Leonardo Álvarez Campusano

Expediente 91/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
91/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
12/04/2019

Partes del expediente

  • Leonardo Álvarez Campusano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el diecinueve de marzo dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, atento a la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    (AVISO-QUEJOSO)Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que al rendir su informe justificado la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado; asimismo, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve se dictó el acuerdo de radicación en autos del expediente DGPR/SOTN-23QR/0013/2019, asimismo, que mediante oficios I-43-SJ/0348/2019, I-43-SJ/0349/2019 y I-43-SJ/0350/2019, se requirió al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, Director de Catastro Municipal en Othón P. Blanco, Quintana Roo y Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad, los antecedentes registrales del predio materia del presente asunto. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese orden de ideas, se estima notoria, manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad responsable Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve dictó el acuerdo de radicación en autos del expediente DGPR/SOTN-23QR/0013/2019, asimismo, giró los oficios I-43-SJ/0348/2019, I-43-SJ/0349/2019 y I-43-SJ/0350/2019, por lo cuales requirió al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, Director de Catastro Municipal en Othón P. Blanco, Quintana Roo y Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad, los antecedente registrales del predio denominado "XOCOLATE". Una vez establecido lo anterior, cabe señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Ahora, conviene precisar que en la demanda de amparo, presentada el cinco de febrero de dos mil diecinueve, consta que la parte quejosa reclamó lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS PRIMERO.- Del Delegado Estatal en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se reclama: La Omisión de continuar el Procedimiento Administrativo de Enajenación del Predio denominado "ARUMA", ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con número de expediente DGPR-SOTN-23QR/0049/2019. La omisión de emitir Acuerdo de Radicación y solicitar antecedentes registrales respecto a mi solicitud de enajenación recibida el ocho de febrero de 2019, del predio denominado "ARUMA", ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con número de expediente DGPR-SOTN-23QR/0049/2019." Al respecto, del informe justificado y anexos, como ha quedado establecido, se advierte que, la autoridad responsable, el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, emitió el auto de radicación y ordenó la investigación de los antecedentes registrales del predio denominado "XOCOLATE", ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, motivo por el cual se giraron los oficios I- I-43-SJ/0348/2019, I-43-SJ/0349/2019 y I-43-SJ/0350/2019, a las autoridades Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, Director de Catastro Municipal en Othón P. Blanco, Quintana Roo y Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, mediante los cuales se les solicitó que inicien la investigación de dichos antecedentes. Por consiguiente, tal circunstancia actualiza de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la causal de sobreseimiento a que se refiere la fracción V del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Sin duda, de los preceptos y fracciones transcritas válidamente se puede establecer que el juicio de amparo deviene improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, es inconcuso que en el particular cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, se insiste la autoridad a quien se atribuye el acto, emitió el auto de radicación dentro del expediente DGPR/SOTN-23QR/0013/2019, asimismo, procedió a la investigación de los antecedentes registrales del predio materia del presente asunto, lo que se aprecia de las constancias anexas, por lo que hace imperioso el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia constitucional, dado que se ha actualizado una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Resulta aplicable la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, febrero de 1998, tomo VII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Asimismo la tesis 97, visible en la página 71, noviembre de 1997, tomo VI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". En efecto, cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, por virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las diez horas del uno de abril de dos mil diecinueve. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas del uno de abril de dos mil diecinueve, para su celebración.

  4. Principal

    Dese vista las partes con el (los) informe (s) justificado (s) rendido (s) por la (s) autoridad (es) responsable (s). Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que remite anexas a su informe.

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