Leonardo Aviala Rodriguez
Expediente 947/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Leonardo Aviala Rodriguez
Actuaciones
- Principal
agréguese el escrito presentado por el quejoso ***, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada por este Juzgado. I. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a) No es autoridad para efectos del amparo. Los dispositivos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, ambos de la ley de la materia determinan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" Como se puede advertir, la Ley de Amparo prevé, en esencia, la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado como autoridad responsable; además, como cuestión adicional, determina que, en determinada situación los particulares pueden tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior, se condiciona al cumplimiento de dos supuestos: El primero, que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten los derechos de los quejosos, en los mismos términos de dicha fracción, esto es, de manera unilateral y obligatoria. El segundo, que sus funciones, con base en las cuales emitan sus actos, estén determinadas por una norma general. Complementa las características de la autoridad responsable en el juicio de amparo, la Jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado" Por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que tanto en la abrogada ley como en la nueva, la condición que define la procedencia del juicio de amparo es una función prevista en una norma jurídica, cuyo efecto repercute de manera unilateral y obligatoria en el ámbito de derechos de cierta persona. La diferencia entre tales disposiciones, como ya quedó evidenciado, es que esa afectación puede derivar de una persona privada (un particular) y no sólo de un ente público. El Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. El quejoso reclama del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., (Banjército) lo siguiente: "Reclamo la orden verbal o por escrito que dieron para que se retenga, disponga, se cobre o se aplique al adeudo que supuestamente tengo con esa institución bancaria el recurso que se me debe de entregar y/o depositar por concepto de "compensación de servicio" derivado de la baja voluntaria que llevé a cabo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana" Como antecedentes la parte quejosa refiere: Que formaba parte del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con el grado de cabo policía militar. Que realizó el trámite para causar baja voluntaria del ejército, quedando pendiente que se le hiciera el pago de la prestación denominada "compensación de servicio" por la cantidad de $83,000.00 (ochenta y tres mil pesos 00/100 m.n.). Que dicha prestación ya está lista para pagarse, pero personal del banco le informó que si tiene algún adeudo con la referida institución bancaria, automáticamente se cobra la deuda con el dinero que se llegue a depositar sin tomar en cuenta de donde proceda. Ahora, por auto del pasado cinco de agosto, se previno al quejoso para que manifestara lo siguiente: "[.] 1.- Si ya se realizó la retención del numerario que refiere; y, 2.- Si tiene conocimiento de dónde deriva la retención de dicho numerario, esto es, si tiene algún adeudo con motivo de algún crédito que sostuvo con la institución bancaria que refiere en su demanda o bien, manifieste si tiene algún tipo de crédito o préstamo con la dependencia militar para la cual laboraba y en caso afirmativo, manifieste si la señala como responsable [.]" . En su escrito de aclaración, el quejoso manifestó que aún no se realiza la retención del numerario, ya que la misma se llevará a cabo al momento en que pretenda hacerla efectiva y que dicha retención deriva de un adeudo que tiene con Banjército por un crédito que solicitó con dicha institución bancaria denominado "crédito al consumo" el cual nada tiene que ver con la dependencia para la cual laboraba. Pues bien, los artículos 1, 2, 3, y 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y o peraciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano." "ARTÍCULO 2o.- El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser: I. Instituciones de banca múltiple, y II. Instituciones de banca de desarrollo. Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se considera servicio de banca y crédito la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados. No se consideran operaciones de banca y crédito aquellas que, en el ejercicio de las actividades que les sean propias, celebren intermediarios financieros distintos a instituciones de crédito que se encuentren debidamente autorizados conforme a los ordenamientos legales aplicables. Dichos intermediarios en ningún caso podrán recibir depósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques. Tampoco se considerarán operaciones de banca y crédito la captación de recursos del público mediante la emisión de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores, colocados mediante oferta pública incluso cuando dichos recursos se utilicen para el otorgamiento de financiamientos de cualquier naturaleza. Para efectos de este artículo y del artículo 103 se entenderá que existe captación de recursos del público cuando: a) se solicite, ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, o b) se obtengan o soliciten fondos o recursos de forma habitual o profesional." "ARTÍCULO 3o.- El Sistema Bancario Mexicano estará integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, así como los organismos auto regulatorios bancarios. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que realizan actividades financieras los fideicomisos públicos para el fomento económico cuyo objeto o finalidad principal sea la realización habitual y profesional de operaciones de crédito, incluyendo la asunción de obligaciones por cuenta de terceros. Dichas operaciones deberán representar el cincuenta por ciento o más de los activos totales promedio durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a la fecha de determinación a que se refiere el artículo 134 Bis 4 de esta Ley. A todos los fideicomisos públicos para el fomento económico se les podrán otorgar concesiones en los mismos términos que a las entidades paraestatales." "ARTÍCULO 4o.