Leonardo Aceves Villegas
Expediente 662/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Leonardo Aceves Villegas
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; a veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación de ocho de junio de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Leonardo Aceves Villegas, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEFINITIVO En consecuencia, con fundamento en el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con el diverso 196, párrafos tercero y cuarto, de la misma legislación, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a ocho de junio de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda signado por Leonardo Aceves Villegas, contra actos que reclaman del Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 662/2017-2, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en el auto de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 1099/2016 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. Auto en el cual, la responsable no acordó de conformidad la petición de la parte actora -aquí quejoso-, respecto a modificar y/o precisar el domicilio en el cual debe ser emplazada de nuevo a la parte demandada, ello en atención a que dicha regularización tendría como efecto dejar sin efectos la audiencia conciliación, demanda y excepciones. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 63; en relación con la fracción V del artículo 107 ambos, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede:... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del artículo 107, fracción V, trascrito con antelación, se advierte claramente que la nueva Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable haya determinado no acordar de conformidad lo solicitado por el aquí quejosa en su escrito de dieciocho de mayo del presente año, en cuanto al hecho de regularizar el procedimiento a efecto de ordenar de nuevo el emplazamiento de la parte demandada al juicio laboral 1099/2016; no es un acto de ejecución de imposible reparación, sino un acto que produce efectos intraprocesales, los cuales son reparables, si se obtiene laudo favorable; máxime que de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad contenidos en la demanda, se desprende que ya fueron emplazados a juicio Javier Reyes Domínguez, quien resulte ser propietario de la fuente de trabajo y quien resulte ser responsable de la fuente de trabajo, además de que la persona física demandada ya dio contestación a la demanda, aclarando la denominación correcta de la fuente de trabajo y el domicilio de ésta; luego entonces, el acuerdo combatido por la presente vía, no constituye propiamente un acto de ejecución de imposible reparación. Máxime que no se advierte que con motivo del acto reclamado se haya dejado sin efecto algún acto que con motivo de ello, cause un daño de ejecución irreparable al ahora quejoso, como pudiese ser alguna medida cautelar, providencia precautoria o concretamente un embargo decretado a favor del ahora quejoso; pues únicamente se advierten actuaciones de contenido procesal o adjetivo. De modo tal que si no se advierte alguna que esté directamente vinculada con un acto que constituya una trasgresión a derechos de contenido material o sustancial, dentro de la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de los Tratados Internacionales celebrados por el Estado mexicano; sino que propiamente aspectos meramente procesales o adjetivos, entonces no procede el juicio de amparo en la vía bi-instancial. Al caso, resulta aplicable la Jurisprudencia IV.2o.C.J/2 (10ª), libro 6, Mayo de dos mil catorce, Tomo III, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página mil quinientos treinta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto disponen: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". De ahí que el acto reclamado no constituye uno de ejecución de imposible reparación. Por todo lo expuesto, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 63; en relación con la fracción V del artículo 107 ambos, de la Ley de Amparo. Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente de demanda promovida por Leonardo Aceves Villegas. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que se señala en su escrito inicial de demanda. Asimismo, téngase como autorizados del quejoso a la licenciada Ana María Lilia Ocampo Valle en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a los licenciados Alejandro Gutiérrez Islas y Rafael Tomás Pastrana Mulia, por no tener registrada su cédula en dicho módulo, sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistido del licenciado Néstor Edgar Magos Mera, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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