Leonardo Arturo Serrano Fimbres
Expediente 1400/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1400/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Leonardo Arturo Serrano Fimbres
- Secretaria General de Amparos y Dictamenes, Lic. Ana Silvia Vásquez León
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, seis de octubre de dos mil veintitrés. Admisión de recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto contra del auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, el cual radicó bajo expediente ********************. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Interpone recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito de cuenta del autorizado legal de la parte quejosa, y atento a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer en contra del proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, dictado en el presente juicio de derechos. Remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en turno, así como el escrito de expresión de agravios, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito y anexo de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda. 2. Desechamiento de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Leonardo Arturo Serrano García, apoderado legal para pleitos y cobranzas de Leonardo Arturo Serrano Fimbres, contra el acto que reclama a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y otras autoridades, se advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente y, por tanto, procede desecharla. Ello es así, en virtud de que se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. De la porción normativa de referencia se desprende que el presente juicio es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos señalados en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia. Por una parte, el numeral 17 de la ley referida prevé que el plazo para presentar la demanda de derechos es de quince días, salvo que se surta alguna de las hipótesis establecidas en sus fracciones I, II, III y IV. Por otro lado, el artículo 18 del ordenamiento legal en mención establece que los plazos se computarán, conforme a los supuestos siguientes: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) A aquél en que haya tenido conocimiento; o, c) Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende, en esencia, que los actos reclamados consisten en: La resolución de uno de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente de origen 736/2003, en la que se resolvió el recurso de revisión; y, El auto de diez de agosto de dos mil veintitrés, emitido dentro del referido juicio de origen. Ahora, de la certificación que antecede, la cual se invoca como hecho notorio, se advierte: Que se tramitó en este órgano constitucional el juicio de derechos 1564/2022, el cual fue promovido por Leonardo Arturo Serrano García, en nombre y representación de Leonardo Arturo Serrano Fimbres; Seguido los trámites correspondientes, se dictó sentencia -en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal para efectos de que la Junta responsable dejara sin efecto la resolución de veinticinco de octubre del año próximo pasado, emitida con motivo al recurso de revisión derivado del juicio laboral 736/2003; y, dictara otra en la que purgara los vicios delatados; además, para que expresara con precisión los preceptos legales aplicables-, la cual se terminó de engrosar el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés; Asimismo, por auto de veintidós de mayo del año en curso, causó ejecutoria; y, se ordenó requerir a la Junta responsable por el cumplimiento; El uno de junio de dos mil veintitrés, la Junta responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la resolución reclamada, y procedió a dictar otra en la que declaró purgando los vicios delatados en la ejecutoria de amparo, declaró procedente el recurso de revisión; Luego, por auto de diez de julio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista con la citada resolución cumplimentadora, a la parte quejosa, de la cual quedó notificado personalmente, según diligencia de diecisiete de julio del año en curso. En ese contexto, resulta evidente que desde el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, el solicitante del amparo tuvo conocimiento de uno de los actos reclamados y, por su naturaleza, el plazo para promover la acción constitucional es de quince días, de tal manera que dicho plazo transcurrió en exceso, toda vez que la demanda de amparo se presentó hasta el ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Es así, en razón de que dicho plazo transcurrió del diecinueve de julio al ocho de agosto de dos mil veintitrés, excluyendo los días veintidós, veintitrés, veintinueve y veintiocho de julio del año que trascurre, cinco y seis de agosto de dos mil veintitrés, por ser considerados inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como punto primero del Acuerdo General 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso Acuerdo General 10/2006, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso; así como el que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el ocho de septiembre del presente año, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, es inconcuso que resulta extemporánea, dado que fue propuesta fuera del plazo de quince días, referido en el artículo 17 de la ley de la materia. Apoya lo sustentado, por analogía, la jurisprudencia P./J. 115/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, página 5, que a la letra menciona: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Aunado a lo anterior, cabe precisar que en la especie no se actualiza alguna de las excepciones previstas en el numeral 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, ya que el acto reclamado no es una norma general autoaplicativa, o procedimiento de extradición, ni es una sentencia definitiva condenatoria, ni tiene como efecto privar total o parcialmente de la propiedad o posesión de derechos agrarios; así como tampoco, implica peligro de privación de la vida o de la libertad fuera del procedimiento. Por otra parte, no pasa inadvertido para quien resuelve, que el promovente también reclama el auto de diez de agosto de dos mil veintitrés, en el cual, se ordena retornar los autos al área de dictámenes a efecto de que se lleve a cabo de nueva cuenta el estudio correspondiente de los autos y se dicte de nueva cuenta la resolución al recurso de revisión conforme a derecho. Sin embargo, dicho acto reclamado, no trasciende a lo determinado en los párrafos que preceden, toda vez que se trata de un acto intraprocesal, lo que haría improcedente el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu; ello, en virtud de que dicho acto no tiene como consecuencia una afectación a derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República o en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte; además, puede ser remediado en la nueva resolución que se dicte recurso de revisión. Finalmente, debe decirse que el desechamiento de la demanda de amparo presentada por la aquí quejosa, de manera alguna implica vulnerar derechos humanos consagrados, en su caso, tratados internacionales, ya que no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos para su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la presentación de interminables juicios de amparo; por ello, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. En las relatadas condiciones, en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 5. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 6. Autorizados. En el caso de que la parte quejosa sea el patrón, se tiene por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia de que, dado el evento que la parte quejosa resulte ser el trabajador, se autorizan para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquiera de las personas que indica con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 11. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 12. Copias de constancias del expediente electrónico. Conforme a lo previsto por el numeral 36 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes para que hagan uso de dicha herramienta. 13. Devolución de documentos. Finalmente, se ordena la devolución de los documentos exhibidos a fin de acreditar la personalidad previa copia certificada y razón de entrega que se deje en autos. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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