- El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios. Las instituciones de banca de desarrollo atenderán las actividades productivas que el Congreso de la Unión determine como especialidad de cada una de éstas, en las respectivas leyes orgánicas." De lo anterior se aprecia que la Ley de Instituciones de Crédito regula el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas realizan para la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano. De lo que deriva que las instituciones bancarias, brindan servicios de crédito para la obtención de fondos o recursos de forma habitual o profesional. Que también realizan actividades financieras, los fideicomisos públicos para el fomento económico cuyo objeto o finalidad principal sea la realización habitual y profesional de operaciones de crédito, incluyendo la asunción de obligaciones por cuenta de terceros. En tal virtud, se concluye que la actividad que desarrollan las instituciones bancarias, únicamente se concreta a eso, a la prestación de un servicio, por lo que no se les puede considerar autoridades responsables en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo. Además, lo reclamado no deriva del aseguramiento de la cuenta del quejoso que haya sido ordenado en algún procedimiento por la autoridad ministerial o judicial, para materializar una medida cautelar, sino que el acto reclamado deriva de un crédito que el quejoso tiene con la institución bancaria Banjército; por tanto, es evidente que la demanda de derechos fundamentales deviene improcedente. En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda. Notifíquese personalmente
- Principal
CITATORIO: PARTE QUEJOSA. ACUERDO 12-AGOSTO-2021 agréguese el escrito presentado por el quejoso ***, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada por este Juzgado. I. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a) No es autoridad para efectos del amparo. Los dispositivos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, ambos de la ley de la materia determinan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.] Como se puede advertir, la Ley de Amparo prevé, en esencia, la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado como autoridad responsable; además, como cuestión adicional, determina que, en determinada situación los particulares pueden tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior, se condiciona al cumplimiento de dos supuestos: El primero, que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten los derechos de los quejosos, en los mismos términos de dicha fracción, esto es, de manera unilateral y obligatoria. El segundo, que sus funciones, con base en las cuales emitan sus actos, estén determinadas por una norma general. Complementa las características de la autoridad responsable en el juicio de amparo, la Jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado" Por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que tanto en la abrogada ley como en la nueva, la condición que define la procedencia del juicio de amparo es una función prevista en una norma jurídica, cuyo efecto repercute de manera unilateral y obligatoria en el ámbito de derechos de cierta persona. La diferencia entre tales disposiciones, como ya quedó evidenciado, es que esa afectación puede derivar de una persona privada (un particular) y no sólo de un ente público. El Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. El quejoso reclama del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., (Banjército) lo siguiente: "Reclamo la orden verbal o por escrito que dieron para que se retenga, disponga, se cobre o se aplique al adeudo que supuestamente tengo con esa institución bancaria el recurso que se me debe de entregar y/o depositar por concepto de "compensación de servicio" derivado de la baja voluntaria que llevé a cabo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana" Como antecedentes la parte quejosa refiere: Que formaba parte del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con el grado de cabo policía militar. Que realizó el trámite para causar baja voluntaria del ejército, quedando pendiente que se le hiciera el pago de la prestación denominada "compensación de servicio" por la cantidad de $83,000.00 (ochenta y tres mil pesos 00/100 m.n.). Que dicha prestación ya está lista para pagarse, pero personal del banco le informó que si tiene algún adeudo con la referida institución bancaria, automáticamente se cobra la deuda con el dinero que se llegue a depositar sin tomar en cuenta de donde proceda. Ahora, por auto del pasado cinco de agosto, se previno al quejoso para que manifestara lo siguiente: "[.] 1.- Si ya se realizó la retención del numerario que refiere; y, 2.- Si tiene conocimiento de dónde deriva la retención de dicho numerario, esto es, si tiene algún adeudo con motivo de algún crédito que sostuvo con la institución bancaria que refiere en su demanda o bien, manifieste si tiene algún tipo de crédito o préstamo con la dependencia militar para la cual laboraba y en caso afirmativo, manifieste si la señala como responsable [.]" . En su escrito de aclaración, el quejoso manifestó que aún no se realiza la retención del numerario, ya que la misma se llevará a cabo al momento en que pretenda hacerla efectiva y que dicha retención deriva de un adeudo que tiene con Banjército por un crédito que solicitó con dicha institución bancaria denominado "crédito al consumo" el cual nada tiene que ver con la dependencia para la cual laboraba. Pues bien, los artículos 1, 2, 3, y 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y o peraciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano." "ARTÍCULO 2o.- El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser: I. Instituciones de banca múltiple, y II. Instituciones de banca de desarrollo. Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se considera servicio de banca y crédito la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados. No se consideran operaciones de banca y crédito aquellas que, en el ejercicio de las actividades que les sean propias, celebren intermediarios financieros distintos a instituciones de crédito que se encuentren debidamente autorizados conforme a los ordenamientos legales aplicables. Dichos intermediarios en ningún caso podrán recibir depósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques. Tampoco se considerarán operaciones de banca y crédito la captación de recursos del público mediante la emisión de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores, colocados mediante oferta pública incluso cuando dichos recursos se utilicen para el otorgamiento de financiamientos de cualquier naturaleza. Para efectos de este artículo y del artículo 103 se entenderá que existe captación de recursos del público cuando: a) se solicite, ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, o b) se obtengan o soliciten fondos o recursos de forma habitual o profesional." "ARTÍCULO 3o.