Leonardo Aguirre Gómez

Expediente 675/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
675/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Leonardo Aguirre Gómez
  • Leonardo Aguirre Gómez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 4982/2022, signado procedente del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en la sesión ordinaria de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro de la queja penal 124/2022, de su índice, cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En consecuencia, acúsese recibo de estilo a la superioridad; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y agréguese a los autos la ejecutoria de mérito para los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo anterior, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, siete de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio 4169/2022, signado por el Secretario de Acuerdos de Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por ********************, en contra del proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, emitido dentro del presente juicio de amparo, medio de impugnación que quedó registrado como recurso de queja 124/2022, en su índice estadístico; de lo anterior, tómese nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. ...

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, primero de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 221/2022-1, procedente del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 131/2022-IV-A, número de orden 176/2022-IV-A, del índice de este juzgado, mismo que quedó registrado en su estadística bajo el diverso 221/2022, orden 224/2022; en consecuencia, háganse las anotaciones necesarias en el Libro Cuatro de Juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, sin que sea el caso acusar el recibo de estilo correspondiente toda vez que así lo refirió. Ahora bien, toda vez que de la constancia de notificación se advierte que el quejoso interpuso recurso de queja, en contra del auto de diecisiete de mayo del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por el ocursante en contra del proveído en alusión, a través del cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, remítase como copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del medio de defensa aludido. .. Notifíquese. ...

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1669/2022, procedente del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, por medio del cual remite la incompetencia del amparo 495/2022, promovido por Leonardo Aguirre Gómez, al considerar dicho juzgado carecer de competencia para seguir conociendo del mismo por razón de territorio, al estimar que el acto reclamado fue atribuido a autoridades con residencia en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y por ende que radican dentro del espacio territorial donde este órgano jurisdiccional ejerce competencia. Dado lo expuesto con antelación, de conformidad con el numeral 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia declinada, en mérito de lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, en el caso concreto lo manifestado por el propio promovente de amparo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden, tenemos que de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso señala como actos reclamados los siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO: 1.- El destierro de mi Estado por parte del Director General del Centro Estatal de Reinserción Social de Reynosa Tamaulipas y de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la capital del Estado. 2.- La inadecuada comunicación que tuve con mi Juzgado y con mi defensor a causa de la distancia ocasionada por mantenerme lejos del lugar donde se encuentra mi proceso. 3.- La omisión por parte del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial con residencia en la ciudad de Reynosa Tamaulipas en referencia al principio de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ya que fue él quien se encargó con su falta de imparcialidad, de obstaculizar mi reingreso al lugar donde se resolvió mi causa penal, tratándome como responsable del delito que se me imputa desde antes de ser sentenciado. Violentándome así el mencionado principio, ya que desde el año dos mil once he intentado mediante la promoción de INCIDENTES NO ESPECIFICADOS regresar a mi estado. 4.- El inadecuado razonamiento por parte del juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial con residencia en la ciudad de Reynosa Tamaulipas al dejarme la responsabilidad de conseguir la información del Centro Penitenciario de Reynosa Tamaulipas al cual solicito mi traslado, ya que esa información no me compete solicitarla, sino que esa es obligación no me compete solicitarla, sino que esa es obligación de solicitar y dar seguimiento a ese asunto al Juzgador; esto en los autos que integran el cuadernillo incidental número 05/2019 derivado de la causa penal 24/2018. 5.- El inadecuado proceso y sentencia, ya que al obstaculizarme teniéndome alejado del Estado de Tamaulipas, no puede tener acceso a una seguridad jurídica, ya que no tuve una defensa adecuada, y no tuve la garantía de un debido proceso." Ahora bien, para el suscrito juzgador es importante precisar, que en el capítulo de agravios, la parte quejosa hace ver que el acto reclamado en sí, lo es, la negativa de su traslado del lugar donde se encuentra recluido (Centro Federal de Readaptación Social Número Once "C.P.S. Sonora", con residencia en Hermosillo) al Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, al de Ciudad Victoria, Tamaulipas, o al de Apodaca, Nuevo León, señalando que el nueve de junio de dos mil diecinueve, promovió un incidente de traslado, donde el Juzgado donde se le instruye el proceso penal le negó su traslado, considerando que no recibió el informe de parte del Director del Penal Estatal de Reynosa, Tamaulipas, el cual fue resuelto el uno de julio de dos mil veintiuno, dentro del incidente 5/2019, derivado de la causa penal 24/2018. En ese sentido, se actualiza en forma manifiesta e indudable, acorde con el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV de la propia legislación, relativa al consentimiento tácito del acto, dado que la presentación de la demanda de amparo fue extemporánea. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los preceptos legales antes transcritos prevén que el término para promover la demanda de amparo es de quince días, de manera genérica, salvo las excepciones mencionadas, el que se contará, entre otros casos, desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, o bien la parte quejosa haya tenido conocimiento, se haya ostentado sabedora del acto que reclama o de su ejecución, o bien impuesto de su contenido. Precisado lo anterior, en el caso, como se dijo, de la demanda de amparo que se provee, se desprende que el quejoso reclama específicamente la negativa de su traslado del lugar donde se encuentra recluido (Centro Federal de Readaptación Social Número Once "C.P.S. Sonora", con residencia en Hermosillo) al Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, al de Ciudad Victoria, Tamaulipas, o al de Apodaca, Nuevo León, lo cual manifestó se resolvió dentro del incidente 05/2019, el uno de julio de dos mil veintiuno. Por lo tanto, es claro que el quejoso reconoce bajo protesta de decir verdad que el uno de julio de dos mil veintiuno, se resolvió el incidente de traslado, el cual le fue negado, y que ahora constituye el acto reclamado, y por ende se establece que tuvo conocimiento del acto reclamado, y estuvo en aptitud de combatirlo en la vía que ahora promueve. En ese orden, se confirma indudablemente que la parte ahora quejosa, consintió tácitamente los actos reclamados, al no promover el juicio de amparo en su contra dentro del término de quince días que marca el dispositivo 17 de la legislación de la materia (21 de la Ley anterior); pues fue de su pleno conocimiento y estuvo en aptitud de hacer valer su derecho, desde el mes de julio de dos mil veintiuno, en que se resolvió el incidente de traslado 5/2019 que reclama; y desde esta data, al diecinueve de abril de la presente anualidad, en que depositó su escrito de demanda de amparo, según consta en el sello que obre en el escrito de demanda, que dio origen al presente juicio, transcurrieron en exceso los quince días; que tenía de plazo para ello, por lo que se determina que la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea. Así es, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto. Es orientadora la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de Nuestro Alto Tribunal con número de registro digital: 2023063, y con los siguientes datos de localización: Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Penal, Tesis: 1a. XXI/2021 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tipo: Aislada, del tenor literal siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por su notoria improcedencia se desecha la demanda de amparo promovida por Leonardo Aguirre Gómez, contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Reynosa, Tamaulipas y otra autoridad, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, como se advierte del escrito de demanda que el quejoso Leonardo Aguirre Gómez, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS SONORA", con residencia en Hermosillo, Sonora; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, así como en los artículos 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y 158, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto electrónico vía SISE al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano constitucional, comisione a quien corresponda, a efecto de que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS SONORA", con residencia en Hermosillo, Sonora, y notifique el presente proveído al quejoso Leonardo Aguirre Gómez. Además, se faculta al Juez exhortado para que, de ser necesario, habilite días y horas inhábiles para que el fedatario que comisione, pueda efectuar el emplazamiento solicitado.

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