Leonardo Alberto Añez Bardecia

Expediente 579/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
579/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • Leonardo Alberto Añez Bardecia

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta, mediante el cual el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), en suplencia por vacaciones del Juez de Ejecución de esa adscripción, en cumplimiento al auto dictado el diecisiete de agosto de la presente anualidad, remite la constancia que acredita la notificación al quejoso ** del proveído dictado el veintiocho de julio del año en curso, en la controversia jurisdiccional 123/2021 de su índice. Atento a lo anterior, visto el oficio de cuenta y las diversas constancias recibidas en auto de treinta de julio del año en curso, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...].". De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal y se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VI, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena Época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Se estima lo anterior, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que Leonardo *, reclama del Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas con residencia en Almoloya de Juárez, la negativa de dar trámite a los recursos de controversia que han sido presentados, así como notificar la admisión y trámite de los mismos. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se advierte que los efectos de dicho acto reclamado cesaron en sus efectos, en virtud de que la autoridad responsable informó que sólo existen dos controversias de la parte quejosa, a saber: Controversia 101/2021, fue planteada por el aquí quejoso, en contra de su petición 483 en abril del año en curso, relativa a la falta de atención médica en la especialidad de psiquiatría y proporcionarle medicamentos para poder conciliar el sueño, misma que se desechó por las consideraciones vertidas en auto de once de mayo de la presente anualidad y fue notificada el siete de julio siguiente. Controversia jurisdiccional 123/2021 se advierte que el quejoso la promovió contra el Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", ello ante la omisión de dar respuesta a su petición 483 (vinculada con la omisión de atención médica en psiquiatría), por lo que previa prevención y desahogo de la misma, en auto de quince de julio del año en curso, se solicitó su respectivo informe a la autoridad carcelaria, del que se advirtió la inexistencia de la omisión reclamada, atento a ello, mediante proveído de veintiocho de julio del dos mil veintiuno, la desechó de plano y fue notificada el treinta de julio siguiente. En ese orden de ideas, como la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, la negativa de dar trámite a los recursos de controversia que ha presentado, así como notificar la admisión y trámite de los mismos y de las constancias se advierte que el trámite de las controversias 101/2021 y 123/2021 le fue notificado el siete y treinta de julio, ambos del año en curso, con ello se advierte que cesaron los efectos del acto combatido. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, Junio de 1999, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De modo tal, que la situación jurídica de la parte quejosa volvió al estado que guardaba, sin dejar huella en su esfera jurídica, como si nunca hubiera existido y, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional y ésta se hubiera ejecutado; en consecuencia, procede sobreseer el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, Tomo VI, en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia en estudio, y con el fin de velar por el derecho del quejoso a una impartición de justicia pronta y expedita como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se emite la presente determinación, dado que aún y cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional, el sentido de la presente determinación sería el mismo. En consecuencia, dado el sentido del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las dieciséis horas con treinta minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno.

  2. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que mediante auto de treinta de julio del dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en Funciones de Juez de Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), mediante el cual rindió su informe justificado, al cual adjuntó copias firmadas electrónicamente de las controversias 101/2021 y 123/2021 de su índice, de las cuales se advierte lo siguiente: Controversia 101/2021, fue planteada por el aquí quejoso, en contra de su petición 483 en abril del año en curso, relativa a la falta de atención médica en la especialidad de psiquiatría y proporcionarle medicamentos para poder conciliar el sueño, misma que se desechó por las consideraciones vertidas en auto de once de mayo de la presente anualidad y fue notificada el siete de julio siguiente. Controversia jurisdiccional 123/2021 se advierte que el quejoso la promovió contra el Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", ello ante la omisión de dar respuesta a su petición 483 (vinculada con la omisión de atención médica en psiquiatría), por lo que previa prevención y desahogo de la misma, en auto de quince de julio del año en curso, se solicitó su respectivo informe a la autoridad carcelaria, del que se advirtió la inexistencia de la omisión reclamada, atento a ello, mediante proveído de veintiocho de julio del dos mil veintiuno, la desechó de plano, sin que remitirá las constancias de notificación, toda vez que la autoridad responsable informó que dicha notificación no le era atribuida, pues no era el encargado de notificar las resoluciones. Atento a lo anterior, se solicita de manera atenta al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en Funciones de Juez de Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), se sirva girar instrucciones a quien corresponda, a fin de que en el término de tres días contado a partir de su notificación, se informe si el auto de veintiocho de julio del año en curso, dictado en la controversia 123/2021 de su índice, ya fue notificada al aquí quejoso Leonardo Alberto Añez Berdecia , y en caso de ser así, se remita copia certificada de dicha constancia; ello a fin de proveer lo conducente en el presente sumario.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexos) de cuenta, a través del cual, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en Funciones de Juez de Ejecución, Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, rinde su informe justificado y remite diversas constancias como complemento del mismo. En ese sentido, con su contenido dese vista a las partes para que en el plazo de ocho días manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Respecto a la causa de sobreseimiento que hace valer, se proveerá lo conducente al emitir la sentencia que en derecho corresponda. Por otra parte, en virtud de que la autoridad referida hace del conocimiento que respecto a la notificación que reclama no es atribuible a dicha autoridad responsable, en virtud de que el Juez oficiante no es el encargado de notificar las resoluciones que se emiten por escrito, y no se advierte que ese acto se haya atribuido a alguna de las notificadoras adscritas a aquel Centro de Justicia. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de la fecha; sin embargo, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para esta fecha y en su lugar se fijan las dieciséis horas con treinta minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma.

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