio que resulta aplicable conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, pues el precepto 76 de la Ley de Amparo abrogada, es similar al 79 de la legislación vigente. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos Leonardo Carrillo Guijosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Leonardo Carrillo Guijosa, por los motivos y fundamentos expuestos en el quinto considerando de la presente resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el séptimo considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Maravatío, Michoacán; lo anterior, en virtud de que en proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno de acordó lo conducente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.marilyn

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el Juez Mixto de Primera Instancia del Estado de Michoacán, con residencia en Maravatío de Ocampo, por el cual devuelve diligenciado en sus términos el despacho número noventa y seis del índice de este órgano jurisdiccional, acompañando para tal efecto las constancias de emplazamiento a la parte tercera interesada Catalina Carrillo Flores. En consecuencia, acúsese recibo y dése de baja la comunicación oficial recibida. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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