- El Sistema Bancario Mexicano estará integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, así como los organismos auto regulatorios bancarios. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que realizan actividades financieras los fideicomisos públicos para el fomento económico cuyo objeto o finalidad principal sea la realización habitual y profesional de operaciones de crédito, incluyendo la asunción de obligaciones por cuenta de terceros. Dichas operaciones deberán representar el cincuenta por ciento o más de los activos totales promedio durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a la fecha de determinación a que se refiere el artículo 134 Bis 4 de esta Ley. A todos los fideicomisos públicos para el fomento económico se les podrán otorgar concesiones en los mismos términos que a las entidades paraestatales." "ARTÍCULO 4o.- El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios. Las instituciones de banca de desarrollo atenderán las actividades productivas que el Congreso de la Unión determine como especialidad de cada una de éstas, en las respectivas leyes orgánicas." De lo anterior se aprecia que la Ley de Instituciones de Crédito regula el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas realizan para la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano. De lo que deriva que las instituciones bancarias, brindan servicios de crédito para la obtención de fondos o recursos de forma habitual o profesional. Que también realizan actividades financieras, los fideicomisos públicos para el fomento económico cuyo objeto o finalidad principal sea la realización habitual y profesional de operaciones de crédito, incluyendo la asunción de obligaciones por cuenta de terceros. En tal virtud, se concluye que la actividad que desarrollan las instituciones bancarias, únicamente se concreta a eso, a la prestación de un servicio, por lo que no se les puede considerar autoridades responsables en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo. Además, lo reclamado no deriva del aseguramiento de la cuenta del quejoso que haya sido ordenado en algún procedimiento por la autoridad ministerial o judicial, para materializar una medida cautelar, sino que el acto reclamado deriva de un crédito que el quejoso tiene con la institución bancaria Banjército; por tanto, es evidente que la demanda de derechos fundamentales deviene improcedente. En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda. Notifíquese personalmente
- Principal
Vista la demanda de cuenta promovida por ***, contra actos del "Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada" S.N.C. (BANJERCITO). Ahora, con fundamento en el artículo 114, fracción IV, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, acompañando copias del escrito aclaratorio; cumpla con lo siguiente: PREVENCIÓN Bajo protesta de decir verdad manifieste: 1.- Si ya se realizó la retención del numerario que refiere; y, 2.- Si tiene conocimiento de dónde deriva la retención de dicho numerario, esto es, si tiene algún adeudo con motivo de algún crédito que sostuvo con la institución bancaria que refiere en su demanda o bien, manifieste si tiene algún tipo de crédito o préstamo con la dependencia militar para la cual laboraba y en caso afirmativo, manifieste si la señala como responsable. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del lapso señalado, con las copias del escrito aclaratorio, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se proveerá, atendiendo a los puntos relativos, lo siguiente: Punto a: se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial adscrito practique todas las notificaciones personales que deriven del presente juicio de amparo, así como también para que lleve a cabo todas las gestiones necesarias para realizar las mismas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la tramitación de asuntos promovidos físicamente y desahogo de actuaciones presenciales, a fin de mejorar la comunicación con las partes, se les exhorta a efecto de que, si lo estiman pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En el entendido de que la notificación del presente proveído y de los subsecuentes, se realizarán de manera electrónica, hasta en tanto se atienda la sugerencia. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo tercero de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO: PROMOVENTE. ACUERDO 05-AGOSTO-2021 Vista la demanda de cuenta promovida por ***, contra actos del "Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada" S.N.C. (BANJERCITO). Ahora, con fundamento en el artículo 114, fracción IV, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, acompañando copias del escrito aclaratorio; cumpla con lo siguiente: PREVENCIÓN Bajo protesta de decir verdad manifieste: 1.- Si ya se realizó la retención del numerario que refiere; y, 2.- Si tiene conocimiento de dónde deriva la retención de dicho numerario, esto es, si tiene algún adeudo con motivo de algún crédito que sostuvo con la institución bancaria que refiere en su demanda o bien, manifieste si tiene algún tipo de crédito o préstamo con la dependencia militar para la cual laboraba y en caso afirmativo, manifieste si la señala como responsable. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del lapso señalado, con las copias del escrito aclaratorio, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se proveerá, atendiendo a los puntos relativos, lo siguiente: Punto a: se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial adscrito practique todas las notificaciones personales que deriven del presente juicio de amparo, así como también para que lleve a cabo todas las gestiones necesarias para realizar las mismas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la tramitación de asuntos promovidos físicamente y desahogo de actuaciones presenciales, a fin de mejorar la comunicación con las partes, se les exhorta a efecto de que, si lo estiman pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En el entendido de que la notificación del presente proveído y de los subsecuentes, se realizarán de manera electrónica, hasta en tanto se atienda la sugerencia. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo tercero de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.
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