Leonardo Calvo de la Cruz
Expediente 1380/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1380/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Leonardo Calvo de la Cruz
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio firmado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio con el que se le remitieron los autos originales del toca penal ******************** y autos originales de la causa penal ********************, en un tomo cada uno; glósese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, que dio origen al presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del toca penal ******************** y autos originales de la causa penal ********************, en un tomo cada uno, hágase la devolución de los mismos a su lugar de origen Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica, ni jurídica, aunado a que no existen documentos originales que devolver a la parte quejosa.
- Principal
Visto el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 775/2019, que le fuera enviado a efecto de que se notificara a la parte quejosa el proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio en que se actúa, adjuntando las constancias por las cuales no le fue posible realizar la diligencia encomendada. Dese de baja del libro de comunicaciones oficiales enviadas que se lleva en este juzgado federal. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación del proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, háganse al quejoso por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano de control constitucional.
- Principal
Visto el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por ********************, informe justificado de la Sala responsable y copias certificadas del toca penal ******************** y causa penal ********************, en un tomo cada uno. En términos de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, 103 y 107 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana, este juzgado de distrito acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional con el número******************** y fórmese expediente físico y electrónico. Con las constancias que remite el tribunal de alzada fórmense por separado dos legajos de pruebas. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone la facultad de los juzgadores para desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Ahora, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la misma resulta improcedente, atento a lo dispuesto en los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del estudio integral del escrito de demanda de amparo se advierte la manifiesta y notoria improcedencia, dado que los actos que reclama la parte quejosa en esta vía constitucional, los hace consistir en: La sentencia de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal VI-********************. Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad: "[.] FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA. La sentencia definitiva pronunciada por la ordenadora me fue notificada a través de Agente del Ministerio Público adscrito a la mencionada ordenadora el día 04 (cuatro) de diciembre del 2018 (dos mil dieciocho)." Lo anterior, se robustece con los diversos datos proporcionados por el propio quejoso en el escrito de demanda, correspondientes al juzgado de origen (Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad), número de causa penal (********************), delito (fraude) y acusados (********************); manifestaciones con las cuales se tiene por cierto que efectivamente tuvo conocimiento del acto reclamado en la fecha antes indicada (cuatro de diciembre de dos mil dieciocho). Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de datos, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 200094 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/96 Página: 57 DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En ese tenor, cabe destacar que para la presentación de la demanda de amparo, el término legal que rige su situación es el de quince días previsto en el artículo 17, en relación con el diverso 18 de la Ley de Amparo. Entonces, el término de los quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a transcurrir del seis de diciembre de dos mil dieciocho, al dieciséis de enero de dos mil diecinueve, descontándose los días ocho, nueve, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, doce y trece de enero de dos mil diecinueve, por haber sido sábados y domingos y gozar de su periodo vacacional la sala responsable; en virtud que el propio quejoso manifestó que tuvo conocimiento el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, surtió efectos el cinco de diciembre y empezó a transcurrir a partir de la data antes indicada. En tales condiciones y considerando que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo se presentó el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de partes de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, como se desprende de la certificación al calce de la demanda, lo cual hace evidente que entre la fecha de la presentación de la demanda y la que la parte quejosa se ostentó sabedor del acto reclamado, ha transcurrido en exceso el término de quince días que establece el precitado numeral 17 de la Ley de Amparo, para que la demanda de amparo sea procedente en su admisión, lo que hace patente que se configure el acto como aquellos de los denominados consentidos tácitamente. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia de datos, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2010680 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 77/2015 (10a.) Página: 241 VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA UN FALLO ABSOLUTORIO CUANDO LA LEY NO LE RECONOCE EL CARÁCTER DE PARTE EN EL RECURSO DE APELACIÓN PARA INTERVENIR EN ÉL. Cuando el Ministerio Público, como parte en el proceso penal, es notificado de la sentencia de apelación que confirma un fallo absolutorio y la ley ordinaria no reconoce legitimación a la víctima u ofendido del delito para interponer dicho recurso contra una sentencia definitiva, el plazo para promover el juicio de amparo directo contra tal determinación no debe computarse a partir de su notificación al representante social, pues ello sería contrario al derecho fundamental de acceso a la justicia en detrimento de la víctima u ofendido, al generar el inicio de un término legal a partir de la notificación del acto reclamado a un ente que carece de facultades para instar el juicio uniinstancial en su favor, cuando quien podría hacerlo -el pasivo del delito-, no había sido impuesto de esa resolución, con independencia de la calidad de coadyuvante que le asiste en el proceso, ya que el fiscal, en términos generales, no podría representar sus intereses, por lo que debe desvincularse el efecto que produce la notificación del acto reclamado realizada al Ministerio Público que ejerce una representación en la causa penal, del interés jurídico y la legitimación que asiste a la parte quejosa para instar el juicio constitucional. Por tanto, para determinar el plazo con que cuenta la víctima u ofendido del delito para instar el juicio de amparo directo contra la sentencia aludida, cuando la ley no le reconoce el carácter de parte en el recurso de apelación para intervenir en él, debe atenderse a las reglas establecidas en la Ley de Amparo aplicable; de ahí que dicho término se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la sentencia, del día que tuvo conocimiento de ésta, o en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste haberse hecho sabedora de ella." Lo resaltado es propio. Asimismo, tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 61, visible en la página 103, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y tesis comunes, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE." Así como el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, página 3212, tomo LXVIII, registro 328325, que señala: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS." Atento a las consideraciones que preceden, es inconcuso que el término para la interposición del juicio de amparo ha transcurrido en demasía para que el ahora quejoso haya agotado los medios que la ley pone a su alcance para impugnar las violaciones que estimare se le han causado en su perjuicio, como lo es el medio extraordinario de defensa regulado por los artículos 103 y 107 Constitucionales, al que pudo ocurrir una vez que tuvo conocimiento del acto reclamado y al no haberlo hecho así, este juzgado de distrito se encuentra impedido para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, al tenerse por consentido de manera tácita. Además, que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento, ni se trata de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; lo anterior, hace inconcuso que, conforme a los alcances y contenido del invocado ordinal, en relación con lo dispuesto en el diverso quinto transitorio del decreto que expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda promovida debió presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes al en que al quejoso se ostenta como sabedor de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Y la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo 193-198 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." Debe precisarse que la jurisprudencia antes citada, resulta aplicable en el presente asunto, toda vez que si bien, el contenido de la misma alude a la anterior Ley de Amparo, lo cierto es que contiene los mismos principios de la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; lo anterior además de conformidad con lo establecido por el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "ARTÍCULO SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." En las condiciones apuntadas, lo que procede es desechar la demanda planteada, con apoyo en el artículo 113 de la ley de Amparo. Toda vez que la parte quejosa señaló como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con sede en Acapulco, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva ordenar a quien corresponda, se constituya en el domicilio antes indicado y notifique al quejoso ******************** el presente proveído; asimismo, lo requiera en el acto de la diligencia para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, o bien lo haga dentro del término de tres días, siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído; y, lo aperciba que de no hacerlo así, si ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal le surtirán efectos por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado federal. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que relaciona, por no contar con cédula registrada en el sistema antes aludido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
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