Leonardo Alfonso Villegas Muñoz

Expediente 408/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
408/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
31/05/2017

Partes del expediente

  • Leonardo Alfonso Villegas Muñoz
  • Juez Octavo de lo Civil de la ciudad de Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO DE TREINTA Y UN DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Tijuana, Baja California, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesada para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el informe de cumplimiento a la ejecutoria de amparo rendido por las autoridades responsables, sin que hicieran manifestación alguna. En consecuencia, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido. El veinte de enero de dos mil diecisiete -fojas 400 a 410-, este juzgado dictó sentencia, en la que concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Leonardo Alfonso Villegas Muñoz, para los siguientes efectos: ".de que la Juez Octavo de Primera Instancia Civil, en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 124/2013-B, a partir del ilegal emplazamiento, y ordene y provea nuevamente lo conducente respecto al mismo, siguiendo los lineamientos de este fallo. Protección constitucional que se hace extensiva por lo que toca a los actos reclamados a las autoridades responsables actuario adscrito al Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil, y registrador Público de la Propiedad y de Comercio, ambas con residencia en esta ciudad, ya que les reviste el carácter de autoridades ejecutoras y no se les reclamaron actos por vicios propios." Inconforme con tal determinación, el tercero interesado Alejandro Urrutia Chapa, interpuso recurso de revisión, mismo que por cuestión de turno, le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual registró como amparo en revisión civil 58/2017, y en sesión de veinte de abril del año en curso, resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Leonardo Alfonso Villegas Muñoz, contra los actos que reclamó de la jueza Octavo Civil del Partido Judicial de Tijuana, y de otras autoridades, puntualizados en el considerando segundo del fallo recurrido, por las razones expuestas en el considerando séptimo del mismo." Posteriormente, en auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete -foja 457-, se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo protector. Por oficio recibido en este juzgado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete -foja 464-, la titular del Juzgado Octavo de lo Civil, en esta ciudad, informó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo y para acreditarlo remitió fotocopia certificada del auto dictado en dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en el expediente 124/2013, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente en cita, a partir del ilegal emplazamiento; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; informe al que se adhirió la actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional. Asimismo, el registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en esta ciudad, canceló la partida 5935373, sección civil, de quince de septiembre de dos mil catorce, correspondiente a la inscripción de la sentencia definitiva de prescripción positiva del juicio ordinario civil número 124/2013, del Juzgado Octavo de lo Civil, en esta ciudad, generando dicha cancelación la partida 6059892, sección civil, de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. En esa tesitura, y toda vez que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la sentencia, pues el dieciséis de mayo del año en curso, se dejó insubsistente todo lo actuado a partir del ilegal emplazamiento, en el expediente 124/2013, del Juzgado Octavo de lo Civil, en esta ciudad, acatando en sus términos el fallo protector, por lo tanto, lo procedente es declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplida. En el particular, toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar, ni documentos originales que devolver, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo definitivo del presente asunto, en terminos del artículo 196 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, de conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. En cumplimiento al capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, que establece que el cuaderno relativo este juicio es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo, por haberse concedido el amparo y la protección de la Justicia Federal; estableciéndose como fecha probable para tal efecto el cinco de junio de dos mil veintidós. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo, del artículo Vigésimo Primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto, el cinco de junio de dos mil veintidós, debiéndose conservar únicamente el acuerdo de once de abril de dos mil dieciséis y resolución definitiva de dieciocho de abril del año en cita, por los cuales se concedió la suspensión solicitada. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, y en cumplimiento también del referido Acuerdo General, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo complementario citado en el párrafo que antecede; lo anterior, desde el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, por lo tanto, toda vez que ha transcurrido el plazo de seis meses que establece el punto aludido, se precisa que ya es destruible. Por último, se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial de Toluca, en el Estado de México, el cinco de junio de dos mil veinte. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO DE DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Tijuana, Baja California, diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los oficios signados por las autoridades responsables, y anexos consistentes en copia certificada del auto dictado el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en el expediente 124/2013, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil, en esta ciudad, así como de la cancelación de la partida 5935373, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Tijuana, bajo partida 6059892. Lo anterior, para acreditar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con el contenido de los referidos oficios y anexos, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado, por el plazo de tres días, legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesado...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

  3. Principal

    Agréguese a los autos, el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California, al que adjuntó los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y copia certificada de la ejecutoria correspondiente a la sesión de veinte de abril de dos mil diecisiete, dictada por el tribunal en mención, dentro del amparo en revisión civil 58/2017, interpuesto por el tercero interesado Alejandro Urrutia Chapa, en contra de la sentencia de veinte de enero del año en curso; en la que se resolvió de la siguiente manera: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Leonardo Alfonso Villegas Muñoz, contra los actos que reclamó de la jueza Octavo Civil del Partido Judicial de Tijuana, y de otras autoridades, puntualizados en el considerando segundo del fallo recurrido, por las razones expuestas en el considerando séptimo del mismo." Por consiguiente, glósese a los autos originales las promociones y actuaciones subsecuentes a la formación del cuaderno de antecedentes, toda vez que las copias certificadas con que se formó dicho expediente son susceptibles de destrucción, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un expediente auxiliar, conforme al punto segundo, fracción XX del citado acuerdo; acúsese recibo al órgano colegiado remitente, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe traer a colación, que en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso, en los siguientes términos: ".para el efecto de que la Juez Octavo de Primera Instancia Civil, en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 124/2013 B, a partir del ilegal emplazamiento, y ordene y provea nuevamente lo conducente respecto al mismo, siguiendo los lineamiento de este fallo. Protección constitucional que se hace extensiva por lo que toca a los actos reclamados a las autoridades responsables actuario adscrito al Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil, y registrador Público de la Propiedad y de Comercio, ambas con residencia en esta ciudad, ya que les reviste el carácter de autoridades ejecutoras y no se les reclamaron actos por vicios propios." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, den cumplimiento al fallo protector; apercibidas que de no hacerlo en el plazo fijado, o de no manifestar el impedimento que tuviesen para ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación de sus puestos y sus consignaciones. En caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se les impondrá una multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades responsables, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio suscrito por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto en autos por la parte tercero interesada; el cual se registró con el número que indica la superioridad.

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