Leonardo Barrios Chagala

Expediente 477/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
477/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Leonardo Barrios Chagala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 477/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por el Director del Centro Penitenciario Zamora, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por el Director del Centro Penitenciario Zamora, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el informe justificado del 1. Director del Centro Penitenciario y 2. Integrantes del Comité Técnico del Centro de Readaptación Social "Zamora" ambos con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, notificación que se realizó el veintisiete de agosto del actual, por lista de acuerdos; razón por la cual, conforme al artículo 22, párrafo segundo de la Ley de Amparo, la notificación en cuestión surtió sus efectos el treinta siguiente, y el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la citada ley de la materia transcurre del treinta y uno de agosto al nueve de septiembre del año en curso. En consecuencia, y al no estar debidamente integrado el asunto para dictar sentencia, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    R E S U L T A N D O: ÚNICO. Leonardo Barrios Chagala, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Director del Centro Penitenciario 14 Cierto 2. Integrantes del Comité Técnico del Centro de Readaptación Social "Zamora" 15 Cierto San Andrés Tuxtla, Veracruz De las que reclama: El acta del Comité Técnico de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. En auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Al no existir pruebas ofrecidas por las partes, el presente asunto se resolverá con base en las constancias que integran este expediente. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables 1. Director del Centro Penitenciario y 2. Integrantes del Comité Técnico del Centro de Readaptación Social "Zamora", ambos con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, pues si bien es cierto que niegan la falta de notificación del acta de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, no menos cierto es que sí reconocen la existencia del acta en comento. QUINTO. Procedencia de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a). Que lo solicite la parte quejosa; b). Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c). Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d). Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, cabe precisar que la suspensión del acto reclamado es una medida o providencia cautelar, cuya finalidad es conservar la materia del juicio de amparo, para impedir que el acto de autoridad se ejecute y produzca efectos de difícil reparación (según se observa en el artículo 139 de la Ley de Amparo) lo que implica una característica distintiva con la sentencia que concede la protección constitucional, a través de la cual se reparan los daños sufridos, se invalidan los actos que los originaron y se restituye al quejoso en el goce de los derechos violados. Por tanto, el objeto de la suspensión en el juicio de amparo es detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar consecuencias irreparables o de difícil reparación, que se puedan generar con la ejecución total o parcial de los actos reclamados, durante el tiempo en que se sustancia y se resuelve el juicio de amparo en lo principal, que a la postre pudieran impedir la restitución del estado anterior, si se otorga la protección constitucional. Por tal motivo, el primer presupuesto natural para la procedencia de la providencia consiste, en que el acto reclamado produzca efectos ejecutables directamente, que se puedan evitar o detener, mientras se emite el fallo de fondo. Esto es, el objeto de la suspensión consiste en que no se ejecuten los efectos positivos resultantes directamente de lo decidido por la autoridad responsable. Entonces, si el acto no da lugar a una ejecución con los efectos indicados o ni siquiera tiene ejecución, esto es suficiente para negar la medida cautelar. Por lo tanto, para que exista la posibilidad de suspender el acto reclamado, es necesario que su naturaleza sea suspendible. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 128 y 144, este último en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en el escrito de ampliación de demanda, respecto del acta del Comité Técnico de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Lo anterior es así, ya que del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que dicho acto ya fue realizado, y en ese sentido, considerando que con los elementos que se tienen en autos el suscrito no cuenta con datos suficientes que le permitan hacer un análisis preliminar respecto de la eventual inconstitucionalidad de los actos que por esta vía se reclaman, ni se desprende que con su sólo pronunciamiento sean inconstitucionales, para en su caso, darle un efecto restitutorio a la medida cautelar que nos ocupa, por virtud de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, así como en el artículo 138 de la Ley de Amparo, motivos por los cuales se concluye que debe negarse la suspensión que solicita. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la jurisprudencia II.3o. J/37 (registro: 217665) del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 60, Diciembre de 1992, página 51, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a Leonardo Barrios Chagala, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos expuestos en el diverso considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.

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